Luego de las elecciones del 28 de julio y el sucesivo fraude electoral —al día de hoy, todavía el CNE no ha mostrado las actas de votación—, el gobierno transita como una nave sin rumbo, hacia una situación que, a partir del 10 de enero de 2025, cambia todo en el país.

Si nicolás maduro, proclamado por su amigo Elvis Amoroso como vencedor de las elecciones, se juramenta como Presidente de la República para un nuevo período, ese nuevo gobierno será, nada más y nada menos, que un gobierno inconstitucional, írrito.  

Los más furibundos voceros del madurismo, incluyendo el mismo maduro, han asegurado —y muy probablemente así será— que maduro se juramentará, sin importarle la voluntad del pueblo ni la Constitución. Las consecuencias para el país, por supuesto, no serán pocas. 

Así, el gobierno va a protagonizar su propio Carmonazo. Este hecho, que aparentemente se le ha olvidado a aquellos mandos militares y dirigentes políticos que lo apoyan, marcará un “Antes y un Después”. A partir del 10 de enero, un gobierno presidido por maduro, será una dictadura, sumándose a la lista de las tantas que han plagado a la América Latina y que han llevado tanto dolor a sus pueblos. Será un retroceso enorme. Y, sobre todo, es la renuncia final de este gobierno a cualquier vestigio de chavismo. 

A los sectores y dirigentes maduristas (que alguna vez fueron chavistas o de izquierda), sean civiles o militares, representantes de esa pequeña burguesía que ha usufructuado toda su vida del heroísmo de otros, no les gusta para nada que llamen a su gobierno “dictadura”, pues es una “raya”. Pero eso es lo que es. 

Probablemente, muchos ya se han olvidado que Carmona Estanga se auto-juramentó, el 12 de abril de 2002,  en el Salón Ayacucho del Palacio de Miraflores, a pocas horas de haberse consumado el Golpe de Estado contra el Presidente Chávez. A Carmona Estanga, que lo sostenía entonces la violencia de los golpistas “preñados de buenas intenciones”, poco le importó haber violado la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y la voluntad del pueblo —expresada en el voto popular— que daba su apoyo al Presidente Chávez. Carmona actuaba como un dictador y se juramentaría de todas todas.

La foto de Carmona Estanga con la mano levantada juramentándose en abril de 2022 y la foto que se tomará maduro, con la mano levantada, juramentándose el 10 de enero, será la misma foto, la misma imagen, el mismo hecho político con toda su gravedad y consecuencias.

Por supuesto, no faltarán, entre los maduristas, los que digan que este Carmonazo del 10 de enero “sí es bueno”, porque “es nuestro”. Las paradojas de la historia, es que, el 12 de abril de 2002,  Carmona Estanga se juramentó como dictador, presidiendo Fedecámaras; el 10 de enero de 2025, maduro se juramentará, gobernando para Fedecámaras. Se cierra el ciclo de una Revolución traicionada. 

Lamentablemente, no está el Comandante Chávez entre nosotros, ni nadie que se le parezca. De ser así, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, lo mejor de sus oficiales, junto al pueblo llano y pobre, restablecerian (como el 13 de abril) el hilo constitucional con aquella “operación de la dignidad” y harían respetar la Constitución, que está por encima de cualquier consideración o intereses grupales. 

Ya la Constitución ha sido bastante vapuleada por este gobierno, pero hasta ahora, le ha servido para darle legalidad de origen tras el triunfo electoral de 2018, donde amplios sectores de la oposición cayeron en la trampa de no participar. Sin embargo, tras el fraude electoral en las elecciones del 28 de julio, está claro para el país y para el mundo entero, que maduro no ganó las elecciones; por ende, no tiene la legitimidad para juramentarse como Presidente del nuevo período de gobierno. Reiteramos, y no deja de ser el aspecto más importante de este artículo, que será un gobierno inconstitucional de origen.

