Entre las leyes o reformas de leyes que impulsa la bancada mayoritaria del PSUV en la Asamblea Nacional, resaltan, por sus implicaciones para el país, la propuesta de Ley de Zonas Económicas Especiales y la reforma de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, aprobada en el marco de las históricas 43 Leyes Habilitantes del Presidente Chávez y promulgada el 1ero de enero de 2000, lo que sin duda fue el desencadenante del Golpe de Estado del 11 de abril de 2002.
Ley de Zonas Económicas Especiales
Con respecto a la Ley de Zonas Económicas Especiales (ZEE), la misma convierte al país en una gigantesca maquila, como muy bien lo han denunciado distintas voces desde la izquierda y sus diversas posturas, unas más académicas y blandas; otras, más revolucionarias, al rompe, desde Brito García y Pascualina Curcio, hasta Toby Valderrama y Marcos Luna –es notable el silencio de la derecha y de la oposición– no me referiré a ello en esta oportunidad, ya lo he hecho en otros artículos–, y me centraré en desmentir a la canallada del madurismo de pretender adjudicar el origen de este instrumento al presidente Chávez.
Mienten, una vez más, en toda su gigantesca trama de manipulación. El Presidente Chávez JAMÁS propuso nada como la Ley ZEE, ni remotamente parecido. El Comandante impulsó la idea de los Distritos Motores de Desarrollo (DMD), como una iniciativa para ir creando espacios para el socialismo. En la misma, se planteaba crear territorios donde fuesen hegemónicas la propiedad social, las empresas del Estado y organizaciones comunales, para así impulsar las actividades productivas con base en un modelo centrado en el trabajo, en nuevas relaciones de producción, humanas, con plena vigencia de la Constitución y todas las leyes de la República, donde se crearía el germen de un nuevo modelo post petrolero: el socialismo.
El mismo, estaría basado justamente en la expansión de nuestras actividades petroleras en el desarrollo de la Faja Petrolífera del Orinoco, proyecto bandera de Chávez que, repito una vez más para los “expertos” y opinadores de oficio, no era un proyecto de PDVSA, no era un proyecto solo petrolero, era el Gran Proyecto Socialista Orinoco, la única posibilidad de Desarrollar ese extenso territorio de más de 50 mil kilómetros cuadrados, ubicado al norte del Río Orinoco, asiento de las reservas de petróleo más grandes del Planeta –certificadas por el MInisterio de Petróleo y la Ryder Scott entre el 2007-2010– de 316 mil millones de barriles de petróleo. Un desarrollo que sería la bisagra entre el norte y sur del país, entre el oriente y el occidente; el centro de gravedad de la Patria, un poderoso territorio de desarrollo capaz de irradiar el nuevo modelo, sus novísimas relaciones, su conciencia al resto del país, fracturado y deformado, luego de un siglo del modelo capitalista dependiente del rentismo petrolero.
Los Distritos Motores de Desarrollo, tendrían un rol estelar de ocupación de ese vasto territorio para, desde allí, como un enclave socilistas, irradiar conciencia y extender el nuevo modelo a la nueva gran provincia petrolera del mundo, a lo largo del Eje Orinoco-Apure.
No tiene Chávez nada que ver con este adefesio del madurismo de las ZEE, por medio del cual entregan el territorio, nuestros recursos y nuestra mano de obra, como trabajo esclavo, para ser explotado en un territorio sin ley, sin la presencia del Estado, sin derechos laborales, entregando nuestra economía al más brutal esquema de explotación y despojo del capitalismo dependiente y ramplón que el gobierno impone al país.
Entonces que no mientan más, en el gobierno todo transcurre entre la mentira y el engaño. Hay que salvar la responsabilidad histórica de Chávez y del Chavismo, de este desastre, NO tenemos nada que ver con ésto. Así como no tiene Chávez nada que ver con la entrega y destrucción a través del Arco Minero –otro desastre del madurismo que quieren adjudicar a Chávez–, ni con el colapso de la industria petrolera ocurrida precisamente entre 2014-2021, ni con la entrega del Esequibo. Estos estruendosos fracasos y políticas entreguistas son responsabilidad única y exclusiva de nicolás maduro y su gobierno.
EL PROBLEMA DE LA SITUACIÓN DE PDVSA NO ES LA LEY ORGÁNICA DE HIDROCARBUROS.
