Maduro tiene una responsabilidad con la verdad la cual le debe a los habitantes de este país, debe sostener una conducta coherente con su discurso respecto a la violación de los derechos humanos y civiles, ¡independientemente del informe de la ONU!; y en los demás asuntos que ahora trata.
El gobierno de Maduro no debería ser cualquier gobierno, como lo ha sido y es el colombiano curtido en mentirle a la opinión pública, en armar falsos positivos, cargado de acusaciones de violaciones y crímenes. El de Maduro se muestra a la vista de todos como socialista y debería dar cuenta de todo lo que eso significa política y éticamente, mostrándose menos errático y contradictorio, reconociendo y rectificando las faltas… Pero no lo hace, la inclinación al engaño es más fuerte que él.
El fiscal dice en televisión que son las instituciones del estado, tribunales ordinarios, defensoría del pueblo, defensa pública, poder público, etc., los garantes de que se cumplan los derechos humanos. Ahora, ¿qué pasa cuando estas instituciones se supeditan a los intereses del gobierno y quedan anuladas sus funciones de forma autónoma? ¿Quién nos defiende de un mal gobierno, cuando en este caso viola los derechos humanos?
Mientras la fiscalía sea una oficina más de la presidencia de la república, nada que diga el fiscal, ninguna información o declaración, es confiable, es verdadera, considerando la compulsión a mentir de forma descarada del gobierno.
Los argumentos de Maduro, del canciller Arreaza, de Jorge Rodríguez etc., para defenderse de las acusaciones de violaciones son falaces. Dicen que los gobiernos que apoyan o hacen esas acusaciones violan los derechos humanos (o también violan los derechos humanos), argumentando ad hominem, atacando al contrario, descalificando al hombre y no al argumento, es decir, sobre la persona y no las razones del contrario. La defensa del gobierno debería ser mostrando caso por caso, sin obviar ninguno; explicar, por ejemplo, por qué hay trabajadores presos sin sentencias, incluso, sin ser acusados formalmente, cuando la ley presume la inocencia hasta que no se demuestre la culpabilidad (como lo hizo ver en estos días Isaías Rodríguez); se debe demostrar la culpabilidad o inocencia en libertad. Es el caso de los trabajadores petroleros presos y perseguidos del cual nunca hablan ni Maduro ni el fiscal , como si esos presos no existieran.
Una cosa son las presiones que hace EEUU y Europa para sacar a Maduro de la presidencia y otra es la violación efectiva, vívida de los derechos humanos en Venezuela. Hasta que el gobierno de Maduro no deje de mostrar tanto “descuido” con el abuso de las distintas policías, la guardia nacional y la fiscalía, no debería acusar a otros países, para distraer a la opinión pública, de esa práctica nada socialista o “democrática”, porque la gente se da cuenta, no es idiota. Allá arriba actúan como si la violación de los derechos humanos por parte de los otros salvara moralmente a Maduro y a su fiscal de sus “descuidos”, frente a las malas prácticas policiales y judiciales.
También el gobierno de Trump investiga y sanciona a sus policías cuando se pasan de la raya, pero eso no lo disculpa de los prejuicios, del racismo, de la violencia y el desprecio con los cuales ese gobierno maltrata a la población migrante, negros y latinos, e invade a otros países.
Igual Maduro públicamente juzga y acusa a sus enemigos con odio, calificándolos de traidores, predisponiendo a la población en contra de personas que no han sido juzgados por los tribunales ordinarios, como dice el fiscal. Pero es peor cuando esos poderes públicos, tribunales ordinarios, fiscalía, tsj, etc. están sometidos a la voluntad del presidente y sus intereses, se confunden con él en actos públicos, comparten sus mismas razones y prejuicios.
La torpeza de las declaraciones y de los actos públicos de los altos funcionarios del gobierno (los mismos de siempre), dejan ver que están atolondrados. Jorge Rodríguez dice el miércoles, hablando de los candidatos a diputados del PSUV que «¡Inclusive!» han tomado en cuenta las habilidades o conocimientos para que puedan enfrentar los problemas del país, evidenciando con este “acto fallido”, el poco respeto que le tienen a la “representación popular” (de ordinario un diputado puede ser cualquier “cliente”, esta vez “inclusive” están tomando en cuenta sus capacidades profesionales). Por otro lado Erika Farías acusa de pervertido a Rafael Uzcátegui, del PPT, en un tuit, en una trampa electoral, de “guerra sucia” emboscándolo en un burdel de Sabana grande, como si la caterva de diputados viejos verde del PSUV no fueran putañeros, fueran frailes y no arrastraran vicios y mal vivir. Todo ésto mientras Jorge Rodríguez declara que hay que estar mosca con la “guerra electoral”, para prevenir sabotajes y violencia… Dos concejales (por lo visto, del lado de acá) le hicieron un secuestro a la esposa del secretario de gobierno de la gobernación, y todavía hay gente que piensa que se trata de “casos aislados”, como las masacres policiales, como si la sociedad no estuviera descompuesta, ¡pero sí está descompuesta!, vivimos una ausencia de líderes positivos, ejemplos morales, líderes con discursos realistas y análogos a sus prácticas de vida y políticas, que sean capaces de hablar con la verdad.
Por nuestro propio bien hay que detener la caída de la sociedad, su disolución moral y física, su empobrecimiento espiritual, la indiferencia, y esta gran mentira. Necesitamos que emerja otro Chávez, que encarne en líderes verdaderos, que hablen con la verdad, (que sean honestos) moralmente fuertes, que crean en su revolución, en nuestra independencia de la esclavitud de los imperios y de la explotación capitalista, con sentido de justicia social.
¡Por la conformación de una Junta Patriótica restauradora de la revolución!, ¡Viva Chávez! ¡Patria socialista o muerte!