La decisión –sin precedentes en América Latina–, de la Corte Penal Internacional (CPI), con respecto al paso de la fase preliminar a la investigación de la perpetración de Crímenes de Lesa Humanidad en el país por parte del gobierno de nicolás maduro, no sólo es una decisión extremadamente grave, sino que ésta sigue desenmascarando el carácter represivo y criminal del mismo. En esta fase, ya la CPI puede dictar órdenes de detención internacional contra los responsables de estos crímenes.
A pesar de las maromas y piruetas del propio maduro y su fiscal sicario, y del show que quisieron montar en el Palacio de Miraflores, el anuncio realizado por el Fiscal de la CPI, Karim Khan, les cayó como un balde de agua fría a los presentes, muchos de los cuales, han participado o son corresponsables de las violaciones a los Derechos Humanos en el país.
El gobierno realizó todo tipo de maniobras políticas para evitar que la CPI pasara a esta fase de investigación, colocando el punto en la fracasada Mesa de México, como un elemento indispensable para cualquier negociación. El gobierno, ya estaba dispuesto a dar a sectores de la oposición cualquier cosa a cambio, tal como luego se filtró en una grabación del inefable señor de las guarimbas, para que los crímenes de lesa humanidad cometidos por ellos, fueran investigados y sancionados por sí mismos, lo cual es una burla a todas sus víctimas y al país. Por eso, el Fiscal Karim Khan, exigió a las partes que lo dejaran hacer su trabajo, sin ningún tipo de injerencias políticas.
Es importante señalar, que nuestro ingreso como país al Estatuto de Roma, el Acuerdo Internacional que dio vida a la CPI, no es producto de una imposición, ni del imperialismo, ni de la derecha internacional. Nuestra adhesión a los mecanismos de la CPI fue firmada, de forma consciente, en el año 2000 por el Presidente Hugo Chávez, de la manera más amplia posible, es decir, estipulando que, en el caso de que en el país se produjesen crímenes de lesa humanidad, los mismos fueran investigados y sancionados directamente por la CPI, y no por las instituciones venezolanas.
Ésto es tan cierto que, justamente países como EEUU e Israel, nunca se adhirieron al Estatuto de Roma, pues no querían que la CPI investigara las actuaciones de sus tropas en Irak, Afganistán o Palestina.
El Presidente Chávez firmó este Acuerdo considerando sus máximos efectos jurídicos, para demostrar y dejar claro ante el mundo, que él jamás permitiría la perpetración de crímenes de lesa humanidad en el país, que él jamás se convertiría en un criminal, y que la Revolución Bolivariana que iniciaba, no podría nunca convertirse en verdugo de su propio pueblo. De lo contrario, ni era Revolución, ni era Bolivariana.
Además, cuando Chávez opta por la opción de la actuación de la CPI en lugar de los tribunales venezolanos, era por la deducción lógica que, en caso de que se cometieran crímenes de lesa humanidad en Venezuela y se sucediera un hecho tan grave, era porque la Justicia Venezolana y los órganos de control del Estado, sencillamente, habían fracasado, como sucede actualmente. Acá habría que decir, que la postura y el accionar de Chávez siguen señalando, por contraste, a maduro y su gobierno como uno profundamente antichavista.
Ante el argumento de los más prominentes defensores del madurismo, esos que ahora –sin vergüenza alguna– se desgarran sus vestiduras por el empresario Alex Saab y, a su vez, argumentan que Chávez nunca tuvo que enfrentar la violencia de la oposición “porque teníamos una Revolución a 100 dólares el barril”, debo decirles que, en defensa de la verdad y de Chávez, sí tuvo que confrontar Golpe de Estado, Plaza Altamira, Sabotaje Petrolero y prolongadas guarimbas, y lo hizo con un barril de petróleo menor a 30 dólares, sin desatar la violencia del Estado, sin crear organismos enmascarados que perpetraran ejecuciones sumarias, como hoy es el caso del FAES, sin utilizar los Cuerpos de Inteligencia del Estado para reprimir o perseguir a opositores políticos o trabajadores, sin presos políticos, sin torturas o tratos inhumanos o degradantes, sin muertos en custodia, sin censura, es decir, sin imponer el Terrorismo de Estado, como ha hecho el gobierno de maduro.
