Los inversionistas extranjeros necesitan una garantía “constitucional” para proteger sus acuerdos con el gobierno, éste ha intentado cambiar la constitución o saltársela, pero de cara al país chavista no ha podido, por eso se inventó las llamadas “leyes constituyentes”, y una ley de guerra, la ley antibloqueo, la cual no pretende, como sería de esperar en un estado de guerra, controlar los procesos económicos (producción, comercialización, etc) sino todo lo contrario, entregar los recursos del Estado y su soberanía a cambio de que los dejen en sus puestos, supervisando y retozando en el poder.
Las razones son dos: la primera es que el gobierno ha demostrado ser muy voluble, emocional, caprichoso, y dos, que en caso de haber una verdadera revolución no perderlo todo ante tribunales internacionales, por eso se le exige al gobierno volver a Ciadi (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias), derogar leyes fundamentales (petróleo, trabajo) y cambiar, si fuera posible, la constitución. Todo esto está detrás de las contradicciones de Maduro, como es el caso de la promesa demagógica del Estado Comunal.
Mientras se legisla sobre el Estado comunal y se “vende” la idea, hacia afuera, de que en Venezuela existe una organización política descentralizada, o sea, de que hay un nuevo Estado (“el Estado Comunal”), hacia adentro el gobierno es cada vez más caprichoso y autoritario, el Estado es cada vez más policial, más punitivo, más burgués.
En papel está escrito todo lo que deberíamos ser, pero no somos, como país, desde la constitución bolivariana hasta la “Ley orgánica de las comunas”. Salvo los casos donde se viola la constitución y otros códigos éticos, como el plan de la patria de Chávez, con leyes “constituyentes”, la “Ley antibloqueo” que desaplicaleyes incómodas, luego la oferta hecha a la empresa privada de derogar la ley de hidrocarburos de Chávez, etc… Es decir, salvo la forma legal que ha cobrado, en estos años del madurismo, la traición al socialismo y a Chávez, y lo que queda de revolución es la letra muerta de la constitución, y en leyes como la de las comunas, de resto, en términos prácticos, nuestro país obedece sólo al capricho del gobierno central, al capital financiero y a los comerciantes, en fin, a los “mercaderes del templo socialista”…
El Estado Comunal no existe sino en el papel, y así quedará para la posteridad. ¡Esta es una revolución de papel! Sin embargo, el gobierno ha hecho todo lo posible para que ni siquiera en ese papel (“constitucional”) se reconozca la revolución. Tuvo que ofrecer garantías legales a las inversiones privadas.
¿Cómo se explica una norma como “la ley de inversiones extranjeras para el desarrollo”, frente a las “comunas” que deben (por ley) promover la propiedad social? ¿Cuáles son los ámbitos donde opera cada norma? ¿En una disputa territorial, quién manda sobre quién, cuál normativa es más poderosa? … Para el gobierno es fácil… Siempre habrá un abogado que resuelva. Al final todo se solucionará con decretos ejecutivos apresurados, con otra constituyente chimba; la emergencia manda, pero para favorecer siempre al más fuerte, al que paga, por aquello de “ser pragmáticos” y no perderse en discusiones políticas innecesarias, ¡que resuelvan los que conocen del negocio y tienen plata!
Por supuesto, cuando no hay voluntad política cierta, flotan las contradicciones como la espuma; hay engaño; hay demagogia; hay mentiras. No se pueden conciliar leyes (y trampas) liberales, aun con la constitución bolivariana, mucho menos con el Plan de la Patria el cual fue pensado como un programa político convertido en una trampa liberal, de ahí esa categoría ambigua de “leyes constituyentes”: en el medio de lo legal; entre la constitución y su violación; entre lo legal y una forma política y pícara de delito…, “lesa revolución”.
Revolución es voluntad de cambio, claridad, definición, estas contradicciones sólo evidencian la mentira, la demagogia cuando se promete poder al colectivo y al mismo tiempo poder a la empresa privada.
¡Chavez y el Plan de la Patria definen!