La nueva alianza cívico–policial que gobierna el país, cree que se podrá sostener con la violencia, la represión, el miedo y el tuiter. Llenarán –como están haciendo– las cárceles y centros de detención, de venezolanos inocentes, incluidos menores de edad. Actuarán cruelmente –como lo están haciendo– exponiendo a los detenidos a tratos inhumanos y degradantes; no les importa que estén enfermos, que mueran en custodia (el pasado 12 de diciembre, se conoció la muerte de otro detenido político, Jesús Rafael Álvarez). No les importa nada, con tal de sostenerse en el poder.

La reciente actualización oral del Alto Comisionado para la Defensa de los Derechos Humanos de la ONU, Volker Türk, sobre las torturas y detenciones arbitrarias en Venezuela, sigue visibilizando un hecho que no se puede ocultar.  Aceleradamente, el gobierno se va convirtiendo en una maquinaria de terror, como emergen de las imágenes de los centros de detención y tortura del derrocado gobierno de Bashar Al Assad.

Pero gobernar un país, es más que una parodia, más que una tendencia de tuiter; se necesita legitimidad. La condición de ser un gobierno inconstitucional significa, entre otras cosas, que todos sus actos son nulos y carecen de efectos jurídicos.

Ya no se trata solo de que el gobierno ha entregado los recursos naturales: el petróleo, el gas, el oro, con base en leyes y decretos inconstitucionales y una gestión gubernamental de espaldas al país, secreta; sino que ahora, el propio origen de los funcionarios del gobierno —empezando por su presidente— carecen de legitimidad, de “auctoritas”, más aún, sus actos de gobierno y decisiones. Este gobierno no es capaz de garantizar nada y esto lo sabe el mundo entero.

Por otra parte, el país confronta una situación extremadamente compleja, en lo económico y social. El paquetazo de derecha de este gobierno, implementado desde 2018, ha sido más profundo en sus consecuencias que el del propio Milei en Argentina, convirtiéndose en una regresión de todas nuestras conquistas históricas, conduciendo a nuestro pueblo a la pobreza extrema, a la desesperanza, que no ve ninguna posibilidad de resolver su situación con este gobierno, lo que lo obliga a millones a emigrar. La patria no sólo se desangra en recursos naturales y económicos, sino en lo más preciado: se desangra de sus hijos. 

En el ámbito internacional, el gobierno está más aislado que nunca. Pensaban obtener legitimidad internacional después del Acuerdo de Barbados y con las elecciones, pero su actuación violatoria de los mismos echó por tierra, esta posibilidad. Pensaban obtener solidaridades automáticas de los gobiernos de Colombia y Brasil, y se equivocaron de “cabo a rabo”. Muy pocos países de la región reconocen el “triunfo” de maduro; el gobierno rompió relaciones y expulsó embajadores de 7 países, mientras mantiene rodeada y asediada la Embajada de Argentina en Caracas, por ofrecer protección a perseguidos políticos. 

El triunfo de Donald Trump como presidente de los EEUU y la designación de Marco Rubio, como nuevo Secretario de Estado, parecen indicar un cambio radical en la postura de la Administración Norteamericana hacia el gobierno de maduro. 

Por otra parte, lo sucedido en Siria, muestra cómo la geopolítica de las grandes potencias está por encima de cualquier interés de gobiernos de periferia, que nunca sabrán, sino hasta sus días finales, si fueron negociados como unas fichas de cambio. 

Los acontecimientos de Siria, revelan iIgualmente la importancia de la legitimidad y apoyo popular para un gobierno, que no se puede sostener con base en la violación de los Derechos Humanos. A la vez, reitera la máxima de José Vicente Rangel: “lo más peligroso de la política, es aquello que no se aprecia a simple vista”.   

En el marco de esta compleja situación internacional, tenemos el agravante de que el actual gobierno ha demostrado fehacientemente que no es capaz de defender la Soberanía Nacional, entendiéndola a ésta como un todo: la Soberanía Política, la Soberanía Económica, la Soberanía Petrolera y la Soberanía Territorial.  

