Maduro asume un nuevo período presidencial sin legitimidad para ello, se juramenta ante un Tribunal Supremo de Justicia, igualmente ilegítimo y ante la presencia de poderes, también cuestionados..
Este no sólo tiene un problema de legitimidad de origen al ser “re-electo” en un proceso electoral donde no se garantizó el derecho al voto directo y secreto, con un sistema electoral vulnerado y sin garantías políticas para que los ciudadanos pudiesen ejercer el voto libremente, sino que además se inhabilitaron partidos, se encarceló e inició una persecución contra precandidatos o potenciales candidatos a la presidencia, entre ellos, este servidor.
El gobierno de Maduro, también ha perdido su legitimidad al incumplir las obligaciones inherentes al cargo para el que fue nombrado: se ha desviado de sus fines y funciones, del objeto de su investidura y ha violentado de manera reiterada la Constitución vigente, en particular, los derechos fundamentales, humanos y políticos de todos los venezolanos y venezolanas consagrados en ella.
Ha incumplido con su obligación de “procurar la garantía de los derechos y libertades de los venezolanos y venezolanas, así como, la independencia, integridad, soberanía del territorio y defensa de la República” (art. 232 de la Constitución). Por el contrario, ha violentado de manera sistemática los derechos de los ciudadanos y sus libertades, a la vez que ha permitido que nuestra soberanía sea violentada, haciendo caso omiso, a la presencia y actividad, desde hace aproximadamente cuatro años, de transnacionales petroleras y mineras en aguas y tierras del territorio Esequibo en reclamación con Guyana.
Así mismo, ha incumplido con “la defensa y desarrollo de la persona, el respeto a su dignidad, el ejercicio democrático de la voluntad popular, la construcción de una sociedad justa y amante de la paz, la promoción de la prosperidad y bienestar del pueblo y la garantía del cumplimiento, derechos y deberes reconocidos y consagrados en esta constitución.” (art. 3 de la Constitución), con lo que ha llevado a nuestro país a un abismo, donde el pueblo vive en un estado de calamidad y atraso permanente.
Ha fallado en su obligación de “cumplir y hacer cumplir la Constitución y las Leyes”, en particular, en el ámbito económico: la soberanía sobre el petróleo, el carácter inalienable, inembargable e imprescriptible de nuestras reservas petroleras y mineras, el funcionamiento del BCV, y en general, de la totalidad de la institucionalidad del Estado: El Poder Judicial, El Poder Moral y el Poder Electoral, han sido convertidos en apéndices del gobierno y han convalidado la reiterada violación de nuestra Constitución y nuestras leyes.
No existe la esencia del Estado de Derecho, que se basa en la independencia de Poderes y funciones, establecidas por la Constitución de 1999, justamente para defender al ciudadano y al país del abuso y desviación del poder.
Se han nombrado magistrados del TSJ de manera fraudulenta, sin cumplir los requisitos ni mecanismos establecidos en la Constitución. Estos se han nombrado a dedo, la mayoría de las veces sin la mínima calificación requerida, más allá de su incondicionalidad al madurismo, para ocupar altísimas responsabilidades, desde donde han vulnerado el Estado de Derecho y dictado sentencias violatorias de nuestra Constitución y Leyes, en especial, todo el régimen legal relativo al ejercicio de nuestra soberanía sobre el petróleo y nuestra soberanía jurisdiccional.
El Ministerio Público ha sido convertido en un agente del madurismo, un aparato de convalidación de crímenes y violaciones permanentes del Estado de Derecho, del debido proceso, de la presunción de inocencia y demás derechos consagrados en la Constitución, incluyendo los Derechos Humanos.
El Poder Electoral ha perdido su capacidad de actuación independiente, al ceder a la manipulación y presiones políticas del gobierno, además de haberse desmantelado los complejos mecanismos informáticos y procedimientos que garantizaban la protección del voto y el artículo 293 de la Constitución.
