¿Participar en estas elecciones?

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9 agosto, 2020

En los procesos políticos, las elecciones no son un fin en sí mismo, sino uno de los mecanismos por medio del cual los ciudadanos expresan su voluntad. Pero si este acto se ejerce en el marco de la democracia participativa y protagónica, es decir, de la democracia popular, no de élites, entonces las elecciones pueden ser un instrumento eficaz, dentro de los distintos mecanismos de participación popular, para el desarrollo de los procesos de transformaciones políticas, económicas y sociales.

Las elecciones no pueden verse fuera del contexto político, económico y social en el que se desarrollan; y, lo más importante, de los grados de libertad en el ejercicio político de los ciudadanos en los distintos espacios de participación que existan; tampoco pueden aislarse de las condiciones sociales y económicas de la población, porque éstas influyen directamente en las posibilidades reales para que el ciudadano pueda expresar, de manera libre y soberana, sus opiniones y preferencias políticas; o, sencillamente, de que el ciudadano cuente con las posibilidades físicas para participar.

Elecciones hay en la mayoría de los países del mundo, con distintas modalidades y grados de libertad, sin que necesariamente este mecanismo certifique que tan democráticas son esas sociedades, ni el nivel de garantías y derechos de su población; mucho menos, el hecho de que realizar elecciones garantice un cambio del sistema político-económico dominante. Puede haber miles de elecciones y que todo siga igual

Muchas veces las elecciones permiten legitimar un sistema; por ello, el empeño de gobiernos escasos de esta, en realizarlas. Esta legitimidad, o los resultados electorales, la mayoría de las veces, es manipulada en un sentido o el otro, para lograr objetivos políticos determinados, como fue el caso más reciente del derrocamiento del Presidente Evo Morales en Bolivia.

En muchas ocasiones, los procesos electorales son tolerados por las clases dominantes, como mecanismo de alivio de tensiones políticas y siempre y cuando los resultados les favorezcan. Un ejemplo trágico de esto fueron las elecciones chilenas de 1971, que permitieron el ascenso al poder del Presidente Salvador Allende, para, tan solo dos años después, ser derrocado por el salvaje golpe de Estado de Pinochet, estimulado por las mismas fuerzas políticas y militares que permitieron el libre juego “democrático” en ese país durante casi 100 años. En nuestra región y en nuestro país, tenemos experiencia suficiente para entender que las elecciones en sí mismas, aisladas de otros mecanismos de participación, se convierten en instrumentos de dominación.

Luego del derrocamiento de Pérez Jiménez y de la violencia del betancourismo, en Venezuela, durante más de 40 años, las elecciones legitimaron y garantizaron el despojo en nuestro país y el sistema de dominación instaurado con el Pacto de Punto Fijo, la IV República. Por cierto que, los partidos de izquierda que abandonaron la lucha armada, a finales de los ’60 pasaron años y años participando en unas elecciones dominadas por el bipartidismo, donde jamás superaron el 6% de la votación.

Así hubiese seguido el país, si no hubiese irrumpido en la escena política el Comandante Chávez con la rebelión del 4 de febrero de 1992. Si él hubiese pedido la baja en el Ejército para fundar un partido y participar en las elecciones del país, nada habría pasado; a pesar de su carisma, el Comandante hubiese sido “engullido” por el sistema de dominación de la IV República, como pasó con tantos líderes y partidos, y escasamente hubiese obtenido, en el mejor de los casos, el 10% de los votos y, si las clases y partidos dominantes se hubiesen sentido amenazados por él, hubiesen dado cuenta de cualquier forma del Comandante.

Pero el Comandante Chávez llegó al poder con una amplia victoria electoral. ¿Qué fue lo que cambió? ¿Cómo pudo llegar Chávez al poder por la vía electoral, en condiciones tan adversas y con un CNE en manos del bipartidismo?

