41º sesión del Consejo de Derechos Humanos
Declaración de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos Michelle Bachelet
Señor presidente,
Miembros del Consejo de Derechos Humanos,
Excelencias,
Según lo solicitado por la resolución 39/1 del Consejo, la Oficina ha presentado un informe sobre la crisis de derechos humanos en Venezuela.
En marzo, mi personal realizó una visita técnica al país. Los oficiales de derechos humanos también realizaron nueve visitas para entrevistar a refugiados y migrantes venezolanos en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México, Perú y España.
Además, pude visitar Caracas hace dos semanas —la primera misión oficial de un Alto Comisionado para los Derechos Humanos—. Me reuní con el Presidente Nicolás Maduro y varios ministros y funcionarios del gobierno. También me reuní con el Presidente de la Corte Suprema, el Fiscal General y el Defensor del Pueblo. Mantuve conversaciones con el Presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, con los miembros del Parlamento y con el Presidente de la Asamblea Nacional Constituyente.
También sostuve reuniones con representantes de la Iglesia Católica, el sector empresarial, la academia, los sindicatos, las organizaciones de derechos humanos, la comunidad diplomática, el equipo de las Naciones Unidas en el país y aproximadamente 200 víctimas.
Permítanme comenzar esta actualización con los aspectos positivos. Tengo la esperanza de que el acceso que se me otorgó, —junto con la posterior aceptación por parte de las autoridades de la presencia continua de dos oficiales de derechos humanos para llevar a cabo el monitoreo, y comenzar a brindar asistencia técnica y asesoramiento—, significa el comienzo de un compromiso positivo en las diversas situaciones de derechos humanos del país.
Sin embargo, como aclara nuestro informe, las instituciones esenciales y el estado de derecho en Venezuela se han visto profundamente erosionados. El ejercicio de la libertad de opinión, expresión, asociación y reunión, y el derecho a participar en la vida pública, conllevan un riesgo de represalias y represión. Nuestro informe señala los ataques contra reales o aparentes opositores y defensores de derechos humanos, que van desde amenazas y campañas de desprestigio hasta detenciones arbitrarias, torturas y malos tratos, violencia sexual, asesinatos y desapariciones forzadas.
La fuerza excesiva y letal se ha utilizado repetidamente contra los manifestantes. Mi Oficina también ha documentado el uso excesivo de la fuerza en el contexto de las operaciones de seguridad por parte de las Fuerzas de Acción Especial, con múltiples asesinatos, principalmente de hombres jóvenes. Muchos pueden constituir ejecuciones extrajudiciales, y deben investigarse a fondo, con la rendición de cuenta de los autores y las garantías de no repetición.
La muerte bajo custodia hace seis días de un capitán de la Marina retirado —supuestamente después de la tortura— es profundamente lamentable. Tomo nota de la apertura de una investigación y el arresto de dos oficiales militares de contrainteligencia en este contexto. Sin embargo, hay un patrón de informes de tortura en Venezuela en el contexto de la detención arbitraria. Las autoridades deben garantizar una investigación completa de acuerdo con las normas internacionales, así como la rendición de cuentas y, cuando sea relevante, la reparación para todos los casos de presuntas torturas.
Señor Presidente,
El pueblo venezolano está sufriendo una crisis económica. Desde el 2013, la contracción acumulada del PIB ha sido de 44.3%, y la inflación acumulada desde el 2013 alcanzó un dramático 2.866.670% a fines de enero de 2019 —2.8 millones por ciento—. En los últimos dos años, los ingresos públicos se han reducido con la drástica reducción de las exportaciones de petróleo. Las cifras publicadas por el Banco Central de Venezuela el 28 de mayo de 2019 muestran que los indicadores económicos clave comenzaron a disminuir mucho antes de agosto de 2017. En cualquier caso, las sanciones económicas más recientes están exacerbando aún más esta situación, dado que la mayoría de los ingresos de divisas del país se derivan de las exportaciones de petróleo, muchas de las cuales están vinculadas al mercado estadounidense. Además, los efectos de estas sanciones parecen estar afectando la capacidad del Estado para proporcionar servicios básicos de salud a la población.
El Gobierno ha aceptado gradualmente la asistencia humanitaria de las Naciones Unidas y otros agentes. Sin embargo, la escala de la crisis es tal que es difícil responder completamente a las necesidades de las personas.
La situación ha tenido un impacto negativo en las condiciones de vida de las personas y, de hecho, en su esperanza de vida, especialmente en las personas más vulnerables. En el curso de mi visita, conocí a muchas personas que están sufriendo. El salario mínimo, que se estima en alrededor de US$ 7 por mes, no puede cubrir ni el 5% de la canasta básica de alimentos para una familia de cinco personas. Se han informado muertes por malnutrición, aunque no se han publicado datos sobre este y muchos otros temas.