El madurismo, la bancada del PSUV mayoritaria en la Asamblea Nacional, avanza con “su propuesta” –secreta– de reforma-derogación de la Ley Orgánica de Hidrocarburos. Lo coloco entre comillas, porque esta iniciativa, no es de autoría del PSUV, ni es secreta para el interés petrolero transnacional. Esta “reforma-derogación” de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, es la misma propuesta presentada por la Comisión de Energía de la anterior Asamblea Nacional, la cual, se ha discutido entre las empresas transnacionales –que exigen una derogación completa de la misma–.
La “reforma-derogación” sólo es secreta para el pueblo, incluyendo el madurismo en el PSUV que, de manera irracional y absurda, insisten en que en el otrora partido de Chávez y de la revolución se “hace lo que maduro diga”, como fue la consigna que se impuso en su último y triste congreso, al estilo de La Cosiata, también llamada la “Revolución de los Morrocoyes”.
Al gobierno de maduro le quedó grande la conducción del país; y, particularmente, la de PDVSA. A partir del año 2014, empeñados en su objetivo de tomar el control de nuestra principal empresa, colocar a sus incondicionales y manejar a una organización tan importante como ésta con los mismos criterios de irresponsabilidad, improvisación e intereses grupales que han caracterizado a este gobierno, destrozando todos los aspectos e instituciones de la República, se inició la debacle de nuestra industria petrolera nacional, evidenciada –de manera irrefutable–, en la caída de su producción petrolera desde los 3,015 millones de barriles día de 2013, hasta los 445 mil barriles día del este mes de abril –, el mismo nivel de producción de 1932–, el colapso de su sistema refinador, de la producción de gas y el abandono y entrega de sus instalaciones y equipos.
La persecución despiadada en mi contra y los gerentes, directivos y trabajadores de PDVSA, ha dejado un terrible saldo de más de 125 trabajadores presos, secuestrados por el gobierno, sin ningún tipo de derechos, la muerte del exministro Nelson Martínez en prisión, la detención de dirigentes sindicales como Eudis Girot, el robo de los beneficios laborales, Fondos de Pensiones y seguro médico y la salida de más de 30 mil trabajadores y personal especializado de la empresa, éste ha sido el costo humano de la razzia del madurismo y la militarización de la empresa a partir del 2017 y que he denunciado de manera consecuente y sistemática. Hoy en día, PDVSA es una empresa en ruinas, rematada por el madurismo al mejor postor, “en secreto”.
Debo decir, una y otra vez, hasta el cansancio, que la PDVSA del pueblo, esa que sostuvo al país y todos sus avances económicos y sociales, entre 2004-2012, durante el gobierno del presidente Chávez, la entregamos en agosto de 2014, con una producción de 3,015 millones de barriles día –crudo y condensados–, 1,072 millones de barriles día de combustibles producidos en nuestras refinerías en el país –612 mil barriles día para el mercado interno y 462 mil barriles día para la exportación–, y satisfacíamos todas las necesidades del mercado interno de gas, lubricantes, aditivos y combustibles en general. La nuestra era la 5ta. empresa petrolera más importante del mundo de acuerdo con el “Petroleum Intelligence Weekly” de 2013.
El extraordinario desarrollo y fortalecimiento de la nueva PDVSA, desde la derrota del sabotaje petrolero hasta el 2014, lo logramos precisamente con base en lo dispuesto en la Ley Orgánica de Hidrocarburos vigente. Fue esta Ley, la que nos permitió derogar la nefasta apertura petrolera, reasumir el control de la explotación del petróleo, su administración, explotación, procesamiento y exportación a través de la figura de las Empresas Mixtas, en la misma contemplada. Figura esta que garantiza el concepto de CONTROL y RESERVA de la actividad petrolera, como lo establecen, tanto el artículo 12, como el artículo 302 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
La Ley Orgánica de Hidrocarburos nos permitió avanzar en la Nacionalización de la Faja Petrolífera del Orinoco (FPO), el 1ero. de mayo de 2007, mediante la Ley de Nacionalización de la FPO, el Decreto 5.200, a través del cual, se desmonta el aspecto más lesivo de la apertura petrolera, el cual fue la cesión de nuestra soberanía sobre la reserva de petróleo más grande del planeta. Esta Ley de Nacionalización, mantiene todos los principios y disposiciones de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, incrementando la participación del Estado, a través de PDVSA y su filial de propósitos especiales –la CVP–, en un mínimo de 60% para garantizar el control de áreas tan estratégicas para el país. Con fundamento en esta Ley, la producción de la Faja Petrolífera del Orinoco, bajo control de PDVSA desde 2007, se incrementó de 598 MBD hasta 1,270 millones de barriles día en el 2013.