Lo que cambió fue que el Comandante Chávez irrumpió a la escena política “rasgando en un instante” la noche del sistema de dominación de la IV República. Su acción del 4 de febrero de 1992, aunque fue derrotada militarmente, significó una extraordinaria victoria política, porque conmocionó a la sociedad, llegó a ese pueblo aún golpeado por El Caracazo y logró movilizarlo en torno a una expectativa de cambio, con una agenda de lucha, radical, concreta, sin pactos, siempre al lado del pueblo.

Chávez irrumpió en la política en los estertores de la IV República, arruinada por la Apertura Petrolera y agotada por más de 40 años de Pacto de Punto Fijo, con una élite política enquistada en el poder y divorciada de la realidad del pueblo que, sometido al paquete de ajustes monetaristas del paquetazo de CAP, en febrero de 1989 se lanzó al Caracazo y, sin dirección política (la izquierda estaba entregada), fue víctima de la violenta respuesta del gobierno, que utilizó al Ejército para masacrar a más de 3.000 caraqueños en las calles y los barrios de la ciudad.

La violencia desatada por el gobierno de CAP aceleró la acción de los sectores bolivarianos dentro de la Fuerza Armada, y el país entró en un evidente proceso de desestabilización político-social que sólo comenzó a preocupar a las clases dominantes luego de las rebeliones militares del 4 de febrero y 27 de noviembre de 1992.

Quiero aclarar que solo estoy relatando lo que sucedió entonces, no vaya a ser que el Sebin se vaya al Cuartel de la Montaña o comience a llevarse presos a los oficiales rebeldes del 4F que aún queden por allí.

Después de pasar dos años preso y ser indultado por el presidente Caldera en marzo de 1994, el Comandante Chávez se va a la calle con el pueblo, a organizarlo y acompañarlo en sus luchas, sin caer en la tentación de postularse como candidato a la gobernación de Barinas. Sólo después, en un momento de auge de luchas del pueblo, se postuló a las elecciones presidenciales de 1998 y ganó con el 62,46% de los votos, a pesar de todas las trampas y triquiñuelas del sistema. Para él, participar en las elecciones fue producto de una acción política más compleja, desarrollada en el seno del pueblo, organizándolo, acompañándolo, entendiéndolo. La participación electoral se decide producto de una profunda discusión política en el seno del MBR-200 y otras organizaciones políticas y populares, en el marco de una profunda crisis del país y de sus clases dirigentes tradicionales, con una expectativa de cambio generada en el país, sumado a la unidad de los sectores progresistas y el auge de las luchas del pueblo. Fueron estos factores, junto al carisma y liderazgo de Chavez, y la cantidad de votos obtenidos, que lograron derrotar las trampas y maniobras de los partidos del sistema.

El Presidente Chávez llegó al poder a través de las elecciones, sorteando sus trampas y burdas maniobras, derrotando a un afinado sistema de dominación establecido por más de 40 años en el país, con poderosos aliados e intereses que lo respaldaban. Fue un error del sistema, que no se volvería a repetir, por ello había que abrir los cauces de la participación popular.

Así, siendo la Revolución Bolivariana una revolución pacífica, tuvo en las elecciones y la participación popular su mayor base de apoyo y garantía. Pero, ¿de qué elecciones hablamos? ¿en qué contexto?

Luego de la victoria Bolivariana, el Presidente Chávez se empeñó en dotar al pueblo venezolano de un sistema más amplio e inclusivo de participación política, se restableció la política con “P” mayúscula y se incluyeron conceptos y categorías de participación complementarios entre sí, en el que, con base en el Principio Constitucional donde la Soberanía reside en el Pueblo, se le dio vida al concepto de Democracia Participativa y Protagónica, al Poder Electoral, al voto universal y secreto, a los Referenda, ya fuesen consultivos o revocatorios, a los derechos y garantías políticas, a la plena garantía de los Derechos Humanos y Políticos, a la libertad de pensamiento, a los distintos mecanismos de participación política real, en la toma de decisiones y conducción de sus propios asuntos por parte del pueblo, al Poder Popular, a las Misiones y grandes Misiones, entre otros.

