Marcos Sabariego lleva 26 años siendo trabajador de la industria petrolera, más específicamente en la Refineria El Palito en el estado Carabobo. Se desempeña como mecánico de mantenimiento en la planta de Conversión y tratamiento (FCC).
El trabajador venía afrontando una situación delicada con su hijo adolescente, quien presentaba un problema de salud. En vista de que PDVSA de manera sorprendente eliminó las atenciones médicas de hospitalización y cirugías, Sabariego, para la fecha del 28 enero de este mismo 2020, estaba realizando diferentes diligencias para que le atendieran a su hijo.
Ese mismo día 28 un grupo de trabajadores de la mencionada Refinería estaban realizando una reunión con el propósito de recopilar una serie de inquietudes relacionadas con sus condiciones laborales y hacerlas llegar a la Federación (FUTPV), ya que el sindicato local estaba en mora electoral y existía vacío de atención.
La actividad se realizó en el estacionamiento de la refinería, fuera del área operacional y del horario de trabajo ya que, los trabajadores para ese entonces laboraban hasta las 11 AM por no contar con comida en el comedor y las plantas estaban paralizada por falta de repuestos y materia prima.
Sabariego se presentó en la reunión e hizo uso del derecho de la palabra. Expuso en su intervención que no obtenía ninguna respuesta de las autoridades de la empresa ni de los dirigentes de su sector gremial a pesar de que él, como todos los trabajadores, cotizaban para el sindicato como para la federación. Y estaba en una situación apremiante ya que tenía a su hijo enfermo.
En ese momento irrumpe Carlos Montero, Gerente del Departamento de Seguridad Integral (DSI), junto a un pelotón de seis militares y se llevan detenido a Sabariego junto a otro trabajador. Aún se encuentran privados de libertad y cumpliendo arresto domiciliario.
Aseguran compañeros de Sabariego que les sorprende el tiempo record con que un fiscal de apellido Lobo lo presentó ante el Juez de Control tercero de Puerto Cabello, de nombre Orlando Belisario, quien le aplica la presentación de tres fiadores, prohibición de salida del país, prohibición de acercarse a su sitio de trabajo y casa por cárcel hasta que el fiscal acusador recabe las demás pruebas.
Los 45 días requeridos en estos casos se cumplieron el pasado 16 de abril y a la fecha lleva más de cien días privado de su libertad, lo que a valoración de muchos de sus compañeros, se debe al arrebato autoritario del señor Carlos Montero, apoyado por la representante Legal de Pdvsa Maira Colina y algunos organismos del Estado, conducta que cada vez más es percibida en el ámbito sindical como algo que le confiere un carácter represivo y antiobrero.
La desproporción y discriminación en la administración de justicia es tan palpable que actores involucrados en acciones que el propio gobierno califica de «golpes de Estado», «intervencionismo», «conspiración» siguen libres o tratados de manera especial, mientras un obrero puede ir preso por poner un cartel pidiendo un salario digno. La diferencia es que a los primeros les apoya la prensa burguesa y el gobierno de los EEUU y los segundos son gente común de la clase trabajadora y del pueblo. Esto viene causando mucha irritación en sectores clasistas y de la periferia del propio chavismo.