Esta debe ser una exigencia de todos los sectores políticos y sociales del país. Actualmente, en nuestro país, existen cientos de trabajadores, militares y políticos, presos por razones políticas sin juicios y sin derecho a la defensa.
A todos ellos se les han violado sus derechos constitucionales, el derecho al debido proceso, la presunción de la inocencia, la inviolabilidad del hogar, todo lo cual constituye una violación de sus derechos humanos, tal como ha sido denunciado por la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet y por los pocos familiares que se atreven a hacerlo.
Estos trabajadores, militares y políticos pertenecen a todo el espectro de la vida social del país, desde Chavistas hasta opositores de derecha, pasando por trabajadores, dirigentes populares y escritores, que solamente han hecho uso de su derecho constitucional de expresar su opinión y sus posturas políticas.
La mayoría ha sido sometida a detenciones humillantes y vejatorias. Secuestrados por personas enmascaradas, fuertemente armadas, que se suponen son miembros de los cuerpos de seguridad, quienes proceden de manera abusiva y violando todas las garantías y derechos del detenido. En muchos casos, son expuestos al escarnio público, utilizando los medios del Estado, donde, desde el mismo presidente, vicepresidente, ministro o fiscal general, acusan, sentencian, condenan al señalado, blandiendo las más insólitas acusaciones, desde corrupción, terrorismo, traición a la patria, hasta cualquier otra patraña.
En ningún caso los acusadores han mostrado prueba alguna de sus acusaciones. Solo se trata de “falsos positivos”, montados con la fiscalía y el poder judicial, para enterrar en vida a un ciudadano, sin que exista nada, ni nadie, que le pueda restituir sus derechos, su nombre, su reputación, su libertad.
Conozco de manera directa el drama de los trabajadores y gerentes petroleros, lo he denunciado de forma pública y ante las instancias de defensa de derechos humanos de las Naciones Unidas. Lo seguiré haciendo porque sé que la motivación de la arremetida del gobierno contra esos compañeros ha sido arrasar con la dirección técnico-política que me acompañó en la gestión de PDVSA por 12 años, para abrir el camino a la privatización de la empresa. Si yo hubiese vuelto al país, me hubiesen detenido, sin derecho a la defensa ni juicio, como hicieron con Eulogio Del Pino, Pedro León, Orlando Chacín, Jesús Luongo, Pavel Rodríguez, Gustavo Malavé y otros 100 trabajadores de PDVSA, o hubiese sido secuestrado para dejarme morir en prisión, como hicieron con Nelson Martínez. La crueldad y la saña del gobierno se parece mucho a la violencia de la cuarta república.
El madurismo tenía que descabezar a los equipos que trabajamos durante al frente de PDVSA, durante el gobierno del Presidente Chávez, para quitar del medio el obstáculo a la privatización de la empresa y la entrega del petróleo. Ellos sabían que yo no lo permitiría, como no lo permitimos durante nuestra gestión.
Al final, se trata de la violencia del madurismo para acabar con el Chavismo y eliminar las conquistas políticas, económicas y sociales alcanzadas para imponer un modelo atrasado, dependiente, que solo favorece, de manera escandalosa, a las transnacionales y a los grupos económicos que llegaron al poder con maduro.
A la violencia física, directa, se suma la utilización de la justicia para la persecución política, el “lawfare”, el linchamiento moral, la instigación al odio y la destrucción moral de instituciones y trayectorias, de vidas enteras. Lo que han sembrado ha sido el germen del fascismo y de allí, no saldrá nada nuevo.
Pero no se trata solo de los trabajadores de PDVSA. Al inicio de esa “razzia” algunos sectores políticos, sobre todo los afectos al gobierno, maduristas, chavistas y dirigentes de la oposición, guardaron un silencio cobarde. Para ellos se trataba “solo” de los de PDVSA, era “algo de maduro en contra de Ramírez”, o en el caso de la oposición, “solo se trata de Chavistas”.
Pues, se equivocaron, y la historia juzgará el silencio y cobardía de los dirigentes del PSUV, partidos del extinto Polo Patriótico, ministros, defensores de los derechos humanos, ex guerrilleros, políticos, diputados, autoridades, miembros de la ANC, pensadores, periodistas y opinadores, que han guardado un silencio inmoral ante lo que solo significaba el primer episodio violento del gobierno, que después sería la faceta abierta y desbocada de un gobierno criminal, policíaco, capaz de hacer cualquier cosa para mantenerse en el poder.
A la violencia en contra de PDVSA y sus trabajadores, le ha seguido la violencia en contra de dirigentes políticos, ex ministros de Chávez, militares, trabajadores y funcionarios públicos de todas las empresas y sectores del Estado: trabajadores de la industria ferrominera, Corpoelec, campesinos, alcaldías, dirigentes populares, escritores. Son muchos los nombres que se suman a los más de 100 detenidos en PDVSA: Miguel Rodríguez Torres, Raúl Isaías Baduel, Rubén González, Rodney Álvarez, entre tantos otros de los que no se sabe nada.
