La defensa de nuestros derechos sobre el territorio Esequibo, arrebatado a nuestro país por el colonialismo inglés en el año 1899, ha sido una constante de todos los gobiernos venezolanos, por lo que nadie, con un mínimo sentido de venezolanidad y justicia, estaría de acuerdo en que nos arrebataran un área, prácticamente deshabitada, plena de recursos naturales, con una ubicación que nos garantiza el control sobre la desembocadura del Orinoco.
La defensa de nuestros legítimos derechos sobre el territorio Esequibo no puede ni debe ser acompañada de una confrontación con la República Cooperativa de Guyana, ni con el pueblo de esta joven República, que obtuvo su independencia de la Corona Británica apenas en 1966. Guyana es un país hermano, pequeño y pobre, y el territorio Esequibo representa el 25% de su territorio, por lo que la postura venezolana siempre debe ser la de buscar el camino para un acuerdo amigable y razonable entre los dos países, dejando de lado arrebatos guerreristas, xenófobos y muchas veces racistas, que alimentan la posición reaccionaria de algunos sectores políticos del país.
En el año 1966 ambos países firmaron el acuerdo de Ginebra y contar con la figura de los “buenos oficios” del Secretario General de la ONU, que permitió crear un espacio para la negociación y resolución pacífica del diferendo, más allá de las posturas guerreristas de gobiernos venezolanos en torno al tema, sobre todo cuando en el vecino país se instaló el gobierno de Forbest Burnham y luego Cheddi Jagan quienes establecieron relaciones no sólo con Cuba sino con países como China, La Unión Soviética y los países del Este. De esta forma, Guyana entró al esquema de guerra fría en el Caribe y EEUU la acusó de ser una base logística de Cuba en la lucha de la isla contra el colonialismo en Angola y Namibia, y el apartheid Surafricano.
El Acuerdo de Ginebra y los buenos oficios de las Naciones Unidas han sido mecanismos diplomáticos, útiles que permitieron llevar adelante negociaciones y acercar a las partes, aunque, sobre todo del lado guyanés, se ha criticado la duración del mismo, así como la falta de resultados concretos; la posición de Venezuela tradicionalmente, ha sido la de su “status quo”.
¿Qué fue el desencadenante que aceleró las cosas?
Fue el petróleo. Al inicio del gobierno del presidente Chávez, en el año 1999, la presidenta de Guyana, Janet Jagan, entregó concesiones de exploración de petróleo a la Exxon Mobil y otras empresas transnacionales, en 2015, el presidente guyanés Ronald Ramotar y su sucesor David Granger las extendieron a las áreas marinas del territorio Esequibo que, sin lugar a dudas, están dentro del territorio reclamado por Venezuela.
En esa primera acción de Guyana, fue el Ministerio de Energía y Minas de entonces, desde el Viceministerio de Hidrocarburos, bajo la gestión de nuestro entrañable amigo Bernardo Álvarez, se alertó a Cancillería de lo que sucedía y se solicitó al presidente Chávez la actuación diplomática para reclamar a Guyana esta acción deliberada que violaba el Acuerdo de Ginebra, lo cual se hizo de inmediato.
Adicionalmente, desde el Ministerio de Energía y Minas hicimos algo más efectivo, en términos prácticos: convocamos a la ExxonMobil y a todas las empresas involucradas en las concesiones guyanesas, que además tenían grandes intereses en Venezuela, para advertirles que no estábamos dispuestos a permitir su actividad en el Esequibo. Esto surtió efecto de inmediato y las actividades exploratorias en el área en reclamación fueron suspendidas.
A partir de esta experiencia entendimos, desde el Ministerio, que la actividad de exploración y explotación de petróleo y gas en nuestro mar territorial, actividad nunca desarrollada de manera sistemática por la vieja PDVSA, era una manera efectiva de reafirmar nuestra soberanía sobre nuestro territorio, y así lo hicimos.