Tal como establece la Constitución, “la Soberanía reside en el pueblo”, por lo que, en este momento, carecemos de Soberanía Política; la economía ha sido entregada a la conducción de factores del capital transnacional y nacional, incluidos, la nueva “burguesía revolucionaria” y Fedecámaras, por lo que, también adolecemos de ausencia de Soberanía Económica; el petróleo y el gas, han sido entregados a la Chevron y a las transnacionales en Trinidad y Tobago, en condiciones violatorias a nuestra Constitución y leyes, por ende, también hemos perdido la Plena Soberanía Petrolera.

Mientras que El Esequibo se ha perdido por la inacción e improvisación del gobierno, hoy la Exxon Mobil, la Chevron y la CNOOC de China, producen 620 mil barriles día de petróleo en aguas del Esequibo, ocupando de facto nuestro territorio y bloqueando nuestra salida a la fachada Atlántica.  

Las amenazas sobre el país y nuestras posibilidades de salir de este abismo, son inmensas y se profundizan a partir del próximo 10 de enero con la juramentación de un gobierno inconstitucional. 

Contrariamente a lo que aseguran líderes de la oposición, condimentadas con teorías especulativas del tuiter y que solo contribuyen a generar expectativas infundadas e inmediatistas, el 10 de enero no pasará nada extraordinario. Sin embargo, lo que va a suceder a partir de la juramentación de maduro, es un paso en falso para el gobierno —al no tener piso político ni Constitucional— y se establecerá una dictadura, que de cualquier manera, tiene sus días contados. La situación del país es insostenible y esta dirección política ha demostrado su estruendoso fracaso e inmensa incapacidad para conducirlo. 

El cielo encapotado anuncia tempestad y todo lo que va a suceder en la tierra tiene su tiempo y su hora, pero hay que empujarlo. Hace falta una dirección política verdaderamente revolucionaria, comprometida con el cambio político, derrotar a la dictadura y restablecer el hilo Constitucional.  Sobre el terreno, sobre el campo de batalla político, falta que surja una opción chavista y bolivariana, que sea el eje de una Gran Alianza Patriótica Cívico-Militar, que sea capaz de concitar la unidad de todos los venezolanos, para dejar atrás el sectarismo y los intereses grupales, y poner como única prioridad levantar a Venezuela y reconstruir nuestra Patria Soberana.

La explosión ocurrida en el Complejo MUSCAR, el pasado 11 de noviembre, es un hecho grave, por sus consecuencias inmediatas sobre la industria petrolera y porque refleja el profundo daño causado a la misma, luego de más de 8 años de persecución a sus trabajadores, su militarización y las sucesivas intervenciones, su desmantelamiento, abandono y la entrega de PDVSA. 

El Complejo Operativo MUSCAR, es una instalación estratégica de procesamiento gasífero ubicada al norte del estado Monagas, cerca de la población de Punta de Mata, entre los campos petroleros de Musipán y Carito. Este Complejo constituye la base de todas las actividades de manejo de gas, desarrolladas en el Distrito Norte de la División Punta de Mata de PDVSA. Su principal función es la recepción, tratamiento, acopio y distribución del gas producido en dicha área, tanto para atender el mercado interno, como para su reinyección en los yacimientos y soportar la producción de petróleo del norte de Monagas. 

Además, su influencia abarca el procesamiento del gas asociado al crudo de las unidades de explotación Furrial, Carito y Pirital, así como, la segregación óptima de gas destinado a la Planta de Extracción de Líquidos Santa Bárbara.

El Complejo MUSCAR es, además, el centro de recepción y distribución más importante de gas en Venezuela, puesto que,  en sus instalaciones, se manejan y se despacha aproximadamente el 80% del total de gas que se produce actualmente en el país, es decir, que en el mismo, se maneja todo el gas del oriente venezolano.

La explosión e incendio ocurrido en MUSCAR, no sólo paralizó el Complejo, sino que, también destruyó el múltiple y afectó el tubo troncal de transmisión de gas MUSCAR–Anaco. Este tubo es clave, pues conecta el gas procesado con el centro de distribución nacional en Anaco, desde donde se envía gas a Guayana y las empresas básicas, a Margarita, la Región Capital, la Central, la Centro-Occidental y parte de la Costa Oriental del Lago.