El régimen fiscal petrolero, contemplado en la Ley Orgánica de Hidrocarburos vigente, Regalías e impuestos de 33%, así como, el ajuste a la Ley de Impuesto Sobre la Renta, para eliminar las exenciones y restablecer el impuesto a la actividad petrolera hasta el 50%, la inclusión del “impuesto sombra” del 50% que impedía la evasión de impuestos de las operadoras y la Ley de Contribuciones Especiales, que permitió captar los excedentes petroleros en tiempos de altos precios del petróleo, permitieron captar en nuestro período, la renta petrolera: el ingreso que pertenece al pueblo venezolano. Entre 2004-2014, ingresamos más de 800 mil millones de dólares al país por exportaciones petroleras, de los cuales, 480 mil millones de dólares fueron al Fisco Nacional por concepto de regalías, impuestos y contribuciones especiales; y, 216 mil millones de dólares, fueron al desarrollo social, misiones y grandes misiones, de los cuales, 106 mil millones fueron a los Fondos de Desarrollo del Estado, FONDEN, FONDESPA, entre otros.
Estos aportes –todos números verificables porque son públicos–, fueron los que pudieron sostener el período de crecimiento y bienestar económico y social del pueblo venezolano entre 2004-2012, con base en la política de distribución popular de la renta petrolera, a través de la cual, se financiaron todas las Misiones y Grandes Misiones de la Revolución Bolivariana, además, de TODOS los proyectos de infraestructura y productivos que hoy día el gobierno remata en secreto.
Nuestra Ley Orgánica de Hidrocarburos es una de las más avanzadas y completas entre los países productores de petróleo del mundo, entre los países de la OPEP. Nuestra Política de Plena Soberanía Petrolera, ha sido referencia del pensamiento petrolero de los países productores y factor fundamental del desarrollo económico y social de otros, como el caso más cercano de Bolivia durante el gobierno de Evo Morales.
Entonces, ¿por qué reformar nuestra Ley Orgánica de Hidrocarburos? ¿Por qué seguir desmantelando la economía, nuestra soberanía? ¿Por qué seguir seguir entregando nuestras riquezas, nuestros recursos naturales? ¿Por qué siguen despojando al pueblo de los recursos indispensables para salir de este abismo? ¿Por qué el PSUV impulsa este segundo GOLPE en contra de Chávez?
EL PROBLEMA NO ES LA LEY ORGÁNICA DE HIDROCARBUROS, EL PROBLEMA ES MADURO.
La incapacidad del gobierno de maduro de conducir PDVSA, de manejar nuestros recursos petrolíferos, de gestionar nuestra empresa, no tiene nada que ver con la LEY. Todo lo que han hecho, sobre todo, desde que nombraron al General Manuel Quevedo, en diciembre de 2017, y le otorgaron plenos poderes –todos ellos inconstitucionales y al margen de la Ley Orgánica de Hidrocarburos– a través del Decreto 3.368, ha sido al margen del ordenamiento jurídico Vigente: los “Contratos de Servicios Petroleros” –una mala copia de los Convenios Operativos de la Apertura Petrolera–; la aprobación de empresas de maletín por medio del TSJ –incumpliendo el procedimiento de constitución de Empresas Mixtas establecidas en la LEY–; la cesión de propiedad y operaciones en la Faja Petrolífera del Orinoco, a favor de la Rosneft y la CNPC –en clara contraposición a la Ley de Nacionalización de la Faja Petrolífera del 2007–; la cesión de las operaciones de comercialización a las empresas transnacionales y operadores privados –en clara contraposición al monopolio establecido por la Ley–; la exención de Impuestos, la entrega de operaciones y equipos, de los buques de transporte de crudo, los masivos descuentos en las ventas del petróleo, TODO HA SIDO EN CONTRA DE LA LEY VIGENTE.
La última Comisión Interventora de PDVSA, con el irónico nombre de Comisión Alí Rodríguez Araque–, desde que llegó, propuso un plan para liquidar PDVSA, convertirla en la “agencia” reguladora de contratos que soñó la Apertura Petrolera. En su momento denunciamos este Plan de Privatización y entrega de PDVSA, el pasado 1ero. de mayo de 2020, todo lo planteado por la infame Comisión es contrario a la Ley Orgánica de Hidrocarburos. La entrega de los activos petroleros del país, los cuales fueron acumulados durante más de 100 años de actividad petrolera –valorados en más de 250 mil millones de dólares al 2013–, no sólo es ilegal desde todo punto de vista, sino que es un crimen, el despojo más grande de la historia de Venezuela.