La Asamblea Nacional Constituyente ha sido deslegitimada, al ser utilizada para un fin distinto del que establece la Constitución: un órgano supraconstitucional, temporal, con el objetivo de redactar un proyecto de Constitución. Pero la realidad, es que la Constituyente es un apéndice del gobierno, que se ha utilizado para convalidar la entrega, promulgar leyes contrarias a las vigentes y a la misma Constitución, así como, para convalidar cualquier acción del gobierno, por más ilegal que ésta resulte. Se ha convertido en un órgano legislativo, permanente en el tiempo en vez de temporal, como exige la Constitución, y no ha presentado a la discusión de los ciudadanos ningún proyecto de Constitución.
Por su parte, la Asamblea Nacional actúa ilegalmente, al auto proclamar un “Presidente de la República”, sobre una declaración de “falta absoluta” del presidente con base en una sentencia emitida por el “Tribunal Supremo de Justicia con sede en el Exterior” que, evidentemente, no cumple con lo establecido en nuestra Constitución, por lo cual, sus actuaciones carecen de legitimidad.
La Asamblea Nacional, aunque con legitimidad de origen, se ha deslegitimado al desviarse de sus funciones y atribuciones claramente establecidas en el artículo 187 de la Constitución y, en vez de “legislar y controlar”, se ha dedicado, desde su inicio, a intentar sustituir al gobierno. Su primer presidente proclamó, apenas instalándose, su manifiesta intención de derrocar a Maduro en un período de seis meses, intención que ratificó su segundo presidente y ha sido la tónica permanente de este órgano legislativo, abrogándose incluso funciones jurisdiccionales para juzgar y condenar la gestión del gobierno del presidente Chávez, violando “la cosa juzgada” por las anteriores Asambleas Nacionales.
De manera que, ambas fuerzas en conflicto, aunque no se diferencian en nada sustantivo en lo ideológico, son capaces de llevarse al país por el medio con el objetivo de aferrarse en el poder, o hacerse con él.
El escenario de “aniquilación del contrario” planteado por ellos en este momento, no podrá sacar al país de la terrible crisis en la que se encuentra; y, por el contrario, hará la situación mucho peor, alejando cualquier posibilidad de detener la caída, salir del abismo e iniciar la recuperación de la Patria.
Lo más peligroso es que, cualquiera de los grupos en conflicto por hacerse o mantenerse en el poder, están dispuestos, no sólo a seguir hundiendo al país en el caos y destruyendo las posibilidades de superar los tremendos desafíos de gobernabilidad y sostenibilidad que tenemos, sino que ahora asoman, de manera irresponsable, la posibilidad de un conflicto armado o militar de proporciones impredecibles.
Unos han agitado la posibilidad de un conflicto militar con Colombia, mientras los otros, piden a gritos una intervención militar extranjera que, por primera vez en nuestra historia Republicana, permita que nuestra soberanía sea vulnerada por tropas y ejércitos extranjeros.
Cualquiera de estos escenarios, lo único que traerá es derramamiento de sangre, más destrucción y, seguramente, el colapso del Estado y la vulneración de nuestra integridad territorial.
Entendemos que, más allá de un problema legal o de materia Constitucional, ésto es fundamentalmente un problema político, por lo que hay que hacer algunas consideraciones.
El madurismo ha cumplido su tarea de desmantelar al chavismo como movimiento político, y ha cumplido su objetivo de debilitar al Estado venezolano y a todas sus instancias políticas. Ha debilitado tan profundamente al país que, por primera vez, probablemente desde la época de los sucesivos períodos de inestabilidad y fragmentación que caracterizaron al país durante mediados y finales del siglo XIX, Venezuela está en un riesgo cierto de sufrir una agresión externa, de perder parte de su territorio o de convertirnos en un Estado fallido que sería tutorado por fuerzas extranjeras.
Estamos en la antesala de un saqueo generalizado de nuestros inmensos recursos naturales, que al final es el objetivo de cualquiera de las economías industrializadas e intereses transnacionales que nos acechan, o que ya han tomado una buena tajada de nuestros recursos de mano del madurismo.