Sin el tubo troncal, no hay forma de transportar el gas hacia los centros de distribución, lo que afecta su disponibilidad en Margarita, Guayana y otras regiones, impactando centrales termoeléctricas y la extracción de líquidos necesarios para producir GLP (gas licuado de petróleo) , lo que agrava la crisis de cilindros de gas doméstico.

La explosión y suspensión de las operaciones en MUSCAR, obligó al cierre de pozos en los Campos de Furrial, Carito y Pirital, por motivos de seguridad, lo que representa una pérdida de alrededor de 120,000 barriles diarios de crudo.

De este total, aproximadamente, 50,000 barriles diarios, son destinados como diluyentes para procesar crudo extrapesado en la Faja, lo que afecta la producción de 125,000 barriles de crudo Merey-16, principal producto exportable de Venezuela. La afectación directa e indirecta por el incidente, alcanza cerca de 195,000 barriles diarios de producción y 125.000 barriles días de petróleo para la exportación.

Como resulta obvio, la explosión de MUSCAR es un hecho muy grave, que amerita, de parte del gobierno, una explicación seria al país, sobre sus causas y consecuencias, además de la información real de cuándo será restablecida la operatividad de este Complejo y  las operaciones en el Norte de Monagas.

Pero evidentemente, no ha sido así. El gobierno y las autoridades del Ministerio de Petróleo y PDVSA optaron por el silencio, a pesar de que las imágenes mostraban que se trataba de un evento mayor. Nadie del gobierno dijo nada, como si no fuera con ellos. Sin embargo, las explosiones sucesivas ocurridas en la Instalación y la magnitud de las llamas, además de la alarma entre las poblaciones aledañas, daban cuenta de una situación que no podía ser ignorada. Pero, ni la Ministra de Petróleo, ni el presidente de PDVSA, persona absolutamente desconocida en el sector, dieron la cara al país. Nadie dijo nada, ninguna información seria, veraz, se imponía el mutismo. 

Luego, la Ministra-vicepresidente —y de allí en adelante, todo el gobierno—, salió con la fantasiosa acusación de que, un hecho de tal magnitud, se produjo por la acción terrorista de uno de sus ex-amigos, Erick Prince (fundador del grupo mercenario BLACKWATER), a quien la misma vicepresidente recibió y le ofreció una cena privada en el año 2019. De allí en adelante, un hecho tan grave se diluyó en la diatriba de las teorías conspirativas y “ataques del imperialismo”, que son la excusa preferida del gobierno para distraer incautos, tapar sus incapacidades y esconder sus políticas.

Repite la Ministra el argumento de su antecesor, también Ministro-vicepresidente y estrella del gobierno, Tarek El-Aissami —hoy defenestrado—, que cuando se producía uno de los recurrentes incidentes en nuestra desmantelada PDVSA, recurría rápidamente al argumento del “ataque terrorista”, tal como sucedió con la explosión del gasoducto que conecta el Centro Operativo El Tejero con MUSCAR (marzo 2021), cuando señaló como responsables del “atentado terrorista” a grupos “paramilitares colombianos”; o cuando, en octubre de 2020, explotó la Unidad de Alto Vacío de la Refinería de Cardón y el mismo ministro dijo que se trató de un “ataque terrorista con un Dron”. Todo esto sucedía, mientras entregaban a sus “amigos” empresarios y militares, 23 mil millones de dólares en petróleo, que jamás regresaron al país.

Pero, aunque sean argumentos inverosímiles y gastados, de inmediato la maquinaria de propaganda, e incluso los jerarcas de la represión del gobierno, lo usaron para acusar y meter en un mismo saco a cualquiera que haga oposición política al gobierno o denuncie este desastre, sea Chavista o de la oposición tradicional, o cualquiera que interponga —en el ejercicio del derecho a la tutela judicial efectiva— un recurso legal solicitando la aplicación de la Constitución, para ser señalado de cualquier cosa en el ejercicio de la “Judicialización de la Política” o “lawfare”, instrumento de percusión política preferida del gobierno.