Igualmente, ante el argumento inconcebible que utilizan los maduristas para justificar los crímenes del Estado, arguyendo que la oposición y los guarimberos también actuaron violentamente –lo que es absolutamente cierto–, es necesario aclarar, que la gran diferencia es que el Estado y los organismos policiales no pueden actuar como unos delincuentes en contra del pueblo, puesto que son ellos los que tienen el monopolio de la fuerza propia del Estado; por lo que, el ejercicio de esta violencia proveniente del Estado y sus fuerzas, resulta totalmente desproporcionada frente a las capacidades de la oposición, por muy cruel que ésta haya sido. Nadie puede estar al margen de la ley y la Constitución.
El argumento de los maduristas para justificar la comisión de crímenes de lesa humanidad, no se diferencia del que utilizó la dictadura argentina encabezada por Videla, en el caso de TERRORISMO DE ESTADO Y LA DESAPARICIÓN de 30.000 argentinos, como respuesta a las acciones del grupo guerrillero “Montoneros”. Les recomiendo a todos, la lectura del libro “Nunca más”, de nuestro gran Ernesto Sábato, un relato desgarrador que nos debe recordar siempre hasta dónde puede llegar la violencia del Terrorismo de Estado.
Lo paradójico de todo ésto es que ni la justicia de maduro, ni el fiscal sicario, han sancionado a los perpetradores de la violencia y de los crímenes, sean éstos del gobierno o de la oposición, sencillamente porque estas instituciones, tal como lo han determinado los Informes de los Organismos de Derechos Humanos, actúan supeditados a sus órdenes y peticiones, por lo cual, por encima del cumplimiento de sus responsabilidades establecidas en la Constitución con respecto a preservar el orden constitucional y el respeto a las leyes, actúan o dejan de actuar de acuerdo con la conveniencia política del gobierno.
Hasta la fecha no se han procesado ni condenado a las líneas de mando de los entes de seguridad que actuaron con un PATRÓN de violencia tal, que ha ENSANGRENTADO, por primera vez en nuestra historia, las calles del país. Tampoco se ha actuado contra los dirigentes de la oposición, responsables directos de la violencia en las guarimbas, quienes hoy día se pasean por el país y declaran libremente, con total impunidad, buscando acuerdos secretos con el gobierno, siempre de espaldas a la opinión pública nacional.
maduro y su fiscal sicario, investigados y señalados como perpetradores de violaciones de los Derechos Humanos, comenzarán a condenar a los que “apretaron el gatillo”, y seguramente se afincarán en contra de éstos para decirle a la CPI, que están haciendo algo contra tales conductas criminales, ésto sin tocar o señalar a los que dieron las órdenes, a los que instigaron la violencia, porque fueron ellos mismos. Es como si alguien investigara lo que sucedió en “El Caracazo”, y como resultado mandara a prisión sólo a los soldados que dispararon, y mantuvieran en la más absoluta impunidad al Ministro de la Defensa, Italo Del Valle Alliegro, al Jefe de la DISIP, Remberto Uzcátegui o al entonces Presidente, Carlos Andres Pérez.
Así, en el marco de sus torpes astucias, maduro, Jorge Rodríguez y el fiscal sicario, argumentan que todo lo que ha pasado en el país, es culpa de las sanciones norteamericanas, las cuales “dan para justificar todo”, desde el desastre de PDVSA, la falta de gasolina, la ausencia de servicios públicos, hasta los excesos de la burguesía ‘revolucionaria’ con sus casinos, bodegones y restaurantes de lujo. Aquí hay que ser claro y categórico, ninguna acción externa, ningún bloqueo, puede justificar el que un gobierno se convierta en criminal, en torturador. Nada de ésto puede hacer abdicar a un gobierno que se proclama revolucionario de sus propias ideas, como ha sido el caso de maduro y su gobierno.