Estamos ante un altísimo riesgo de colapsar de manera definitiva. El madurismo ha sido absolutamente rapaz e incapaz de gobernar el país, ha provocado sufrimiento, pobreza del pueblo, destrucción y el mayor éxodo de habitantes de nuestra historia. La entrega de nuestros recursos estratégicos ha sido criminal y lesiva a los intereses de la Patria.
Por otra parte, la derecha y extrema derecha, agazapada detrás de la acción de la Asamblea Nacional, además de intolerante, sólo promete revancha y odio, al estar llenos de un resentimiento proto fascista que llevará a nuestro país a un nivel insospechado de ingobernabilidad, violencia y mayor entrega de nuestra soberanía: volveremos al Estado neocolonial que nos caracterizó durante buena parte del siglo XX.
En esta disputa política, donde se confrontan dos caras de la misma moneda, el gran ausente es el pueblo, justamente su principal víctima.
Ahora bien, así como las bases sociales de la oposición no se sienten representados por los partidos que hacen vida en la Asamblea Nacional, las del chavismo no nos sentimos representados por el gobierno, ni por el madurismo.
La gran mayoría del pueblo venezolano está ausente de la discusión o participación política en la situación planteada, o bien porque están fuera del país, o porque están decepcionados, apartados, desmovilizados u ocupados en la lucha diaria por subsistir. Al país se le arrebataron los espacios para el ejercicio de la Democracia Participativa y Protagónica consagradas en la Constitución.
De manera que hemos retrogradado a los tiempos donde las élites, ávidas de poder, deciden, mediante pactos o confrontación, el destino de todo el país. Eso no lo podemos tolerar, no podemos sucumbir ante chantaje de ningún tipo, ni el secuestro y vulneración del derecho que tenemos, a decidir nuestro futuro por élites que no representan al pueblo y que han resultado ser profundamente perjudiciales al país.
De todas las interpretaciones que se hacen a nuestra vapuleada y vulnerada Constitución, donde cada grupo de poder la ajusta a sus propios intereses, existe un solo principio que no puede interpretarse a conveniencia, un principio claro y fundamental: “La Soberanía reside intransferiblemente en el pueblo, quien la ejerce directamente en la forma prevista en esta Constitución…” (art. 5 de la Constitución)
Es decir, más allá de cualquier disputa entre poderes y élites que han secuestrado el poder originario del pueblo, la soberanía del país, la autoridad donde reside el poder político, su existencia como entidad territorial y política, única e independiente, reside en el pueblo. El pueblo es el único que tiene legitimidad para decidir los destinos de la patria.
Este artículo está lleno de consideraciones Constitucionales y políticas de manera expresa, porque ambas comportan los elementos fundamentales de la legitimidad de un sistema de gobierno, y son las bases fundacionales de la V República que se tambalea ante la acción depredadora de las élites político económicas en disputa. Si nuestro atribulado país y su sistema político pierde legitimidad y es vulnerado en su soberanía, entonces estamos expuestos al colapso del Estado en su capacidad de defensa del pueblo, sus riquezas, sus derechos y ser objeto de cualquier situación de agresión externa o incluso una intervención internacional.
Una institución que resulta fundamental en estos momentos difíciles que atraviesa nuestro país, son la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, sobre todo por tener el monopolio de la violencia, por las facultades y mandatos que le confiere la Constitución en su artículo 328 y por la propia Doctrina Militar Bolivariana, que resume parte fundamental de su esencia en aquella última proclama del Libertador desde su lecho de muerte, cuando las instaba a actuar “empleando su espada en defender las garantías sociales”
Ésto es más importante aun cuando la soberanía del país y su integridad territorial están amenazadas por los factores en pugna. Por un lado, el madurismo entrega las riquezas y recursos estratégicos de la patria, reservados por la Constitución bajo control del Estado por “razones de conveniencia nacional… y de carácter estratégico…”, tal como el petróleo y los minerales. Así como actúa negligentemente en la defensa de nuestras fronteras al permitir y consentir la actuación, durante más de cuatro años, de transnacionales que operan para producir petróleo en aguas del territorio Esequibo en reclamación con Guyana. Por otro lado, la extrema derecha clama por una intervención militar extranjera, lo cual vulnera de manera abierta nuestra soberanía e integridad territorial.