Por ello, en nuestra gestión, iniciamos campañas exploratorias y desarrollo de proyectos en nuestras fronteras marítimas: el Proyecto Rafael Urdaneta (2005) en el Lago de Maracaibo, con el cual reafirmamos nuestra presencia en aguas que, según tesis colombianas, no “eran vitales” para nuestro país; el Proyecto Mariscal Sucre (2006) al norte del estado Sucre, que nos permitió tomar el control de nuestras reservas de gas en los límites con Trinidad y Tobago donde operaba la British Gas; el Proyecto Plataforma Deltana (2007) y la unificación de yacimientos de gas con Trinidad y Tobago (2007), que garantizaba a Venezuela el acceso a nuestra fachada atlántica y cerraba el paso a la pretensión de las transnacionales de llevarse nuestro gas a sus instalaciones en la Isla.
Esta intensa actividad en el extremo oriente del país, junto a la explotación de petróleo con el Proyecto Corocoro en el Golfo de Paria (2005), nos daba una presencia activa en zonas que podrían ser afectadas por las pretensiones de las transnacionales petroleras que, desde Guyana, insistían en obtener permisos de exploración y explotación en aguas del Esequibo.
Por otra parte, con el desarrollo de Petrocaribe (2005), tuvimos un rol protagónico en el suministro de petróleo y productos en la región, que nos permitió tener una presencia inusitada en todo el Caribe, incluyendo Guyana y Surinam, lo que creó las condiciones para un extraordinario despliegue político del presidente Chávez en la subregión que allanaba el camino para una solución amigable, no solo con respecto al diferendo sobre el Esequibo, sino en la delimitación fronteriza con los países del Caribe Oriental.
Luego, con la muerte del presidente Chávez y nuestra salida del Ministerio de Petróleo, toda esta ofensiva estratégica en el área de la geopolítica del petróleo fue abortada de inmediato por el nuevo gobierno.
Una inusitada debilidad política e institucional y cambio en los objetivos estratégicos.
Tan pronto como maduro asumió la conducción del país, el gobierno de Guyana reactivó la emisión de permisos de operaciones a las transnacionales Exxon Mobil, Total, Repsol, Anadarko, Tullow y CNOOC de China para la exploración de petróleo en los bloques Pomeroon y Stabroek, ubicadas en aguas del territorio Esequibo.
La primera visita oficial de maduro (2013) a Guyana, se realizó con ocasión de la V Comisión Binacional de Alto Nivel, yo aún me encontraba al frente del Ministerio de Petróleo y de PDVSA.
Insistí estar en esa comitiva porque quería que la reactivación de los permisos de exploración a las transnacionales fuese un tema de conversación entre los presidentes maduro y Ramotar, como efectivamente sucedió.
En la reunion de los presidentes y cancilleres, hice una exposición sobre nuestras preocupaciones como país y la entrega de los mapas elaborados por nosotros, donde se indicaba en detalle la violación al territorio en disputa debido a las concesiones reactivadas por Guyana. La respuesta del presidente Donald Ramotar y de la canciller Carolyn Rodrigues-Birkett fue evasiva, dando a entender que desde el Ministerio de Recursos Naturales de Guyana había poderosos intereses. Por otra parte, la actitud de maduro fue esquiva y de absoluta indiferencia, no dijo nada, para él lo que estábamos discutiendo “eran cosas de Ramírez”. El tema no fue valorado por maduro en toda su dimensión estratégica y geopolítica.
El gobierno guyanés siguió avanzando y comenzó a realizar el levantamiento de sísmica en aguas del Esequibo. Con una acción decidida, nuestra Armada, el 16 de octubre de 2013, detuvo al buque exploratorio que estaba trabajando para la petrolera Anadarko en aguas del territorio en disputa.
En una reunión de la Vicepresidencia Política de gobierno, expuse la gravedad del avance de las transnacionales en las áreas reclamadas por Venezuela, sin embargo, la Presidencia de la República, ante las presiones de Guyana, decidió devolver el buque.
En esa oportunidad, recomendé a nuestras autoridades confiscar la data sísmica capturada antes de devolver el buque exploratorio, pues era necesario impedir que las transnacionales tuviesen la información vital para la planificación de su perforación. No fue así, los buques se retiraron y se llevaron todo el detalle del yacimientos que habían recabado en el Esequibo.