Me desempeñé como jefe de movilización y logística de todos los procesos electorales del país, a partir de agosto de 2004 con el referéndum revocatorio, la Batalla de Santa Inés, que se convirtió en referéndum aprobatorio del Presidente Chávez con una votación del 60%.

Nuestra tarea fundamental fue garantizar que TODO el pueblo pudiese participar en las elecciones, lograr que el pueblo excluido se movilizara, tuviese cédula de identidad, pudiese bajar de lo más alto del cerro, de lo más profundo del barrio, para ejercer su derecho al voto, desde Antímano, La Vega, Carapita en Caracas, pasando por las parroquias más pobres de Maracaibo y la Guajira, hasta el Barrio Brasil en Cumaná, las Montañas del Turimiquire o la Isla de Coche en Margarita.

Se trataba de que todos los ciudadanos, sobre todo los más pobres, los excluidos, los de menos recursos, pudiesen tener la posibilidad física, objetiva, de ejercer su derecho al voto. NO se pedía un carnet político (no existía nada de eso, mucho menos “carnet de la patria”), no se hacían listas, no se amenazaba, no se pedía que demostraran su afiliación política. De lo que se trataba era de que todos votaran, y para eso, a los más humildes, los más débiles, los que trabajaban todo el domingo de las elecciones, a las madres solteras, a los ancianos, a los que tuvieran problemas de movilidad, había que dotarlos de seguridad, transporte, facilidades para que pudiesen votar. Recuerdo a las fuerzas militares prestando seguridad y nosotros colocando bombillos en los barrios de Caracas, para romper el toque de queda impuesto por la delincuencia en horas de la noche, mientras se mantuvieran abiertas las mesas electorales, a la gente caminando kilómetros, bajando las escalinatas y haciendo largas colas, con su pobreza y dignidad a cuestas, en los centros de votación que en aquel momento aún eran distantes e inaccesibles para los habitantes de los centros populares, de los barrios. Los altos niveles de participación, de 70% y 80%, logrados en los más de 14 procesos electorales, entre referenda y elecciones, que tuvimos a partir de 1999 hasta 2012, daban cuenta de un país movilizado, con ciudadanos para quienes las elecciones eran un verdadero y eficiente mecanismo de participación, administradas por un sistema electoral en el cual confiaban y al que además fiscalizaban.

Recuerdo la invulnerabilidad del Sistema Electoral Automatizado, no había manera de entrar al sistema, ni a la transmisión de datos, ni a su totalización. “Smartmatic” y los procesos de auditoría durante el desarrollo del proceso electoral garantizaban la transparencia y el secreto del voto. Allí, en ese espacio privado, el ciudadano solo con su conciencia, expresaba su voluntad política. A veces perdimos, muchas ganamos, los votos expresaban claramente la situación política del país, el sentimiento nacional.

Lo más importante de todo el sistema, era que el ejercicio del voto, se ejercía dentro de un contexto de confianza hacia las instituciones, comenzando por el propio Presidente Chávez. Jamás lo ví interferir en el proceso electoral, ni en sus resultados, y no permitía que nadie lo hiciera. Era una postura ética y política del Presidente Chávez, jamás mentir, jamás manipular, confiar en el pueblo, en su conciencia, porque el pueblo era realmente el protagonista, la esencia, el centro de la transformación del país.

Las elecciones nunca fueron fáciles, siempre existía la posibilidad de perder, y se trabajaba mucho desde lo político, había honestidad y coherencia en la propuesta programática, en el debate con el país respecto a las posiciones en pugna, a lo que estaba en juego, al país que queríamos, la propuesta Chavista reflejada en el Plan de la Patria (el original).

