En las situaciones límites es donde el ser humano demuestra lo mejor o lo peor de sí. Quienes sacan lo peor -que son pocos – hacen mucho daño al colectivo social. Esto no escapa de aquellos que tienen la función de tomar decisiones sobre una comunidad, una región, un país. Lamentablemente, quienes hoy gobiernan en Venezuela están del lado de lo peor.
El coronavirus COVID-19 se hizo pandemia hace unas semanas y los gobernantes del mundo han tenido que tomar decisiones que afectaron, y afectan, la movilización de las personas y las relaciones sociales. Todo ello con el fin de evitar la propagación de un virus que, a la fecha, nadie sabe cuál es el protocolo para curarlo y/o erradicarlo. Un virus que, indiscutiblemente, ha cambiado el mundo.
En medio de la pandemia la provincia fronteriza de Jujuy en Argentina (donde el presidente Alberto Fernández decretó extensión de la cuarentena nacional hasta el 13 de abril) sucedió una situación alarmante. El gobernador Gerardo Morales tomó la decisión de subir a la fuerza a un autobús a 18 venezolanos para enviarlos a la terminal de “Retiro” en la ciudad de Buenos Aires. Ese miso bus recogió a otros grupos de personas de Colombia, Perú, Bolivia y Brasil, así como algunos argentinos, para iniciar un recorrido de más de 1.800 kilómetros. En total, 61 personas fueron claramente expulsadas de la provincia por decisión del gobernador, aunque su gobierno regional diga lo contrario. Un servidor público que quiere aislar a su comunidad con el pretexto de “cuidarla” y para cumplir su palabra usa medidas claramente represivas con claro enfoque fascista.
Más allá del perfil de el gobernador Morales, con actuaciones muy cuestionables en relación a los DDHH, lo importante fue cómo reaccionaron las embajadas y consulados de cada país. Inmediatamente, el embajador de Colombia en Argentina, Álvaro Pava Camelo, envió una fuerte nota de protesta al gobernador Morales por sus acciones y afirmaciones, al tiempo que ya se puso en contacto con sus compatriotas afectados por tal situación. Igual por parte del embajador de Perú, Peter Camino Cannock, quien reclamó a Morales y está prestando atención a los peruanos que venían en el bus.
En el caso de Venezuela, lo insólito sucedió. Para el 01 de abril los 18 venezolanos se encontraban en La Quiaca (Jujuy) cumpliendo la cuarentena obligatoria luego de haber cruzado la frontera. Todo ello bajo la atención de la Agencia de la Organización para las Naciones Unidas para Refugiados (ACNUR) en Argentina y la Comisión Argentina para Refugiados y Migrantes (CAREF), entra otras organizaciones. Ese día la esposa del intendente (alcalde) de la La Quiaca -Blas Gallardo- les dijo que por decisión del gobernador y el intendente se tenían que ir, de lo contrario los harían subir al bus por la fuerza y que al llegar a Buenos Aires serían deportados. Fueron humillados por las autoridades de Jujuy; a los hombres los desnudaron, además de recibir agresiones verbales, físicas y ser robados por los cuerpos de seguridad de Jujuy; mujeres y niños maltratados. ¿Alguien del gobierno venezolano hizo o dijo algo?
A la fecha, la máxima autoridad de la Embajada de Venezuela en Argentina -Primer Secretario Pedro Castillo-, al igual que el personal consular acreditado, NO se han pronunciado al respecto. Tampoco el gobierno de Venezuela. Hoy los 18 venezolanos se encuentran hospedados en el hotel “Rochester” de la ciudad de Buenos Aires, a la espera incierta de cuál será su futuro.
Argentina tiene cerca de 240 mil venezolanos radicados legalmente en su país. Es una gran irresponsabilidad que el gobierno de Nicolás Maduro no tome cartas en el asunto ni aumente la misión diplomática en este país hermano para atender a un importante número de compatriotas. Esos miles de que cruzaron las fronteras argentinas no dejan de ser venezolanos y siguen gozando de los mismos derechos que rezan en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999.