Una vez que me incorporé a la Cancillería (septiembre 2014), tras mi salida de PDVSA y del Ministerio de Petróleo, me sorprendió de manera especial el caos, abandono y debilidad de esta institución tan importante para el país, en términos de política internacional.
En los escasos tres meses que estuve allí, atendí los temas prioritarios de mis nuevas funciones, entre ellos: la elección de Venezuela en el Consejo de Seguridad de la ONU y el 69 avo. período de Sesiones de la Asamblea General en Nueva York la Cumbre del Cambio Climático en Lima (COP20); la 166ª Conferencia de Ministros de la OPEP –de la que continuaba siendo representante–, entre otras actividades internacionales. Además de las funciones propias de atención a los embajadores acreditados en el país y las actividades inherentes a mi cargo, me tomé el tiempo para revisar la situación de la Cancillería, mudando mi despacho desde Casa Amarilla al edificio principal, por cuanto me parecía insólito que el Ministro no estuviere en la sede de los trabajadores, arreglando la infraestructura, resolviendo problemas que generaban vejaciones a los trabajadores –producto de la desidia y el desinterés– y, a la vez, concentrado en mejorar las paupérrimas condiciones de trabajo y de vida de quienes allí laboraban.
Pese a todo este esfuerzo, rápidamente noté que maduro no permitiría ninguna acción dirigida a cambiar o mejorar el estado generalizado de caos y abandono institucional. Descubrí que estaba siendo grabado y vigilado en mi propio despacho.
En seis años como Canciller, maduro convirtió la Cancillería en lo mismo en que ha convertido al país en 7 años como presidente: un cascarón vacío, sujeto a los caprichos e intereses de su entorno. Era una Cancillería en ruinas que, sin embargo, contaba con un conjunto de profesionales jóvenes y viejos, comprometidos con su tarea, dispuestos a aguantar ese caos y muchas veces los atropellos, con tal de poder ejercer la actividad diplomática y defender los intereses del país.
El grupo de profesionales que llevaba el tema fronterizo, especialistas que durante años llevaban el diferendo con Guyana sobre el Esequibo, fueron segregados y señalados de “escuálidos” por el madurismo. Los oficiales militares que durante años manejaron estos asuntos eran objeto de burla, por su “obsesión en el tema”.
Me di cuenta que el asiento institucional de algo tan estratégico para el país, estaba desmantelado y al grupo de profesionales que poseía el conocimiento, los habían hecho de lado o sustituido por los incondicionales y amigos del grupo de poder de la Casa Amarilla.
DESDE LAS NACIONES UNIDAS
Llegué el 5 de enero de 2015 a Nueva York, como Embajador, Representante Permanente de Venezuela ante las Naciones Unidas, en la oportunidad de asumir nuestro puesto como miembro no permanente del Consejo de Seguridad.
En mayo de 2015, fue electo presidente de Guyana David Granger, un militar retirado que arribó al poder de la mano de las transnacionales del oro y petróleo, quien traía como meta clara resolver a su favor el diferendo sobre el Esequibo durante su mandato.
Inmediatamente, Guyana otorgó masivos permisos de explotación de oro en el territorio en disputa, y dio luz verde a las transnacionales para acelerar sus trabajos de exploración y producción petrolera en aguas del Esequibo.
El 27 de mayo de 2015 el Ministerio de la Defensa venezolano emitió unos mapas de las nuevas “zonas operativas de defensa integral marítima insular”(los cuales modificó unos días después), que adolecían de graves errores, al señalar dentro de sus áreas de competencia límites del mar territorial del Esequibo que forman parte de la disputa con Guyana. Parecía una provocación, de la que Guyana sacó partido denunciando a Venezuela como un país agresor.
Nosotros, desde la Misión de la ONU, alertamos a Cancillería que el tema se había convertido en un asunto prioritario para Guyana, y este país y su cancillería estaban desplegados en una ofensiva diplomática, por lo que sugerimos a maduro, que durante su segunda visita como presidente para atender el 70avo. período de Sesiones de la Asamblea General (año 2015), hiciese mención al tema, tanto en su discurso, como en las escasas bilaterales que sostuvo, para explicar nuestra posición.