Los últimos que han caído en prisión, bajo la acción autoritaria del gobierno, son los jóvenes trabajadores de PDVSA, Aryenis Torrealba y Alfredo Chirinos; y, recientemente, el profesor y columnista Vivas Santana, así como, periodistas, personal médico y de salud, que se han atrevido a decir algo contrario a la versión oficial de Jorge Rodríguez sobre el coronavirus.
Iguales abusos y vejaciones han sucedido contra dirigentes y militantes políticos de la oposición tradicional. Cientos de presos acusados de manera genérica de conspirar y de ser terroristas, algunos de ellos han tenido ya un final trágico y no aclarado, como el del Concejal Albán.
En el ámbito militar, no se sabe nada. Los oficiales son secuestrados, llevados a prisiones, sin que exista información ni el derecho a la defensa. Los casos más emblemáticos son los del Teniente Coronel Martín Chaparro y el Teniente Coronel Ovidio Carrasco. En estos momentos hay 152 militares presos, generalmente acusados de participar en cualquiera de las supuestas conspiraciones a las que nos tiene acostumbrado el gobierno, “complots terroristas”, “atentados”, etcétera, el caso más trágico, ha sido la muerte por torturas del Capitán de Corbeta Rafael Arévalo.
No deja de ser patético y triste al mismo tiempo, la posición de los sectores políticos ante esta situación, la mayoría de las veces es de indiferencia, otras, de un silencio conveniente y en el peor de los casos, cómplices, en sus dos vertientes: o “se lo merecen porque son de derecha” o “se lo merecen porque son chavistas”. En este último grupo, siempre se debaten en la contradicción de qué hacer cuando la represión toca a alguno de sus allegados cercanos o compañeros.
Desde una postura revolucionaria, de una posición progresista y de avanzada, nuestra condena a la violencia política y a la violación de los derechos humanos no puede dejar espacios a la duda ni al cálculo político. No puede haber “presos buenos” y “presos malos”, “torturados buenos” y “torturados malos”, y mucho menos, “torturadores buenos” y “torturadores malos”. Tal vez, los que hemos visto de cerca y vivido en carne propia la violencia del Estado, y no solo de este gobierno, sino también de los gobiernos de la cuarta república, deberíamos tener, como tengo, mayor conciencia del deber de denunciar y detener esta conducta criminal del gobierno, que no se puede justificar bajo ninguna circunstancia.
El silencio no puede ser una opción ante la represión y violencia del gobierno en contra de los ciudadanos, la violación de los derechos humanos no puede quedar impune.
El 19 de abril y la independencia perdida.
Hoy se cumplen 210 años de la Declaración de la Independencia de nuestro país, acción audaz de los patriotas venezolanos, seguida por la firma del Acta de la Independencia y luego, por 10 años de cruenta guerra contra el Imperio Español, donde nuestros Héroes Libertadores: Bolívar, Sucre, Urdaneta, Ribas, Mariño, entre tantos otros, se batieron con valor y claridad estratégica hasta derrotarlo y llevar la independencia a lo que hoy son seis repúblicas independientes de nuestra Suramérica. En esa Guerra, el genio de Simón Bolívar supo conducir a la gloria eterna al pueblo venezolano y al Ejército Libertador.
Pero hoy, sumidos en la más grave crisis de nuestra historia contemporánea por la acción devastadora de un gobierno incapaz, con un presidente que confiesa que tiene tiempo para ver temporadas completas de series televisivas mientras el país se derrumba, o cuyos ministros hacen una transmisión para reinaugurar 1 ascensor, seguro harán tuits y construirán “tendencias” sobre esta fecha patria.
La verdad, es que hoy día, nuestra independencia se ha desvanecido entre tantas cosas que hemos perdido, algo que no se puede ocultar, a pesar de la capacidad de manipulación mediática que tiene el gobierno, creando un mundo de fantasías y “victorias tras victorias”, de “bodegones”, que nuestro pueblo mira con estupor y resignación.
Un ejemplo de ello es la cuestión petrolera. En mi último Boletín Petrolero Semanal, el cual invito a leer y revisar en toda su extensión, explico con números y gráficos, cómo la acción del gobierno en contra de PDVSA no solo ha provocado el colapso operacional de la empresa, razón por la cual no hay gasolina, ni gas, ni producción de petróleo, sino que la misma hoy día ha sido privatizada “de facto”.
El último Informe de la OPEP, del 15 de abril pasado, señala que la producción de petróleo en Venezuela sigue cayendo y se ubica hoy día, en 660 mil barriles día de petróleo, una caída de 2,4 millones de barriles/día de petróleo, desde los niveles de producción que teníamos en 2013 de 3.011 millones de barriles/día de petróleo, es decir, un derrumbe del 78% en nuestra producción petrolera, en 7 años de gestión de maduro al frente de PDVSA.
