El pueblo venezolano, en su tragedia de sobrevivir el día a día, y los sectores políticos condicionados (conscientes o no) por la acción coercitiva del gobierno, no terminan de darse cuenta que luego del masivo fraude electoral del 28 de julio y la autoproclamación de nicolás maduro en el CNE, el país ha entrado en una nueva situación: la dictadura.
Hasta el mes de diciembre de este año, el gobierno de maduro es un gobierno impopular que viola la Constitución y las leyes, así como los derechos fundamentales de todos; pero tiene un asidero de legalidad, cada vez más delgado, en el hecho de que resultó electo en las elecciones de 2018, aunque éstas hayan sido muy cuestionadas.
Sin embargo, a partir del 10 de enero de 2025, si nicolás maduro se juramenta para un nuevo período, como todo parece indicar que lo hará, estaremos, entonces, ante una dictadura. Un gobierno con un enorme rechazo popular, violador de la Constitución, las leyes y los derechos del pueblo, pero, que en esta ocasión, ni siquiera tiene el delgado asidero de haber sido electo en un proceso manipulado por ellos mismos, sino que –toda la evidencia señala– perdió por una abrumadora mayoría de votos en contra.
Así, se repiten los hechos de la historia contemporánea venezolana, cuando en 1952, la entonces Junta Militar de Gobierno que en 1948 derrocó a Rómulo Gallegos, para tratar de darse un barniz democrático, convocó a un referéndum en condiciones absolutamente ventajosas para ellos. No obstante, fueron derrotados por la URD, dirigida por Jóvito Villalba. Inmediatamente, la Junta desconoció los resultados, montó en un avión a Jóvito Villaba, y Pérez Jiménez fue declarado como Presidente. A partir de allí, se convertiría –abiertamente– en el dictador Marcos Pérez Jiménez.
Esta es la situación que tenemos en el país. En su aparición durante el acto de sustitución de los Jefes del SEBIN y DGCIM, oficiales señalados por todos los organismos de derechos humanos internacionales como perpetradores de Crímenes de Lesa Humanidad, maduro se presenta trajeado de militar y asegura que está listo para juramentarse como nuevo Presidente en enero de 2025. Llama la atención el hecho de que, más allá de cualquier otra consideración personal, maduro se presentó para la ocasión uniformado de militar (sin serlo evidentemente), siendo la más clara expresión visual de que ahora se erige como el jefe de un gobierno militar-policial, que se sostiene por la violencia y que no es, y nunca más será, un gobierno civil que se sustenta en los votos.
Volviendo a nuestra historia reciente, hay que señalar que el Presidente Chávez, siendo militar de carrera, un Comandante durante la Rebelión del 4 de febrero de 1992, teniendo los atributos y la legitimidad para portar el uniforme militar en actos formales de gobierno, extrañamente lo hacía. En los actos más importantes del ámbito militar, como el Desfile de Carabobo-Día del Ejército, el Desfile del Día de la Independencia o la transmisión de mandos, el Presidente Chávez siempre vestía de civil, porque más allá de cualquier otra consideración, se imponía en él el principio –muy bolivariano, por cierto– de que encabezaba un gobierno civil electo por el pueblo, ante el cual se subordinaba la Fuerza Armada.
Por ello, la imagen de maduro portando un uniforme militar, que le resulta ajeno, es un mensaje político de que estamos en presencia, no de un gobierno civil ante el cual se subordina la Fuerza Armada, sino de un gobierno militar-policial carente de la legitimidad que da el pueblo.
El madurismo sí está consciente de la nueva situación que se instala en el país, de juramentarse como presidente de manera inconstitucional, tal como hizo Carmona el 12 de abril de 2002. Es por ello que cierra el círculo del poder y trata, ahora, de lavarse la cara para transitar de la manera más inadvertida posible en esta nueva etapa absolutamente inconstitucional de su próximo gobierno.
Al interno del madurismo, los distintos factores de poder siguen reacomodándose, luego del desplazamiento del poderoso grupo encabezado por Tareck El Aissami, al cual tuvieron que encarcelar, luego que se hizo evidente y se les salió de las manos el modelo del secretismo de la Ley AntiBloqueo, la falta de rendición de cuentas y el uso de criptomoneda impulsado por el mismo maduro y que naufragó en un desfalco escandaloso de 21 mil millones de dólares en petróleo entre 2020 y 2022.
Ante la ausencia de este poderoso operador político y económico del madurismo, el resto de los factores han llenado este espacio. Unos, son ahora superministros policías, muy dados, por cierto, a la ofensa fácil y a hacer juicios de valores, para complacer a su jefe en su deriva derechista; otros, finalmente, tienen el control del petróleo, para entregar a las transnacionales lo que queda de la Política Petrolera de Chávez y el petróleo y el gas del pueblo. Incluso, ahora maduro llama a formar parte de su gobierno a empresarios muy cuestionados y de muy dudosa trayectoria que, sin embargo, han sido convertidos en héroes e íconos del madurismo. Mientras, el General en Jefe, Padrino López, esa gran incógnita, sigue siendo el único alto oficial inamovible, con el papel de garantizar –a cualquier costo– la estabilidad del gobierno.