Pero a pesar de estas tácticas propagandísticas del gobierno —que nadie le cree—, el país sigue sumergido en el caos, mientras, el mismo remata PDVSA, el petróleo y el gas, entrega la economía y bienes del país a sus socios privados de Fedecámaras y Conindustria, que como ellos mismo han anunciado, “recibirán” más de 250 empresas estadales que el gobierno y su Ministro de Industrias han decidido entregarles, tal como pretenden hacer con Monómeros en Colombia. Si no fuera por los empresarios o la denuncia del Presidente Petro, en Venezuela no nos enteramos de la ola privatizadora, porque el gobierno no dice nada y utiliza a Erick Prince para desviar la atención. 

Mientras tanto, el caos se profundiza. La Isla de Margarita, ha sufrido un “racionamiento” de energía eléctrica (originado por la explosión en MUSCAR) de hasta 16 horas diarias desde el 12 de noviembre, así como una escasez de gasoil, que tienen a la población al borde de la desesperación. No hay luz, pero de inmediato, nuevamente, el gobierno dice que es culpa de “Erick Prince”, evadiendo su responsabilidad, tanto en lo ocurrido en MUSCAR, como en la gestión del sector eléctrico en el país. Pues Margarita, si bien es cierto que recibe gas del oriente a través de un gasoducto (que no sabemos si hoy día funciona o no), también lo es que existe un cable eléctrico que lo suministra desde tierra firme —que opera parcialmente— y dos termoeléctricas que pueden funcionar con gas o diesel, que están por el suelo. Sin embargo, es más fácil echarle la culpa “al imperialismo” o meter preso a cualquier desafortunado que consigan. 

La realidad es que la industria petrolera sigue cayendo y desmoronándose, entre la incapacidad y la entrega. El “modelo Chevron”, no funciona para el país, sólo satisface, con creces, a las transnacionales y a la nueva “burguesía revolucionaria” que se ha apoderado del sector, mientras el pueblo sigue sumergido en la desesperanza y la pobreza. 

Desde que el madurismo asaltó PDVSA, persiguiendo y encarcelando cientos de trabajadores y gerentes (que continúan presos sin que a nadie le importe la violación de sus Derechos Humanos), y se repartieron y militarizaron la empresa, la producción de petróleo ha caído de una manera catastrófica, en un colapso que llegó al 80%. 

En 2013 tuvimos una producción promedio de 3 millones de barriles día de petróleo, nivel que se mantuvo desde la derrota del Sabotaje Petrolero, hasta la muerte del Presidente Chávez y nuestra salida del sector petrolero. Estos niveles de producción y nuestra política de Plena Soberanía Petrolera, nos permitió sostener la economía del país y las conquistas del pueblo. Nadie abandonaba Venezuela.

Pero a partir del 2015 y, sobre todo, luego de la militarización con el General Quevedo en 2017, la producción cayó hasta 1,15 millones de barriles día (enero 2019) y luego llegaría a 330 mil barriles diarios con Tarek El-Aissami. A partir de la entrega de la producción a Chevron, desde enero del 2023 se ha incrementado en 200 mil barriles día, un volumen que no paga regalías, ni impuestos; es decir, es un negocio de la transnacional y del madurismo.

Si vemos la gráfica de la caída de la producción de petróleo del país durante el gobierno de maduro, junto a la cantidad de Ministros y presidentes de PDVSA presos e inclusos muertos en prisión, podremos concluir que el problema de la industria petrolera, el problema de PDVSA, está en Miraflores. Lo que ha sucedido en PDVSA, el colapso de su producción, el caos operacional, explosiones, derrames, desmantelamiento y la entrega del petróleo y el gas a las transnacionales, es responsabilidad única del gobierno, de la cúpula madurista, que tiene un control absoluto de la empresa y del país, el país del miedo.