Hago este extenso relato porque el país va a un nuevo proceso electoral, esta vez, para las elecciones parlamentarias, las cuales ubicadas en el contexto político, económico y social actual, requerirían de una serie de precisiones y preguntas, para así poder evaluar correctamente la participación o no en el mismo. Veamos:

Tres de los cinco Poderes Públicos del país: el Tribunal Supremo de Justicia, la Fiscalía General de la República y el Consejo Nacional Electoral, no solo carecen de legitimidad por la manera de su elección, sino que también en su actuación, demuestran estar subordinados a los dictámenes de la presidencia de la República, por lo cual no hay independencia de Poderes. Y sin independencia de Poderes, ¿hay garantías para que estas instituciones no actúen para favorecer los intereses políticos de Miraflores en unas elecciones?
En el país se ha judicializado la política, el gobierno ha utilizado a la Fiscalía y al Poder Judicial para ejercer la persecución política, exiliar, inhabilitar o encarcelar a sus oponentes, ¿hay garantías para el ejercicio de la política?
En el país no se ejerce ni el debido proceso, ni el derecho a la defensa, por ende, se violan las garantías constitucionales. Hay cientos de presos políticos, más de cien gerentes y trabajadores de PDVSA y otras empresas del Estado secuestrados en las prisiones del gobierno sin derecho a la defensa ni al debido proceso, más de 140 oficiales de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana secuestrados en prisiones militares, sometidos a tratos crueles, con las visitas familiares suspendidas, sin asistencia médica, ni el alimento requerido. A estos prisioneros los mantienen aislados, se les violan sus derechos fundamentales, a algunos se los tortura hasta la muerte, como al Capitán de Corbeta Rafael Acosta Arévalo, o se les deja morir en cuativerio, como sucedió con el Ministro Nelson Martínez ¿es acaso un gobierno asi, quien garantizara la voluntad politica de los venezolanos?
Los cuerpos de seguridad del Estado –Sebin, DGCIM y Conas–, actúan impunemente, allanan, secuestran, ocupan viviendas y otros bienes y toman rehenes para presionar o castigar a los oponentes políticos del gobierno. Igualmente, se llevan detenidas a las personas que opinen, escriban o se expresen en contra de la situación actual del país, como el caso del profesor Javier Vivas Santana; por ello, es válido preguntar ¿en este ambiente de persecución política, se puede garantizar el libre ejercicio político y la participación electoral?
La Alta Comisionada para los DDHH de la ONU, la ex Presidenta Michelle Bachelet, ha denunciado en sendos informes, que en Venezuela se violan los DDHH como política del Estado venezolano, ha denunciado la actuación de cuerpos parapoliciales como el FAES, responsable de más de 5.800 ejecuciones extrajudiciales en 2018. Entonces, ¿cómo se puede garantizar la movilización y expresión política en las zonas populares?
La Contraloría General de la República, actúa subordinada a los dictámenes del gobierno y utiliza falsos positivos para inhabilitar la participación política de los oponentes del gobierno.
El Ministerio de Comunicación e Información y CONATEL, mantienen una estricta censura y control sobre los medios de comunicación. Existen dirigentes políticos censurados, el gobierno detenta la propiedad de los principales medios de comunicación impresos, al resto los han ido silenciando negándoles los insumos para su funcionamiento. En el espectro radioeléctrico, retiran concesiones y establecen multas y sanciones, a quienes permitan expresar opiniones distintas a las del gobierno. Por lo tanto, ¿con qué garantía y en qué espacios se puede dar un debate político plural y público?