Una parte integral y fundamental de la Doctrina Militar Bolivariana asumida como propia y natural por nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, encontrará que el Libertador Simón Bolívar, aún sumergido en la más cruenta guerra contra el imperio Español, siempre, en cualquier circunstancia, estuvo subordinado a la Ley, entendiendo a la misma como el asiento, la legitimidad de todo su accionar político y militar, las bases fundacionales de las nuevas Repúblicas. Mal podría él mismo subvertirlas.
La Fuerza Armada Nacional Bolivariana, es el gran árbitro, por lo que debe preservar su institucionalidad Bolivariana, no caer en la tentación de comprometerse con ninguno de los actos ilegales o inconstitucionales de ninguno de los grupos en pugna, preservarse íntegras en su moral, mandato y doctrina, no permitir que el gobierno lo corrompa y lo vincule a los actos que atentan contra nuestra soberanía como lamentablemente sucede hoy dia tanto en el manejo del petróleo, en PDVSA y el manejo de nuestros recursos minerales, en el Arco Minero.
Tarde o temprano, llegará el momento en que tengan que rendir cuentas, civiles o militares, los que hayan violado las Leyes y la Constitución vigente.
La Fuerza Armada Nacional Bolivariana, al tener el monopolio de la violencia, es la única capaz de evitarla, además de ser la única institución con la capacidad para impedir que se instale la violencia en nuestro territorio, tanto por conflictos de orden interno, como por una agresión extranjera.
La norma para algunos políticos es decir que la “Ley no importa”, que estamos ante “ésto” es un problema de poder. Es lo que han hecho de manera permanente tanto el madurismo como la oposición aventurera y, violenta.
Pero resulta que, contrariamente a lo que ellos pregonan, cuando la Ley se convierte en el “Libro de todos”, como lo ha sido nuestra Constitución de 1999, entonces actuar apegado a la misma reviste un tema de legitimidad, más aún cuando fue el resultado aprobada producto de un proceso constituyente y de la voluntad mayoritaria del pueblo.
No es casual que el Presidente Chávez fuera escrupulosamente respetuoso de la Constitución, y de las Leyes, incapaz de violarlas de ninguna manera. Porque subordinarse a la Constitución es subordinarse a la voluntad del pueblo, mantenerla viva, vigente, es honrar el poder originario delegado por el pueblo a sus gobernantes.
La Constitución ha sido y sigue siendo violentada y transgredida por los actores políticos que hoy se confrontan: el madurismo con el control del gobierno y la oposición atrincherada en la Asamblea Nacional, bregando por tomar el poder.
Ninguno tiene la legitimidad, como lo hemos discutido arriba, para hacer lo que hacen, ni lo que pretenden. Ninguno tiene legitimidad para conducir al país.
Quien sí la tiene es el Pueblo, según lo establece el artículo 5to de la Constitución, aunque es evidente que se le ha negado la posibilidad de ejercerlo. Tanto por la trampa como por la violencia, se ha usurpado el poder originario del pueblo. Por ello se requiere de una acción política de activa movilización popular, que restablezca el principio Constitucional de que la Soberanía reside en el pueblo. Que le ponga punto final a este desastre y que sea capaz de evitar el asalto del fascismo.
Son muchas las tareas hacia el futuro. Estamos listos para asumirlas. Lo más importante es resolver esta encrucijada que mantiene paralizado al país y que ha usurpado el poder del pueblo y, la soberanía de la Patria. El futuro nos pertenece. Será un esfuerzo colectivo, con los mejores, los más conscientes y capaces, más allá de las parcialidades, pequeñeces, egoísmos, intereses grupales, sectarismos e intolerancia.
Se trata de reconquistar el futuro del país posible, el sueño de tantos hombres y mujeres de esta tierra de gracia, un sueño que ha sido truncado pero que está vivo en los corazones de todos los patriotas. Es el momento de las definiciones y de la grandeza ¡Venceremos!