Sin embargo, nuestras recomendaciones fueron desestimadas, mientras que Granger no perdió oportunidad en la Asamblea General de la ONU, para hablar respecto a los supuestos derechos de Guyana sobre el Esequibo en todos los niveles diplomáticos, durante la cita de la política internacional por excelencia. Para maduro seguía siendo un tema no prioritario.
Mientras desde nuestra Cancillería se desarrolló una política del tuiter caracterizada por los insultos, arrebatos personalistas y la presencia de un grupo de dirección errático y caprichoso en su accionar. La canciller era la horma del zapato de maduro.
Es notable cómo nuestro país perdió en tan poco tiempo todo el espacio político ganado en el Caribe y en latinoamérica durante el período de gobierno del presidente Chávez. Debido a la incontinencia verbal de nuestra canciller y de maduro, se fue creando un ambiente de hostilidad creciente contra nuestro país en toda la región. Hostilidad que Guyana, con la acción permanente de su Canciller y su Presidente, lograron capitalizar en apoyo a sus pretensiones sobre el Esequibo.
El 27 de septiembre de 2015 se produce un encuentro entre maduro, David Granger y Ban Ki-moon –a instancias de este último– para buscar una fórmula de continuar con los buenos oficios del Secretario General de Naciones Unidas en el diferendo sobre el Esequibo. Fue una reunión tensa, nada amistosa, donde, a pesar de que maduro traía fotos desmontando los fake news del gobierno de Guyana respecto a la presencia de naves militares amenazando a Puerto Príncipe, el protagonismo lo tenía el presidente guyanés, quien lo atropelló con su verbo y su clara estrategia al respecto. maduro lucía indeciso y sin carácter para hacer frente a lo que se estaba configurando en contra de la posición del país.
El Secretario General, Ban Ki-moon, no ocultaba su molestia por el hecho de que, luego del fallecimiento del buen oficiante Norman Girvan (2014), Venezuela no hubiese estado de acuerdo con los sucesivos candidatos propuestos por la Secretaría General de la ONU para reasumir los trabajos de los “buenos oficios”. Mientras Venezuela no estaba de acuerdo con ninguno de los candidatos presentados, todos eran rechazados tanto por la canciller como por maduro, acusados de “espías” o “agentes de la CIA”, mientras Guyana –jugando a dejar que se agotara el tiempo y la paciencia de Ban Ki-moon– aprobaba todas las propuestas.
Llegó el término del período de Ban Ki-moon como Secretario General y, en vista del silencio y dilación de Venezuela respecto al buen oficiante, este estaba decidido a recomendar, el cese de sus buenos oficios y el diferendo fuese llevado ante la Corte Internacional de Justicia, parte del Sistema de las Naciones Unidas.
Mientras, nosotros desde la Misión Diplomática de Venezuela en las Naciones Unidas, teníamos un rol activo en el seno de la misma para fortalecer la posición del país, a pesar de la falta de conducción desde Caracas y el caos de la gestión en Cancillería. Asumimos espacios donde pudiésemos concitar apoyos de los países que tradicionalmente eran nuestra base y donde Guyana trataba de incidir.
Trabajamos intensamente desde el Consejo de Seguridad, en el Comité de Descolonización (dos períodos consecutivos como presidentes 2016-2017), desde el Comité por los Derechos Inalienables del Pueblo Palestino, desde el Alba, desde lo que quedaba de Petrocaribe, fuimos electos presidente de la 4ta Comisión de la Asamblea General (2017) y Vicepresidentes de la 1era Comisión, formamos parte del Buró del Movimiento de Países No Alineados, tuvimos un alto protagonismo político, a pesar del estrangulamiento presupuestario que sufríamos desde la Cancillería, además de todo tipo de obstáculos en el desarrollo de nuestra gestión.