Porque entregar PDVSA es entregar el petróleo. ¿Cómo se puede ejercer la soberanía y la reserva que contempla la Constitución sobre el petróleo, si no tienes con qué? Si no tenemos una empresa petrolera, propia, nacional, retrocedemos al período concesionario, superado incluso por la IV República con la nacionalización de 1976.
La promulgación de la Ley Antibloqueo, por la extinta y ya olvidada ANC, abrió las puertas para el remate de la empresa. En un plan que la vicepresidenta y el presidente ausente de PDVSA, van mostrando a todo aquel que quiere participar en la piñata, se remata el activo más importante del país, por 77 mil millones de dólares. Estos descarados le pusieron precio a la Patria. Pero aún así, nadie se va a arriesgar a hacer negocios con maduro, a menos que sean sus empresarios mafiosos como Álex Saab, devenido en héroe del madurismo. ¡Que triste el PSUV haciendo propaganda por este señor! ¿Qué diría Chávez?
¿Entonces quién EXIGE la derogación de la Ley Orgánica de Hidrocarburos? ¿Cuál es el interés?
La reforma-derogación de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, es exigida por los mismos que impulsaron el GOLPE DE ESTADO del 11 de abril de 2002, en contra del Presidente Chávez, los mismos que aplaudieron cuando Carmona derogó las Leyes Habilitantes y la Ley Orgánica de Hidrocarburos. Es el interés transnacional, representado en el país por sus organizaciones políticas, Fedecámaras y los partidos de la derecha, esos son los que exigen la reforma-derogación, ésta es la CONDICIÓN IMPUESTA PARA EL PACTO CON EL MADURISMO. Lo hemos dicho antes, los cinco dueños del país, están dispuestos a hacer lo que sea para mantenerse en el poder, salvar su cabeza, –muchas de las cuales tienen efectivamente precio–.
EL LINCHAMIENTO A CHÁVEZ, LA FALTA DE LEGITIMIDAD Y LA CPI
Agradezco a Toby Valderrama –destacado político, excombatiente del Frente Guerrillero José Leonardo Chirinos, exjefe del PRV en Mérida, combativo y leal militante Chavista, escritor de la famosa columna “Un grano de maíz”, colaborador de Aporrea– por un artículo que publicó ayer, donde denuncia el linchamiento en mi contra desde el madurismo. En esta ocasión, utilizando a otro payaso, muy corrupto, paradójicamente al frente de una “Comisión” de la Asamblea Nacional creada para “investigar” las acciones de la anterior Asamblea. Este señor, que ha estado por Europa a sueldo de Álex Saab, junto a otros miembros de su corrupta ex comisión de contraloría de la AN, pidiéndole a la Banca Europea que desbloquee las millonarias cuentas del “héroe” del madurismo, fue sancionado por la Unión Europea, expulsado de su partido Primero Justicia y se ha prestado para todas las marramucias de la política con “p” minúscula del madurismo. No tiene credibilidad, no me interesa lo que diga, aunque es obvio, que anuncia otra andanada de agresiones de nicolás maduro en mi contra.
Los agentes y operadores del madurismo, sean estos de la Asamblea Nacional, del Gobierno, del Poder Judicial o de la Fiscalía, tienen un problema de fondo en sus actuaciones y su persecución política en mi contra y el resto de los ciudadanos que son víctimas de su accionar: la falta de legitimidad.
Es la primera vez que los más altos funcionarios del Estado, los que encabezan estas instituciones, no solo están sancionados, tienen órdenes de captura y precio a sus cabezas, sino que la manera como han sido electos en procesos electorales fraudulentos y la manera como han designado a sus autoridades contraviniendo las leyes y disposiciones constitucionales de la República, están severamente cuestionadas y desconocidas por una cantidad importante de países y la mayoría de las instituciones y organismos multilaterales. Por otra parte, organismos de las Naciones Unidas, electos en el seno de la Asamblea General, han actuado para investigar y preservar los Derechos Humanos fundamentales de los venezolanos ante la violacion sistemática de los mismos por parte del gobierno de maduro.