El pasado 14 de noviembre, murió bajo custodia del gobierno, Jesús Martínez Medina, lo que lo convierte en el onceavo preso político que fallece en tales circunstancias. 

El “delito” de Jesús Martínez, fue haber sido testigo de mesa en las pasadas elecciones del 28 de julio. Como otros 2.000 venezolanos, Martínez fue detenido arbitrariamente por los Cuerpos de Seguridad del Estado, los días siguientes al fraude (en su caso, fue al día siguiente, el 29 de julio), acusados de “terroristas”, un argumento genérico que ha sido utilizado por los tribunales y la fiscalía para ejecutar la orden de represión dada de forma directa por nicolás maduro el mismo 29 de julio desde Miraflores.

La muerte de Jesús Martínez Medina constituye, no sólo un acto violatorio de la Constitución y las leyes venezolanas, que establecen claramente la responsabilidad del gobierno en preservar la vida de los detenidos, sino del Derecho Internacional de los DDHH, en particular, lo relativo al derecho a la vida. 

El fallecimiento de este venezolano, no es un hecho aislado y, por el contrario, constituye un acto más de crueldad del gobierno, enmarcado en un patrón de conducta represivo, absolutamente ilegal y violatorio de cualquier consideración humanista. Primero, porque este ciudadano anzoatiguense no ha debido ser detenido de ninguna forma, pues ser testigo electoral no constituye ningún delito en Venezuela, por el contrario, es un deber; segundo, porque era una persona gravemente enferma de diabetes, hecho que era del conocimiento de las autoridades.  

La valiente periodista Mary Pili Hernández, en un hecho excepcional en el país, publicó un tuit pidiendo su liberación por razones humanitarias, a la vez que mostraba fotos impresionantes del detenido, donde se veían las lesiones en sus piernas provocadas por tal enfermedad, lo que se conoce como “pié diabético”.  

A pesar de que los familiares solicitaron al juez, de manera reiterada e insistente, la concesión de una medida cautelar de liberación por razones de salud, la misma fue negada una y otra vez, contraviniendo al Código Orgánico Procesal Penal, que le ORDENA su otorgamiento en tales situaciones. Violaron la ley y lo dejaron morir, lo que lo convierte en otro crimen político del gobierno.

Lo sucedido con Jesús Martínez, se ha convertido en una práctica común en el sistema de justicia venezolano que actua como instrumento de la política de violación de los DDHH del gobierno de nicolás maduro, tal como lo han constatado y denunciado los Organismos internacionales de los DDHH de la ONU.

Los órganos represivos del madurismo, incluyendo cuerpos policiales, fiscales y jueces, tienen como elemento común en su accionar la crueldad, el ensañamiento, los castigos colectivos, el secuestro, la tortura y tratos inhumanos y degradantes de los detenidos políticos; y ahora, como si fuera poco, la detención arbitraria de menores de edad, una práctica aplicada por Israel en contra de los niños Palestinos en los Territorios Ocupados; o por las dictaduras fascistas del Cono Sur, como fue denunciado en “La Noche de los Lápices” y “Sinfonía para Ana”, audiovisuales donde se deja testimonio de los más de 140 estudiantes de secundaria que fueron secuestrados, torturados y desaparecidos, durante la última dictadura militar en Argentina.

Ahora el gobierno, en un ejercicio cínico del poder, en sus típicas “astucias comunicacionales”, trata de lavarse las manos y desviar la atención de estos hechos tan graves. Por un lado, deja morir con crueldad a un venezolano en prisión, sólo por haber sido testigo electoral; y ahora, libera decenas de detenidos que NUNCA han debido estarlo, como una “gracia” del “Jefe”, que lo segundones salen a atender de inmediato, para tratar de tapar este crimen. Lo peor, es que los responsables de estas actuaciones represivas esperan ser aplaudidos. Pero nada cambia, mientras no liberen a todos los presos políticos y cese la violación de los DDHH en Venezuela. 