Al maduro cerrar su círculo se desprende, sacrifica, o sencillamente hace de lado, a aquellos que le sirvieron a sus intereses en una etapa específica de su gobierno. Está demostrado que al madurismo no le importa nada; de un día para otro, destituye colaboradores y subordinados que, hasta el día anterior, eran elogiados por él mismo o cumplieron tareas bajo sus instrucciones. Ministros, presidentes de empresas, mandos militares, son despachados como piezas de cambio.
Ésta es una de las características del madurismo: no tienen cohesión ideológica, ni un propósito constructivo; mucho menos, un plan de país virtuoso. Por el contrario, es un grupo de intereses diversos que se sostiene unido con base en objetivos económicos y políticos particulares, que no sólo traicionan a Chávez y rematan al país, sino que están dispuestos a hacer lo que sea y entregar a quien sea, para mantenerse en el poder.
Pero, en esta nueva etapa y toda vez que estamos en el siglo XXI, aunque la barbarie de Israel en Gaza nos retrógrada a los peores años del colonialismo, el madurismo necesita “lavarse la cara”. Aislado como está en el mundo y, particularmente, en nuestra región latinoamericana, el gobierno de maduro tiene que hacer algunos “gestos” para congraciarse con la Administración Norteamericana y las transnacionales que se llevan el petróleo, o con los empresarios oportunistas de Fedecámaras, así como con unos pocos del ámbito internacional, sobre todo, entre esa izquierda que aún lo sostienen o lo apoyan, pero que no pueden ocultar el carácter impresentable y violador de los DDHH del gobierno de maduro.
Para lavarse la cara, ahora maduro destituye a los jefes militares que han estado al frente del SEBIN y DGCIM, organismos tenebrosos y crueles desde donde han perpetrado las peores violaciones a los DDHH, tal como ha sido denunciado por las miles de víctimas y está extensamente documentado en los distintos Informes de los Organismos de Protección de los Derechos Humanos de la ONU.
Ahora, maduro pretende, como Pilatos, lavarse las manos –sin éxito–, pues resulta que los mismos organismos de los DDHH, sobre todo la Misión Internacional Independiente de Determinación de Hechos del Consejo de los DDHH, tomando testimonio de cientos de víctimas e incluso, de oficiales militares, han emitido Informes que les invito a leer, donde queda claro la Línea de Mando de la represión en Venezuela. A pesar de que uno de estos tenebrosos jefes haya sido constreñido a decir que “los errores le pertenecen”, para todos está claro que en este gobierno se hace “lo que maduro diga”, como se ha encargado él mismo de demostrarlo innumerables veces.
Mientras tanto el país sigue a la deriva, en el abismo de la pobreza y la desesperanza, donde 8 millones de venezolanos han abandonado la Patria y 5 millones PASAN HAMBRE en el país, según información de la FAO; los pensionados y jubilados mueren de mengua y los trabajadores sobreviven con un salario mínimo de miseria de 6 dólares mensuales, mientras la burguesía revolucionaria y las nuevas elites derrochan lujos y riqueza.
En esta nueva situación, las fuerzas democráticas y revolucionarias y, muy en particular, el campo chavista y bolivariano, tienen la responsabilidad urgente de organizarse y combatir para restablecer la Constitución y las leyes, poner en la calle nuevamente el pensamiento de Chávez para lograr un cambio político; sólo entonces, luego de ello, poder iniciar la titánica tarea de reconstruir el país.
Nadie puede sucumbir a la resignación, al miedo o al chantaje. Hay que insistir, con más fuerza que nunca, en el combate y la lucha por los derechos de nuestro pueblo, por nuestro país, tal como hicieron las fuerzas políticas opuestas a la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, a partir del fraude de 1952.
Ante esta nueva situación, existen tareas urgentes en el campo revolucionario. Para los chavistas y bolivarianos, la primera de ellas, es salir de la dispersión y el aturdimiento, reagruparnos, y volver a existir como una opción de poder; la segunda, es dotar esa opción de poder de una ideología y un pensamiento revolucionario, indubitablemente chavista, que está condensado en los Objetivos Históricos del Plan de la Patria, el original de 2012.
Sólo existiendo como una opción de poder y con un pensamiento revolucionario, el campo bolivariano podrá jugar un papel clave en la restitución de la Constitución, las leyes y las garantías sociales, para ser un factor fundamental de la unidad de las fuerzas democráticas y populares. Estar junto al pueblo en sus luchas, para conducirlo hacia objetivos verdaderamente revolucionarios y volver al camino de Chávez, el elemento fundamental, clave, para reconstruir nuestra patria, hoy en ruinas.