La Asamblea Nacional Constituyente se estableció el 04 de agosto de 2017, hace más de tres años, y su actuación pone en evidencia que su finalidad no fue otra que la de suplantar al Poder Legislativo, asumiendo competencias que no le corresponden y ejerciendo fraude a la Constitución aprobada por el pueblo en 1999, al convertirse en un órgano legislativo para suplantar a la Asamblea Nacional, emitir leyes y aprobar decretos lesivos a los intereses nacionales y violatorios de la Constitución, como los relativos a las Inversiones Extranjeras, entrega del Petróleo y Gas, Privatización de PDVSA y entrega del Arco Minero. Ante esta violación flagrante de la Constitución, ¿qué garantía existe para que un nuevo Parlamento pueda incidir en el curso político del gobierno, sin poder legislar ni ejercer control sobre la acción del Ejecutivo, ni elegir los miembros del resto de los Poderes del Estado –TSJ, CNE, Contraloría y Fiscalía–, tal como establece la Constitución?
Producto de los resultados de las pasadas elecciones Parlamentarias en diciembre de 2015, el gobierno utilizó al TSJ primero y a la Fiscalía después, para inhabilitar y perseguir diputados de la oposición, ¿qué garantías existen de que no suceda lo mismo con los nuevos diputados electos?
El nuevo CNE cambia a su antojo el sistema electoral, hoy justamente se celebra el día internacional del indigena, y este nuevo órgano electoral le arrebató a nuestros pueblos originarios su representación, electa de manera directa, en la Asamblea Nacional, la misma que está consagrada en la Constitución. Igual cambia los preceptos de representatividad establecidos en la Constitución para garantizarse de nunca perder la mayoría absoluta en la Asamblea Nacional ¿de que árbitro electoral estamos hablando que se salta lo establecido en la propia Constitución?
¿Cómo participar en un sistema electoral, cuya ventaja de ser automatizado se perdió con la intervención en su software, por lo que, su blindaje se transformó en su principal vulnerabilidad, porque los mecanismos de transmisión de datos y totalización de resultados no sólo están expuestos, sino que ahora Jorge Rodríguez y otros, inciden en la manipulación de éstos, como lo hicieron luego de la derrota de las parlamentarias de 2015?
El país está azotado por la peor crisis económica de los últimos 150 años, el 96% de nuestra población está en la pobreza y el 79% en la pobreza crítica, no hay alimentos accesibles para el pueblo, 6,8 millones de venezolanos padecen hambre, están subalimentados, el gobierno ha establecido mecanismos de control social mediante programas que se otorgan a cambio de apoyo político, como las Cajas Clap y el Carnet de la Patria, que incluyen un sistema de bonificaciones. En este contexto, ¿qué posibilidades reales hay para que la población pueda expresar libremente su voluntad política?
¿Cómo podríamos participar, si así lo quisiese hacer alguien, los cientos de exiliados o perseguidos políticos del gobierno?
¿Cómo se puede desarrollar la acción política en un país signado por el miedo, la persecución, el amedrentamiento, las amenazas de todo tipo en el lugar de trabajo, en la calle, en el barrio, en su propia casa?
En el estado de calamidad en que se encuentran los servicios públicos, sin energía eléctrica, ni gasolina, ni gas, ni agua, ni transporte, ni telecomunicaciones, ni internet, con inseguridad, ¿cómo se puede participar, si hubiese la voluntad de hacerlo, en un país paralizado?
¿Como podrán votar los más de 4,7 millones de venezolanos que están en el exterior, la inmensa mayoría de ellos abandonados a su suerte por el Estado venezolano?
¿Como se llama a elecciones en un país en cuarentena total, paralizado por la ausencia de medios, ni siquiera para alimentarse, azotados por el COVID-19, y por todas las calamidades y carencias de un pueblo con un salario mínimo que no llega a 3 dólares mensuales?
¿Qué garantías hay en un país donde los trabajadores son reprimidos, perseguidos y amenazados por exigir sus derechos, donde a los partidos políticos –sean de derecha o izquierda– le secuestran sus símbolos y posibilidades de participar, les intervienen sus autoridades partidistas o encarcelan a sus líderes?