La situación de represión generalizada y violación de los Derechos Humanos, no sólo se ha convertido en una Política de Estado con el gobierno de nicolás maduro, sino que, la misma pretende ser justificada por sus organismos de propaganda, al mejor estilo goebeliano, cuando el regimen nazi pretendia dar una justificacion etica a sus crimenes.

Los actuales gobernantes tienen sobre sus hombros la responsabilidad de no pocos crímenes políticos, incluyendo, la muerte en custodia de prisioneros. Con la tragedia de Jesús Martínez, ya son 11 los prisioneros políticos fallecidos en las cárceles, entre los que están, las del Ingeniero Nelson Martínez y la del General Raúl Isaías Baduel. 

A estos asesinatos, se suman los de Oscar Pérez, quien, junto a sus acompañantes, fue volado utilizando un RPG (lanzacohetes antitanque portátil ruso), a pesar de que habían depuesto las armas y pidieron, por las redes sociales, rendirse ante las autoridades de la fiscalía, las cuales jamás aparecieron. También la del Concejal Fernando Albán, lanzado desde el piso 10 de la sede del Sebin, y el Capitán de Corbeta Rafael Acosta Arévalo, fallecido en tortura.

Todos éstos son crímenes políticos, que se producen en medio de una nueva oleada represiva del gobierno que, luego de las elecciones, quedó al desnudo, sin apoyo popular y que se sostiene sólo por la violencia. No hay NADA que pueda justificar tales hechos, quien lo haga así ha perdido sus principios mínimos de actuación política para entregarse a la jauría del fascismo . 

Los Cuerpos de Seguridad del madurismo actúan de la misma forma que lo hicieran el SIFAC y la DIGEPOL, los temibles órganos criminales que impusieron por la fuerza al Puntofijismo. La única diferencia —y hay que decirlo—, es que, a pesar de la situación de represión generalizada en aquellos años, esos asesinatos fueron denunciados y hubo voces valientes en el Congreso, como la de José Vicente Rangel, que vencieron el miedo y lo hicieron públicamente, y se interpelaban a los fiscales, quienes tenían que rendir cuenta al país. 

Pero en estos años oscuros del madurismo, donde se ha impuesto el miedo, esta tragedia de violación de DDHH transcurre en el mas absoluto silencio.

Nadie dice nada. Los dirigentes políticos de la oposición callan; los del chavismo también. Los aliados internacionales del gobierno y la “izquierda oficial”, se hacen los locos. Los diputados sólo levantan la mano para aprobar leyes inconstitucionales. Los medios de comunicación, son del gobierno. La Fiscalía es cómplice y verdugo. Ni siquiera, tenemos la voz de la Iglesia, como cuando el Padre Jesús María Olaso sembró cátedra en defensa de los DDHH.

Por su parte,  los órganos del Estado que deberían controlar y poner freno a la acción ilegal del Poder Ejecutivo, es decir, al gobierno y a los Jefes de los Policías: el Poder Legislativo (la Asamblea Nacional), el Poder Judicial y la Fiscalía General de la República, por el contrario, actúan como instrumentos implacables de la represión del gobierno. Omiten sus responsabilidades y actúan violando la ley, lo que los convierte en cómplices y perpetradores. 

No hay ninguna instancia del Estado restaurador y reaccionario que proteja los derechos de los ciudadanos. No se guardan, ni siquiera, las formas. El madurismo hace lo que le da la gana, imponiendo en el país la cultura de la violencia del pranato. 

Este desenfreno represivo del gobierno viene acompañado de una actitud de burla hacia los familiares, sobre todo, a las madres de las víctimas. En los programas de odio y en las redes sociales, voceros y altos funcionarios se burlan del dolor de los familiares que, de forma justa, claman por la libertad de sus hijos. Olvidan, algunos de ellos, que los suyos (fundamentalmente, sus madres) salieron a las calles a reclamar la libertad de sus hijos y recurrían a cuantas instancias judiciales fuera posible, para exigir su libertad.

Los familiares y las madres de los presos políticos, tienen el derecho y el deber de reclamar la libertad de los suyos. No se puede amenazar a quien practique la solidaridad, sobre todo, si se trata de sus hijos; más aún, cuando son menores de edad y han sido encerrados, por decenas, en centros de detención destinados a presos comunes. 