La actuaciones más importantes en este sentido han sido los informes de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, donde ha identificado la violacion de estos como una política del Estado Venezolano y el informe de la Comisión Internacional Independiente del Consejo de los DD.HH. de la ONU (“fact-finding commission”)sobre la situación en Venezuela, donde se señala a los altos funcionarios del Estado como incursos en delitos de lesa humanidad.
La Fiscal General de la CPI, Fatou Bensouda, informó que existen elementos para llevar a cabo un proceso penal ante la máxima corte penal del mundo, en contra de altos funcionarios del gobierno de maduro y otras instituciones del Estado por la violacion de DD.HH. –entre ellos la persecución política selectiva– y la Comisión de Crímenes de Lesa Humanidad. Esos son mis perseguidores.
Pero el linchamiento, la persecusión política en mi contra y el ensañamiento de maduro y su gobierno –no hay antecedentes de una situacion similar en el país–, además de violar mis Derechos Humanos y mi Derecho Fundamental a la Defensa, a la Dignidad, a la Imagen, al Honor y Reputación, significa en términos políticos el linchamiento a Chávez.
Decía el Comandante Chávez en uno de sus últimos actos de la campaña del 2012, en La Guaira, cuando salió en mi defensa ante los ataques personales del entonces candidato de la oposición, que lo que pasaba es que –cito a Chávez refiriéndose a los ataques en mi contra y en contra de PDVSA– :
“…NO se trata de Rafael Ramírez nada más, no, Rafael Ramírez es, la cabeza visible, digámoslo así, junto a Chávez, de una estrategia, de un proyecto que nos ha costado ¡hasta el alma! pero que nos ha permitido recuperar ¡la Plena Soberanía Petrolera de Venezuela!, cuando el candidato burgués dice que le devolverá su “independencia a PDVSA”, lo que está diciendo es lo que ellos harían, ¡entregarle Petróleos de Venezuela, de nuevo, a la meritocracia petrolera y a las transnacionales del imperialismo!, eso es, ese es su proyecto….”
El linchamiento es en mi contra, porque de esa manera se golpea, se destruye lo que el mismo Chávez, llamaba la cabeza visible, de la política de la Plena Soberania Petrolera, la politica de Chávez. Es eso lo que está en juego.
Claro, el madurismo, acostumbrado a usufructuar, a utilizar la imagen del Comandante Chávez –ante el silencio inexplicable de los suyos–, no sabe como reconocer que va a reformar-derogar la Ley de Hidrocarburos, la ley más importante del Presidente Chávez. La ley que derogó Carmona. No sabe cómo explicar a los que aún engañan o manipulan este golpe continuado en contra de Chavez.
Entonces, recurren al linchamiento, acusar, atacar, perseguirme a mí, a los trabajadores. Machacan una y otra vez, de todas las formas posibles, el concepto –muy utilizado por la derecha y las transnacionales–, de que el modelo de empresa nacional, y revolucionaria, ésto es, la PDVSA del pueblo, fracasó, que la Ley fracasó y hay que derogarla.
Esta inmensa mentira podría colarse si se tratara de un debate académico, o entre “expertos”, pero resulta que la Ley Orgánica de Hidrocarburos y la PDVSA del pueblo –la Roja Rojita que desequilibra a maduro–, ha estado en vigencia en el país en el período de mayor crecimiento de nuestra industria petrolera, entre 1999-2013, un crecimiento del 366% y 158% en activos y patrimonio, 287% en reservas y un crecimiento, sin precedentes, del 566% en el aporte anual a la Nación (Fisco Nacional, desarrollo social y Fondos de Desarrollo).
Es por ello que recurren al tuiter, a la mentira y al escándalo en contra de PDVSA y nuestra política petrolera, en mi contra, arremetiendo contra todos los trabajadores, ¡qué caro hemos pagado nuestra lealtad a Chávez y al pueblo!
La propuesta –privatizar PDVSA y entregar el petróleo, modificando la Ley Orgánica de Hidrocarburos–, que era impensable en 2013, hoy día es la bandera, nada más y nada menos que del PSUV. ¡INCREÍBLE! ¿Qué dirá el jefe de la bancada del PSUV?
Llamo al pueblo y a todas las fuerzas patriotas, a los trabajadoras y las fuerzas nacionalistas del país a evitar la entrega del petróleo, a defender la Plena Soberanía Petrolera, a defender la Ley de Hidrocarburos, leyes esenciales de la República a favor del Pueblo. ¡El problema no es la Ley de Hidrocarburos, el problema es maduro!