Por supuesto que hay muchos elementos más, trabas y problemas que mencionar. Cualquiera podría argumentar que, precisamente, por todo esto hay que participar; sin embargo, los que piensan de esta manera, subestiman la gravedad de la situación interna del país y la verdadera naturaleza del gobierno, del grupo que ha secuestrado el poder en Venezuela.

Éste es un gobierno dirigido por cinco personas, que están dispuestas a hacer lo que sea para mantenerse en el poder. Un presidente y su círculo más cercano, que miente de manera compulsiva, desesperada, violenta, que están dispuestos a acabar con el país, sin posibilidades de rectificación. No permitirán, bajo ninguna circunstancia, que se abra una fisura en su esquema monolítico de poder; no permitirán, como ya lo ha demostrado, que ninguna fuerza política le dispute, ni siquiera en una posición minoritaria, el poder. Eso no va a suceder con este gobierno.

Es estas circunstancias, participar en las elecciones, en ESTAS elecciones, en el marco de toda la situación descrita, no sólo no servirá de nada, sino que le hará el favor de darle algo de legitimidad a un gobierno que carece de apoyo popular.

Ir a unas elecciones en una situación tal de arbitrariedad, atropello y violación a la Constitución y las leyes, solo contribuirá a mantener disperso y desmovilizado al pueblo.

No se trata de convertirse en abstencionista compulsivo, mucho menos de coincidir con los sectores de derecha que solo piden una intervención extranjera. Se trata de no caer en la trampa de la distracción electoral, en la lucha inútil, estéril, por una curul que no significa nada. Ni las elecciones, ni este gobierno, tienen nada que ver con Chávez, ni con el campo bolivariano. La cúpula madurista necesita desesperadamente tu voto, algo de qué agarrarse, necesita oxigenarse políticamente, por eso apela al oportunismo y al gatopardismo que tanto criticaba el Comandante en sus discursos: hacer como si algo puede cambiar, para que no cambie nada.

Los sectores populares y revolucionarios debemos, a esta altura, aprender un poco de nuestra propia experiencia y de Chávez. Hoy día, de lo que se trata es de estar junto al pueblo, a sus problemas, a sus luchas.

Al pueblo venezolano, sumido en esta tragedia, poco le importan las elecciones de maduro. El pueblo quiere resolver sus problemas, necesita orientación y acompañamiento para recuperar todo lo que nos han arrebatado, el futuro está secuestrado, oprimido en manos de estos criminales, a quienes no les importa nada arrasar con el país para mantenerse en el poder, para mantener sus privilegios.

Los sectores patriotas, progresistas, trabajadores, campesinos, Chavistas, debemos tomar la calle para levantar una agenda de lucha sencilla y clara: volver a Chávez, exigir el restablecimiento de nuestra Constitución y nuestras leyes, de nuestra Plena Soberanía Petrolera, luchar por el rescate de PDVSA y demás empresas del Estado entregadas a manos de los nuevos “agentes del gobierno”, exigir el restablecimiento de nuestros derechos laborales, económicos, sociales, luchar por los derechos populares, por la libertad de los presos políticos, por el cese a la violación de los DDHH, por la eliminación del FAES, el cese de la impunidad, por un salario digno, por el derecho a la salud, alimentación, seguridad, por el Poder Popular, por las Misiones, porque haya agua, luz, gasolina, gas.

Allí es donde debe estar el esfuerzo, si no el pueblo seguirá escapando como pueda y el país seguirá en el abismo. Las elecciones, estas elecciones, en estas condiciones, no son más que un instrumento de dominación en un momento de reflujo del movimiento popular. Debemos preparar una agenda unitaria, una acción política que rasgue las tinieblas impuestas por el madurismo, y que devuelva al pueblo las razones sagradas por las cuales luchar, la soberanía sobre sus propios asuntos, prepararnos y crear las condiciones para restablecer la Constitución y el ejercicio pleno de nuestros derechos políticos, económicos y sociales, junto al pueblo. Entonces, iremos a elecciones o revocaremos a estos pésimos gobernantes, pero con el pueblo en la calle y con Chávez Siempre!