El gobierno con sus medios de propaganda, ha instalado una narrativa de deshumanización de las víctimas, acompañado de un discurso de instigacion al odio, que pretende darle sustento ético a la violación de los DDHH.

Otro elemento de la crueldad del madurismo, se ejerce a través del Sistema de Justicia, el cual impone penas absolutamente desproporcionadas a los presos políticos o víctimas de la represión, acusados, siempre, de “actos terroristas”.   

Tal es el caso de tres ciudadanos, quienes fueron sentenciados a la pena máxima de 30 años de prisión por —supuestamente— haber saboteado el sistema eléctrico nacional, uniéndose a los miles de planes terroristas con los que el gobierno justifica el caos. Todo el país sabe que el colapso eléctrico, no tiene que ver ni con ataques terroristas, ni rayos especiales, ni acción de ninguna iguana, sino a la responsabilidad exclusiva de la pésima gestión del gobierno que, desde hace 11 años, tiene sometido al país entero a permanentes y constantes apagones.

Igual sucedió con el colapso de PDVSA, tras la intervención de la industria y la militarización del sector petrolero, donde cientos de trabajadores han sido los “chivos expiatorios” para justificar el desastre del gobierno, los cuales aún se encuentran encerrados, olvidados y  sin ningún tipo de derechos; mientras, otros miles salieron de la empresa. El madurismo asumió el control absoluto de todos los espacios del sector, y el resultado está a la vista de todo el país.

El evento más reciente ocurrió el 11 de noviembre, con la explosión de la planta de gas Muscar, en Punta Mata, en el estado Monagas; aunque es un evento grave, desde el punto de vista operacional, sigue estando en absoluto secreto. Ni la ministra, ni nadie, han sabido explicar al país qué sucedió y qué consecuencia tendrá al afectar la producción de crudo del norte de Monagas y la posibilidad de mezcla con crudo de la Faja Petrolífera del Orinoco para exportar. Nadie dice nada, nadie da la cara. 

El madurismo ha instalado la indolencia y el fascismo como conducta. Sus dirigentes y responsables de gobierno, se han convertido en estimuladores del odio, de la persecución y de violación de los Derechos Fundamentales consagrados en nuestra Constitución. Actúan al margen de toda consideración legal y, lo que es más grave aún, de cualquier consideración humana. 

Este gobierno y su maquinaria policial, se han ensañado en contra del pueblo indefenso, para imponer el miedo y el silencio, mientras el país continúa sumergido en el abismo del desastre creado por ellos mismos.

El madurismo no sólo ha traicionado al pueblo y a Chávez, sino que ha llevado al país a una debilidad extrema, donde el Estado Venezolano  muestra una incapacidad absoluta para hacer frente a los grandes retos, incluyendo, los geopolíticos, que se presentan en el horizonte inmediato de la patria. 

Con este gobierno, se ha perdido la soberanía del país. Han violado la Constitución y las leyes, los DDHH de los venezolanos. Se ha entregado la economía y el petróleo. Arrebataron las conquistas y garantías sociales. Se destruyó PDVSA y el Arco Minero. Se ha perdido El Esequibo. Se ha perdido la fuerza y la presencia de más de 7.8 millones de venezolanos, que debieron escapar de la patria. Se ha perdido un sueño, y con él, buena parte de la espiritualidad de lo afirmativo venezolano. ¿Qué más vamos a perder? 

En manos del madurismo, terminaremos perdiendo todo. El madurismo ha demostrado, en estos 11 largos años, que no son capaces de defender los intereses del pueblo; por el contrario, han destruido al país. Ellos reivindican la unidad civil-policial, nosotros reivindicamos al pueblo, la unidad de los patriotas, la unidad cívico-militar, aquella del 23 de enero y el 13 de abril, la de Fabricio Ojeda y Chávez, para detener este desastre, evitar la disolución o la pérdida de la Patria.