En esta gráfica se observa, la caída permanente de nuestra producción petrolera, a partir del mismo año 2015, cuando maduro intervino la empresa y comenzó la “razzia” contra sus trabajadores y gerentes. Esta situación se agravó mucho más a partir del año 2017, cuando se militariza la empresa, con la designación del general Manuel Quevedo como presidente de Petróleos de Venezuela. Al momento de las sanciones norteamericanas en contra de PDVSA, en enero de 2019, ya el daño provocado por la mala gestión de Quevedo al frente de la industria, era profundo. Echemos un vistazo a la producción de petróleo actual
En la Faja Petrolífera del Orinoco la producción ha caído desde 1,274 millones de barriles día al cierre 2013, hasta 352 MBD en 2020, lo que representa un descenso de 922 MBD, es decir un 71% en el período.
De esta producción, las Empresas Mixtas PetroSinovensa (CNPC), Petromonagas (Rosneft) y Petropiar (Chevron), aportan 250 MBD, lo que representa un 69,4 % de la producción de la FPO.
En el Oriente del país la producción ha caído desde 825 MBD al cierre de 2013, hasta 170 MBD en 2020, una pérdida de 655 MBD, un 79,4%, a pesar de que allí se ha entregado la producción a los privados de los Contratos de Servicios.
Los Contratos de Servicios Petroleros han caído en 100 MBD entre enero y marzo de 2020, desde 201 MBD hasta 106 MBD, una caída del 50% de la producción entregada por PDVSA. El modelo de Contrato de Servicios Petroleros no solo es contrario a la ley y resultan sumamente costosos, sino que significan un peor desempeño operacional para PDVSA.
En el Occidente la caída ha sido desde 776 MBD del cierre de 2013, hasta 138 MBD en 2020, una caída de 638 MBD, equivalente a un 82,2 %. Esto a pesar de que allí se encuentra la producción de PetroBoscán (Chevron) y PetroZamora (Gazprombank, Rusia). Estas producen 68 MBD y 60 MBD respectivamente, lo cual representan 128 MBD, lo que equivale al 92,75% de la producción en occidente.
¿Quién produce en Venezuela?
En el periodo de gestión entre 2015-2020, a partir de la intervención del gobierno en el 2015, se ha generado un cambio en la producción de petróleo en el país, ahora está en manos de los privados.
PDVSA ha sufrido una privatización de facto, un proceso ilegal y contrario al interés de la república como establece la Constitución en su artículo 202 y la Ley Orgánica de Hidrocarburos y el decreto 5.200 de Nacionalización de la Faja Petrolífera del Orinoco.
Mientras en el 2013, la producción de petróleo estaba 100% bajo control operacional de PDVSA, a través de sus Unidades de Producción, 100% participación de PDVSA, llamado Esfuerzo Propio, así como con las Empresas Mixtas, donde PDVSA tenía una mayoría accionaria de al menos 60%-70% y control de las operaciones.
En el 2013, la producción del país cerró en 3, 011 millones de barriles día de petróleo, de los cuales, 1,881 millones eran Esfuerzo Propio (100% PDVSA) y 1,130 millones con las Empresas Mixtas (60-70% PDVSA).
Hoy día, a marzo del 2020, la producción del país cerró en 660 mil barriles día, una caída de 2,4 millones de barriles respecto al 2013, lo que representan un 78% menos.
De la producción actual 105 MBD son Esfuerzo Propio (100% PDVSA), 106,8 MBD Contratos de Servicios Petroleros (100% operado por privados) y 448 MBD con las Empresas Mixtas (operadas por el socio privado).
Del análisis objetivo de los datos de la información de la producción en el país, se puede precisar que hoy día, la producción propia de PDVSA representa solo el 16% de la producción en el país, el resto 84% está en manos de los privados.
Queda evidente que detrás de toda la “alharaca” y el escándalo de maduro y el fiscal en contra de PDVSA y sus trabajadores, lo que existía era el propósito deliberado de disminuir nuestras propias capacidades nacionales en la industria petrolera, es decir, demolieron pedazo a pedazo las fortalezas de nuestra empresa nacional petrolera, la más importante del país, bastión de nuestra SOBERANÍA, para luego hacer algo que era IMPENSABLE TAN SOLO EN EL AÑO 2013: avanzar en la privatización de PDVSA, con la excusa de que la empresa “no sirve”.
Luego de 12 años al frente de la industria petrolera, como presidente de PDVSA y Ministro de Petróleo del presidente Chávez, donde mantuvimos todas nuestras capacidades operativas al máximo y fuimos capaces de abastecer de combustible al país y de aportar todos los ingresos requeridos para sostener la economía nacional, estoy en mi deber de denunciar ante todo el país, que la razzia devastadora de maduro en contra de PDVSA ha culminado en la entrega de nuestra industria petrolera al control privado, transnacionales y empresarios de maletín, una acción en contra de las leyes y la Constitución. Una entrega que ha sido la condición indispensable para arrebatarnos nuestra soberanía e independencia.