Venezuela es un país con muchos recursos valiosos, que incluyen formidables reservas de petróleo y oro, una población joven y vibrante, ubicación y sistemas clave que durante muchos años brindaron atención médica universal gratuita, educación y otros servicios públicos. La crisis actual y dramática tiene un impacto profundo en los derechos económicos, sociales y culturales, así como en los derechos políticos y civiles.
Muchos servicios públicos han colapsado, incluido el transporte, la electricidad y el agua. El sector sanitario se encuentra en estado crítico. La no disponibilidad de medicamentos y equipos básicos está causando muertes evitables, mientras que la falta de disponibilidad de anticonceptivos obliga a muchas mujeres a dar a luz hijos que no podrán cuidar adecuadamente. Una evaluación de las necesidades humanitarias realizada por OCHA en marzo encontró que aproximadamente siete millones de personas en Venezuela necesitan asistencia humanitaria: una cuarta parte de la población.
El hambre y las privaciones han llevado a muchos a convertirse en migrantes o refugiados. Muchos se ven obligados a irse por motivos de salud, sin recursos económicos de ningún tipo, y su protección de los derechos humanos debe considerarse una cuestión de urgencia.
También me preocupa la situación de los pueblos indígenas en Venezuela. En particular, observo la pérdida de control sobre sus tierras, territorios y recursos tradicionales; militarización; violencia; falta de acceso a alimentos y agua adecuados; y los efectos de la minería.
Según los informes, los miembros de las comunidades indígenas están siendo explotados en condiciones de esclavitud para la extracción ilegal de oro. Ha habido violencia contra algunas autoridades y líderes indígenas, y se han informado declaraciones de varios funcionarios que sugieren la intención de eliminar a los miembros de la comunidad de Pemón que se oponen al gobierno.
Tal como dije en Caracas, a todos los líderes políticos, la única forma de salir de esta crisis es unirnos, dialogando. Aliento al Gobierno a que considere a la oposición y a los defensores de los derechos humanos como socios en la causa común de los derechos humanos y la justicia, y que plante las semillas para un acuerdo político duradero que conduzca a la reconciliación.
Entre otros puntos, el gobierno ha acordado permitirnos llevar a cabo una evaluación de la Comisión Nacional para la Prevención de la Tortura, incluido el compromiso de acceso completo a todos los centros de detención. Espero que se cumpla este y otros compromisos.
También realizaremos una evaluación de los principales obstáculos para acceder a la justicia. Además, las autoridades han declarado que participarán de manera más sustancial con los organismos internacionales de derechos humanos. En particular, acordaron aceptar diez visitas de los Expertos de los Procedimientos Especiales del Consejo durante los próximos dos años.
También hemos estado abogando constantemente por la liberación de todos los que actualmente están detenidos por actos de disidencia no violenta. Antes de mi visita, tres detenidos fueron liberados. Posteriormente, 59 ciudadanos colombianos, incluida una mujer, que habían sido detenidos arbitrariamente desde 2016 también fueron puestos en libertad. Y ayer mismo, también fueron liberados 22 detenidos. Celebramos estas liberaciones y alentamos a las autoridades a liberar a otras personas detenidas por el ejercicio de sus derechos humanos.
Sobre todo, como expresé en mis reuniones con las víctimas y sus familias, todos los venezolanos tienen derechos humanos fundamentales. Merecen disfrutar de esos derechos. Espero sinceramente que la Oficina pueda ayudar a mejorar la situación de los derechos humanos en Venezuela.
La situación es compleja, pero el informe contiene recomendaciones claras y concretas para el futuro. Espero sinceramente que las autoridades tomen estas recomendaciones con el espíritu constructivo en que se hacen.
Como señalé en Caracas, el destino de más de 30 millones de venezolanos se basa en la disposición y la capacidad del liderazgo para poner los derechos humanos de las personas por encima de cualquier ambición personal, ideológica o política. Corresponde a este Consejo y a la comunidad internacional apoyarlos en este esfuerzo compartido. Todos deberíamos estar de acuerdo en que todos los venezolanos merecen una vida mejor, sin temor, y con acceso a alimentos, agua, atención médica, vivienda y otras necesidades humanas básicas adecuadas. Por mi parte, estoy dispuesta a acompañar al pueblo de Venezuela.
Gracias señor presidente.
Fuente: ACNUDH
Traducción: ACNUDH-América del Sur