Dada la relación desarrollada con Ban Ki-moon, le argumentamos y convencimos que una decisión tan importante, como la que él quería tomar, debía ser asumida por el nuevo Secretario General, Antonio Guterres –con quien también habíamos desarrollado buenas relaciones–, no solo,la cercanía política por ser una persona progresista y equilibrada, sino por el apoyo que le otorgamos desde el Consejo de Seguridad de la ONU junto al resto de los países progresistas del Consejo para su elección como nuevo Secretario General del Organismo.
Logramos que el Secretario General Ban Ki-moon traspasara la decisión al Secretario General entrante Antonio Guterres, quien fue enfático: daría un año a los países para que alcancen algún acuerdo que permita demostrar que existe voluntad política de buscar una solución en el marco del mecanismo de los buenos oficios, una vez que Venezuela aceptara su buen oficiante, el noruego Dag Nylander.
En las primeras reuniones que tuve con Dag Nylander, este me confesó –con pena y confusión– que la canciller venezolana le había pedido que no tratara este tema conmigo, a pesar de ser yo en ese momento el embajador de Venezuela ante la ONU (lo cual obviamente era el canal natural, como sucedía en el caso de Guyana), sino que lo tratara con su “experto”, Samuel Moncada.
De allí en adelante, mientras Moncada publicaba libros y hacía programas en VTV, Guyana utilizaba muy bien su tiempo y las transnacionales avanzaban de manera confiada en sus trabajos, ante la debilidad de Venezuela.
Fue en ese momento cuando, por una razón fortuita, me enteré de las negociaciones del gobierno con la ExxonMobil. Con ocasión del triunfo de nuestro país sobre la ExxonMobil en los juicios de arbitraje internacional que llevábamos ante el CIADI (marzo 2017), preparé una conferencia en la ONU para explicar la magnitud de nuestro triunfo, muy útil como experiencia para los países dueños de recursos naturales que enfrentan los arbitrajes internacionales, el nuevo mecanismo del neocolonialismo económico del sistema económico internacional.
Fui sorprendido por una llamada del entonces ministro de petróleo, Nelson Martínez, quien con pena y en base a la amistad y el conocimiento que nos teníamos, me dijo que el presidente no quería que yo resaltara nuestro triunfo en el juicio sobre la ExxonMobil, pues el gobierno intentaba llegar a un acuerdo con la transnacional para explotar el petróleo en el Esequibo. Es por ello, que el comunicado del gobierno en esa ocasión fue tan tibio que parecía que hubiésemos perdido.
Mi respuesta fue de contundente rechazo; mi sentimiento, de pena. ¡Hasta dónde había llegado el gobierno! Pero hice mi conferencia e indagué en la ciudad, en los sectores relacionados, sobre estas negociaciones secretas. Gracias a una fuente directa me enteré que, siguiendo instrucciones de maduro, la canciller solicitó una reunión con la ExxonMobil para proponer un esquema de explotación conjunta de petróleo en el Esequibo. Lo penoso de todo esto, además de la propuesta en sí y el doble discurso del gobierno que nos dejaba muy debilitados ante la transnacional en cuanto a nuestra determinación y fuerza, fue que la empresa ni siquiera se dignó a recibir (los dejaron esperando) a tan altos funcionarios del débil gobierno venezolano.
El 30 de enero de 2018, el Secretario General de la ONU, Antonio Guterres, ante la falta de voluntad política y de avances concretos en la vía hacia un acuerdo amistoso, da por concluido el mecanismo de sus “buenos oficios” y la actividad de Dag Nylander como su enviado especial, recomendando que la Corte Internacional de Justicia conociera del caso y resolviera este prolongando diferendo.
Mientras tanto, la ExxonMobil anunció sus descubrimientos y el inicio de su producción en el área en disputa, lo cual colocó a Guyana en el cuadro de países productores de petróleo a pesar de que los contratos aceptados por el hermano país son tan leoninos como injustos.
La actividad de la ExxonMobil, además de las empresas Total, Tullow, Repsol, Anadarko y la empresa CNOOC de China, no solo están produciendo petróleo que podría ser venezolano -en clara violación del acuerdo de Ginebra y de la buena fe de Guyana respecto a la actuación en torno a este diferendo- sino que bloquean de hecho nuestra salida al Atlántico, nuestra fachada marítima más importante.
