«No podemos tener traidores en las filas, de lo contrario perderíamos la patria.»
Simón Bolívar
El pasado 26 de noviembre se hacía pública la noticia según la cual la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento de Estado estadounidense (OFAC) emitía la «Licencia General 41» sobre Venezuela, en la que se autoriza expresamente a la petrolera norteamericana Chevron a «reanudar operaciones limitadas de extracción de recursos naturales en Venezuela». De esta manera, se concreta un nuevo paso en el proceso de desmontaje de todo el sistema socio-político construido durante el mandato del Comandante Hugo Chávez a lo largo de 13 años (1999-2012).
Desde hace 5 años hemos estado analizando las decisiones de impacto de Maduro sobre la Industria Petrolera Venezolana y demostrando, además del elevado grado de desprecio al conocimiento técnico en el sector, la improvisación continua en el desarrollo de esquemas de negocio que no generarían (y no generaron) ningún barril adicional, ningún dólar adicional, sino por el contrario, una producción petrolera colapsada y un déficit creciente en las arcas de la Nación.
Cada decisión tomada, por si sola, parecía carente de sentido lógico, pero a la luz del tiempo, parece que todas han sido parte de un mismo hilo astutamente desarrollado. La destitución progresiva y destrucción física y moral de todo el cuerpo directivo y gerencial de Petróleos de Venezuela, la sustitución de estos cargos por militares de grises trayectorias y la persecución de profesionales, llevaron al colapso de la producción petrolera. El colapso de la producción petrolera llevó a la creación de nuevos convenios de asociación (Acuerdos de Servicios Conjuntos, Alianzas Integrales de Servicios de Hidrocarburos, etc) entre PDVSA y empresas de dudosa procedencia, en violación a la Ley de Hidrocarburos vigente. Como consecuencia de estos modelos de negocio al margen de la legalidad se aprueba una Ley Antibloqueo para mantener en secreto los términos de cualquier negociación y en este ejercicio continuo de ensayo y error, queda todo preparado para negociar el petróleo venezolano con potencias extranjeras, a cambio de nada. Analizaremos un poco este contexto.
El 2 de agosto de 2018 se publicó en la Gaceta Oficial de Venezuela, un decreto mediante el cual Maduro exoneraba a las empresas petroleras a pagar impuestos durante todo el año fiscal 2018, lo cual se extendió a 2019. En el mismo año, 2018, la petrolera rusa Rosneft señalaba que sus operaciones en Venezuela se mantendrían hasta saldar la deuda que PDVSA tenía con el holding ruso, razón por la cual no podía ser objeto de sanciones por parte de la OFAC, así ocurrió y Rosneft ya no opera en Venezuela, transfirió todos sus contratos a una entidad estatal rusa de la que poco o ningún detalle tenemos. Llama poderosamente la atención que un mecanismo muy parecido, el publicado por la OFAC para que sea utilizado por Chevron de acuerdo al contenido de la Licencia General 41, a saber:
Producción, exportación y venta de petróleo o productos petrolíferos producidos por los «Joint Ventures» donde participe Chevron.
Sin embargo, expresamente prohíbe:
- El pago de impuesto o cualquier canon al Gobierno Venezolano.
- El pago de cualquier dividendo a PDVSA.
- La venta de petróleo o cualquier producto petrolífero a cualquier jurisdicción que no sea Estados Unidos.
Mas allá de lo hasta ahora señalado, en torno a si Chevron paga regalías e impuestos o si dicho pago lo realiza la Empresa Mixta, la discusión que queremos plantear es la similitud con lo hecho con Rosneft en su momento, el rol que Maduro y su ministro de petróleo juegan y la responsabilidad en la vulneración de la Leyes de la República Bolivariana de Venezuela.
Veamos las similitudes entre lo que se hizo con Rosneft y lo que ahora se hará con Chevron:
- Crudo a cambio de pagar deuda. En el caso de Rosneft los datos de deuda eran públicos y se encontraban alrededor de los 800 millones de dólares, pero en el caso de Chevron ese dato se desconoce, lo que puede prolongar esta situación ad infinitum.
- Exoneración del pago de impuestos. En 2018 fue por voluntad expresa de Maduro, mientras que en el caso Chevron es una imposición de la Licencia.
- Dependencia de un solo mercado. Con Rosneft el destino del crudo producido por ellos era el mercado asiático, mientras que la Licencia General obliga a que los barriles de crudo venezolano vayan exclusivamente al mercado norteamericano.
- Uso estratégico por terceros. La Licencia General permite a EEUU alimentar sus refinerías con crudo venezolano, reduciendo así el costo de sus combustibles en un escenario de precios altos, del cual Venezuela no recibirá ningún beneficio material. Por su parte, el escenario en 2018 era de unos precios aún en recuperación, que le permitía a Rusia controlar los costos de producción de combustible, toda vez que nuestro petróleo lo podían obtener a muy bajo costo.
Como se puede observar, la autorización a Chevron es una versión mejorada y previamente ensayada de todos los mecanismos con los que Maduro ha venido experimentando. Ante este escenario, es predecible la entrega de más autorizaciones en los mismos términos a diferentes empresas petroleras europeas, conocedoras de los ingentes recursos petroleros y gasíferos del país, que no permitirán que sólo Chevron se beneficie del gran festín en que Maduro ha convertido a Venezuela.
Algunas preguntas quedan para que el tiempo se haga cargo de ellas: ¿el gobierno de Maduro colaboró activamente en la definición de los términos establecidos en esta primera Licencia General de autorización? Si no fue así, ¿son las condiciones de esa licencia motivo de celebración para una Nación que sólo verá salir su riqueza para ser disfrutada por terceros? Si se trató de una negociación ¿Maduro aceptó estas condiciones? que en la práctica llevaran a que Chevron se lleve el crudo producido en las Empresas Mixtas: Petro Piar, Petro Boscan, Petro Independencia y Petro Independiente, con desembolsos insignificantes e ingresos mínimos a las cuentas de la Nación, en el mejor de los casos.
El progresivo levantamiento de sanciones al sector petrolero y a todo el país en general, es una noticia de júbilo, porque Venezuela nunca debió sufrir de ellas. Sin embargo, ¿cómo es posible que desaparezcan las sanciones con los mismos actores que las causaron? ¿Las condiciones establecidas en la Licencia General 41 de la OFAC hacia Venezuela no son acaso una demostración de hasta donde es capaz de llegar Maduro para continuar en el único lugar que le garantiza absoluta inmunidad?
Cuando Juan Vicente Gómez estableció el régimen de concesiones petroleras a principios del siglo pasado, el principal beneficiario del caudaloso flujo de capital fue su círculo familiar y personal, mientras el país se hundía en la malaria y la oscuridad.
Los ciclos de la historia parecen repetirse inexorablemente. La marca de la traición originaria, aquella que nos privó de «la más grande Nación, menos por su extensión y riquezas que por su libertad y gloria», parece acompañar al devenir de la Patria como la sombra más tenebrosa. Y, sin embargo, siempre habrá un faro iluminando el camino…
«¡Echemos el miedo a la espalda y salvemos a la Patria!»
Simón Bolívar