La decisión, definitivamente firme, de la CPI para pasar a la fase de investigación de los crímenes de lesa humanidad ejecutados por el gobierno de maduro, se suma a los dos Informes de la Alta Comisionada para los DD.HH. de la ONU, Michelle Bachelet, donde registra la violación de los Derechos Humanos y determina que la misma es una Política del Estado Venezolano, así como, los dos Reportes de la Comisión Internacional Independiente (“Fact Finding”) del Consejo de los Derechos Humanos de la ONU.
En el primero de ellos –un documento de más de 400 páginas–, se recorren uno a uno los desgarradores relatos de las víctimas y se documenta, de forma detallada, la estructura de terror creada por nicolás maduro, así como, la comisión de crímenes que siguen un mismo patrón de actuación, que, de acuerdo con lo establecido en el Estatuto de Roma, configuran crímenes de lesa humanidad. En este Informe, el cual invito a leer, la Comisión Especial Internacional, establece que hay razones suficientes para recomendar el inicio de acciones penales en contra de los responsables, y menciona como involucrados, a altos funcionarios del gobierno de maduro, incluyéndolo a él y a su fiscal sicario.
En el Segundo Informe, la misma Comisión Internacional Independiente, determina responsabilidades directas, tanto del Poder Judicial como de la Fiscalía, al actuar como instrumentos de la perpetración de la violación de Derechos Humanos y explica, paso a paso, la manera en que el gobierno intervino el sistema de justicia, para transformarlo, ilegalmente, en un contingente de funcionarios partidistas, TODOS PROVISIONALES, colocados en esas instituciones para actuar en violación de la Constitución y las leyes, de acuerdo con los intereses de nicolás maduro y su círculo de poder. En este Informe, incluso se detalla el rol PROTAGÓNICO de los Cuerpos de Seguridad del Estado (SEBIN, DIGECIM, FAES), no sólo como ejecutores directos de crímenes y violaciones de Derechos Humanos, sino como los encargados de “sustanciar” todos los procesos judiciales, es decir, “los Falsos Positivos”, incluso, sirviendo de testigos en contra de sus propias víctimas. Los jueces y fiscales del madurismo, solo han servido para convalidar estas acciones absolutamente ilegales.
Este Informe específico determina, de manera independiente, lo que nosotros hemos denunciado en todos estos años de exilio y de lo que hemos sido víctimas permanentes: El gobierno de nicolás maduro, ha judicializado la política, y utiliza al poder judicial y al fiscal sicario, como instrumentos para la persecución política, lo que el documento denomina “represión selectiva”, de quienes hemos levantado nuestra voz en contra del desastre de este gobierno y sus actuaciones.
Estos Informes de la ONU y la decisión de la CPI confirman lo que hemos denunciado: en Venezuela NO EXISTE EL ESTADO DE DERECHO. La justicia está al servicio de los intereses de maduro o de su círculo de poder. Lo que diga o haga la justicia de maduro, está viciado de ilegitimidad e ilegalidad. Constituyen instrumentos que son parte de un gobierno criminal.
La actuación de la CPI y los Informes de la ONU, colocan a maduro y su gobierno en el “selecto” grupo de dictadores africanos, de los genocidas de Ruanda, de los perpetradores de limpiezas étnicas en la ex Yugoslavia, de las Fuerzas de Ocupación Israelí, de los “marines” en Irak y Afganistán, del uribismo en Colombia y de la Media Luna facista que derrocó a Evo Morales. Vergonzoso RÉCORD para el gobierno de maduro.
La violencia del Estado y los crímenes de lesa humanidad, deben ser investigados, y los responsables deben ser sancionados. Esta gente no puede seguir conduciendo el país. No solo nos han llevado al abismo, con una crisis sin precedentes, sino que, sus actuaciones, le restan cualquier tipo de legitimidad y los inhabilita para estar al frente del gobierno. ESTÁN LEGAL Y POLÍTICAMENTE ENTREDICHOS. Tal como decía el Presidente Chávez, quien gustaba hacer citas bíblicas: “Todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo, tiene su hora…”.