Buenas tardes damas y caballeros,
Permítanme comenzar recordando por qué estamos hoy aquí.
Unos cuatro millones y medio de hombres, mujeres, niñas y niños no han tenido otra opción que abandonar sus hogares en Venezuela, por razones que conocemos: inestabilidad política, creciente inseguridad y violaciones de los derechos humanos, todo ello agravado por el colapso económico del país.
Aun para António y yo, que estamos acostumbrados a grandes números de personas, esta es una cifra abrumadora.
Venezuela, que en el pasado fue el generoso país de acogida de numerosos refugiados y migrantes, se ha convertido en su opuesto: el epicentro del mayor y más acelerado flujo de población en la historia reciente de América Latina, y en una de las mayores crisis de desplazamiento a nivel mundial.
Eso continúa día tras día. En promedio, 5.000 venezolanos se suman cada día a las filas de aquellos que se han marchado. Por el momento, pareciera no vislumbrarse el fin de este éxodo. Un gran número de los venezolanos que abandonan el país necesitan protección internacional como refugiados, así como acceso a servicios básicos y medios de vida.
Además, las personas venezolanas que se están desplazando, en particular aquellas que cruzan las fronteras de manera irregular, enfrentan graves riesgos en su viaje en busca de seguridad y mejores condiciones de vida. Muchos están expuestos a graves riesgos de explotación y abuso y encuentran dificultades para ejercer sus derechos básicos.
Y a medida que aumenta su número, también lo hacen las dificultades que deben soportar. En los últimos meses, mientras se deterioraban las condiciones en su país, hemos observado – entre los que se iban – un aumento constante en la proporción de personas especialmente vulnerables, tanto niños como adultos.
Durante años, los países de América Latina y el Caribe han abierto sus hogares y corazones a sus hermanos y hermanas venezolanos. Más del 80 por ciento de todos los refugiados y migrantes venezolanos se han quedado en la región.
Y, a pesar de las inmensas presiones, la mayoría de los países de América Latina y el Caribe se han mostrado solidarios con el pueblo venezolano. Se han concedido más de dos millones de permisos de residencia y más de 650.000 personas venezolanas han presentado solicitudes de asilo en países latinoamericanos. Estas personas no están confinadas en campamentos, sino que viven en pueblos y ciudades junto con la población local, con la que comparten vínculos lingüísticos, históricos y culturales. La decisión de Colombia de otorgar la ciudadanía al nacer a los hijos de los venezolanos que se encuentran en el país es el ejemplo más reciente de esta solidaridad.
Pero esto no puede sostenerse por sí solo. Los presupuestos de los países de acogida están llegando a su límite: sus recursos disminuyen y sus instituciones e infraestructura están sobrecargadas. Ese es el tema central de esta conferencia, en espera de una solución política.
La Plataforma Regional, liderada conjuntamente por OIM y ACNUR, ha proporcionado un importante mecanismo de coordinación y planificación conjunta, con la participación de 41 socios de toda la región y de fuera de ella. Sin embargo, la plataforma se creó para abordar las necesidades humanitarias y de protección más esenciales y urgentes, e incluso así, el Plan de Respuesta Regional sólo cuenta con la mitad de los fondos necesarios. Y otro, más grande, se lanzará en las próximas semanas.
Además de esto, se necesitan con urgencia inversiones para el desarrollo – en sistemas de educación, instalaciones de salud, infraestructura y economías locales. Estas inversiones son fundamentales para que los sistemas y servicios nacionales puedan soportar la presión, pero se están materializando muy lentamente. Acojo con satisfacción la participación del Banco Interamericano de Desarrollo y la decisión del Banco Mundial de extender una financiación concesional a Colombia, y potencialmente a Ecuador. Los insto a que continúen y aceleren sus intervenciones. Insto a otros – las instituciones financieras internacionales, las agencias bilaterales de desarrollo y el sector privado – a que sigan su ejemplo, y con rapidez.
Lo que está en juego es la estabilidad, la prosperidad y el bienestar de toda la región.
Y esto es algo que debería importarnos a todos.
En mis viajes en los países vecinos y en otros países de la región, he visto cómo las comunidades de acogida, especialmente las que viven en zonas fronterizas apartadas, luchan por proporcionar alimentos, agua, educación, salud, empleo y vivienda a miles de venezolanos. Las capacidades de los países y de las comunidades de acogida están en un punto crítico, lo que significa que la solidaridad regional y la voluntad política pueden debilitarse ante la insuficiencia del apoyo internacional.
Lamentablemente, este contexto ya ofrece un terreno fértil para el uso irresponsable de las redes sociales y las declaraciones radicales de algunos políticos, que alimentan actos extremadamente preocupantes de odio, intolerancia y xenofobia.
Ante estos desafíos, es esencial que los Gobiernos y las sociedades respondan con un mensaje claro y fuerte. Los líderes políticos y de opinión, en particular, tienen una clara responsabilidad de crear un ambiente propicio para la integración de las personas refugiadas y migrantes, condenando las actitudes y acciones xenófobas e intolerantes y apelando en sus declaraciones públicas a la paz, la justicia, la calma y la moderación.
Otro motivo de preocupación son las condiciones más estrictas que están siendo impuestas por algunos países de la región para la admisión de ciudadanos venezolanos, dado su creciente número.
Los Estados tienen el derecho – y de hecho la obligación para con sus ciudadanos – de gestionar el acceso a sus territorios. Sin embargo, esto debe ejercerse de manera coherente con las normas de protección de los refugiados. Y estas restricciones no envían un buen mensaje a países que, como Colombia, comparten una frontera con Venezuela y han asumido una parte considerable de la responsabilidad de asistir y proteger a los venezolanos.
Además, dada la situación actual en su país, a los venezolanos les resulta cada vez más difícil cumplir con dichos requisitos de ingreso. Como consecuencia, aumenta el riesgo de movimientos irregulares, exponiendo a las personas a un mayor riesgo a manos de los tratantes y traficantes de personas.
Insto a todos los países de la región a que sigan articulando y coordinando sus políticas y a que intercambien información y buenas prácticas a través del Proceso de Quito. Se trata de una iniciativa liderada por los Gobiernos, que supone un importante avance hacia la armonización de las políticas, la ampliación de la respuesta humanitaria y la integración de las personas refugiadas y migrantes. Acojo con particular satisfacción la reciente iniciativa para crear un Grupo de Amigos del Proceso de Quito, que reunirá a los países de acogida, la comunidad internacional y las instituciones financieras.
Para abordar la crisis de refugiados y migrantes venezolanos se requiere una alianza mundial e inclusiva, en la que la solidaridad y la responsabilidad sean compartidas por toda la comunidad internacional y no sólo por los países de acogida de la región.
Esto es el inicio de un proceso que continuará en los próximos meses con el objetivo de movilizar financiación adicional significativa, incluso mediante una conferencia de donantes, de ser posible, para abordar las necesidades cada vez más urgentes y los desafíos para la integración socioeconómica de los refugiados y migrantes venezolanos.
Hoy, con esta Conferencia Internacional de Solidaridad, queremos enviar un fuerte mensaje a los refugiados y migrantes venezolanos y a quienes los acogen en América Latina y el Caribe, de que el mundo no los ha olvidado y que los apoyaremos en su momento de mayor necesidad.
Gracias.