El silencio y la inacción de todo el país es solo una muestra de la terrible crisis política, institucional y moral que nos aqueja.
Este problema de la inminente pérdida del territorio Esequibo lo he alertado y denunciado, tanto como Embajador en la ONU, como en mis escritos desde el exilio: “Berruecos” (febrero 2018), “Las Caras de Judas” (abril 2018), “La danza de los demonios” (mayo 2018), “Guyana” (junio 2018), “Entre la incapacidad y el miedo” (agosto 2018), “10 de enero, La Patria Exhausta” (enero 2019), “Estos irresponsables buscan una guerra” (septiembre 2019), “La verdad sobre el Esequibo” (septiembre 2019), “¡Qué pelón!” (diciembre 2019), además de un un trabajo audiovisual publicado en octubre de 2018, pero NINGUNO DE LOS RESPONSABLES ESCUCHÓ, ¡NADIE HIZO NADA!
En un contexto como el actual, donde el discurso político está saturado por la intolerancia, el odio, el tuiter, la consigna y el miedo, parece no haber lugar para lo que la gravedad de la situación requiere: una profunda discusión política sobre lo que está sucediendo, junto a un pueblo movilizado por las sagradas razones para luchar antes de que todo se pierda.
Todos han sido negligentes e irresponsables en este asunto: el gobierno de maduro y su Cancillería, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana –que tiene la responsabilidada de salvaguardar nuestra soberanía e integridad territorial, más allá del discurso y retórica guerrerista–, la Asamblea Nacional Constituyente, la Asamblea Nacional, los factores políticos del país.
Nuestra Constitución es clara en establecer responsabilidades sobre la defensa y custodia de nuestra soberanía e integridad territorial. El madurismo y sus programas de odio, con un discurso vacío de tinte patriotero y antiimperialista, han guardado un silencio cobarde y criminal ante el despojo, por no tener el valor de darle un parao a las transnacionales y mucho menos a la ExxonMobil, empresa que se aprovecha de la debilidad política e institucional de ambos países para avanzar en el saqueo de nuestros recursos naturales.
La oposición no dice nada por temor a sus mentores políticos, incluso una señora autoproclamada de guaidó en Londres dice que “no hay que decir nada”, y , efectivamente, ¡tampoco dicen nada!
Todo esto ha sucedido en medio del caos, de la crisis, del silencio y la censura impuesta. Igual sucede con la entrega del petróleo, la privatización de PDVSA, la entrega del oro y destrucción del Arco Minero, la imposición del paquetazo, la desnacionalización del país.
Como he venido alertando, la conducción del país no puede estar en manos de sectores tan irresponsables, erráticos y antinacionales, a quienes no les importa entregar todo con tal de mantenerse en el poder. Ahora habrá otra “jornada de resistencia” para tratar de defender en la Corte Internacional de Justicia, o en el tuiter, lo que no han sido capaces de defender desde el poder real de la conducción del Estado.
El pueblo venezolano, sus sectores políticos y sociales, tienen que salir de la distracción electoral, de la dinámica de los escándalos habituales y, más allá de sus odios o temores personales o grupales, darse cuenta que la patria reclama una acción decidida para detener este desastre de gobierno, que ha permitido el socavamiento de nuestras posibilidades de salir de este abismo. Nos dejan un país en bancarrota, entregado a las fuerzas más hostiles del planeta, que se apropia de nuestros recursos estratégicos.
Mi General, tal como dijo en el discurso con ocasión del 199º aniversario de la Batalla de Carabobo, “en este país no habrá ni golpe de Estado, ni junta de transición, ni gobierno de facto”. Bien, pero le pregunto ¿y la Constitución, la democracia participativa y protagónica, los derechos consagrados en ella, el petróleo, la soberanía?, ¿dónde quedó el sueño Bolivariano?, ¿dónde está, dónde vive, la lucha de Chávez? Parece que de nuevo hemos arado en el mar, de seguir como vamos, le pregunto ¿habrá patria para nuestros hijos y las generaciones futuras?