El Amazonas, cuyo 65% de territorio se encuentra en Brasil, se consume en llamas desde hace más de 17 días continuos.  Según el Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales de Brasil (INPE), entre el 1 de enero y el 22 de agosto se han producido 76.700 incendios a lo largo de toda su extensión, de los cuales 9.500 se han reportado desde la semana pasada, que han exterminado más de 1,5 millones de hectáreas de bosques de la mayor reserva forestal del planeta, hogar de 3 millones de especies naturales y animales, y que aporta el 20% del oxígeno del mundo.

Aunque los incendios en el Amazonas son un fenómeno recurrente, sin embargo, su número se ha incrementado de manera extraordinaria, un aumento del 85% con respecto al año pasado, según informó el indicado Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales brasileño (INPE), desde que asumió el gobierno Jair Bolsonaro en Brasil, quien tomó posesión en enero de este año, prometiendo abrir la selva amazónica a la industria agroganadera y minera, desregulando leyes medioambientales y de protección de las comunidades indígenas, y rodeado de “negacionistas” que, como el Ministro de Asuntos Exteriores, Ernesto Araújo, consideran que el cambio climático es “un engaño marxista”.

Su campaña electoral y su gestión de gobierno, marcadamente de extrema derecha, ha sido acompañada por el sector ganadero y agrícola (el de la Soya), quienes sostienen que necesitan más tierra para sus negocios,  promoviendo la deforestación ilegal, para la cría de ganado, tal como ocurrió recientemente, cuando el diario local de Novo Progreso (estado de Pará) convocó la semana pasada un “Día do Fogo” (día de fuego), en el que decenas de agricultores incendiaron sus propiedades para mostrar su apoyo al presidente Bolsonaro. 

Por su parte, el general Augusto Heleno Pereira, asesor principal de Bolsonaro, declaró que “era una tontería, que el Amazonas fuera parte del patrimonio mundial”. La derecha brasileña esgrime el mellado recurso del nacionalismo para avanzar en la explotación de la Amazonía, bajo el argumento de que ésta es un territorio muy extenso que debe ser aprovechado económicamente y, en fin, que se impone la necesidad de explotar sus inmensos recursos naturales a favor de Brasil, es decir, … de ellos.

Así, Bolsonaro, quien se ha proclamado, en su estilo cínico-autoritario “el capitán motosierra”, ha desregularizado la protección sobre la Amazonía, promovido la extensión de las tierras cultivables en el Amazonas, atropellado a los pueblos indígenas, cancelado acuerdos internacionales de protección del Amazonas (Fondo Amazonia), ocultado cifras de deforestación y,  despidió a comienzos de mes de agosto al director del INPE, el ingeniero Ricardo Magnus Osorio Galvao, después de que dicho organismo encargado de supervisar la deforestación de Brasil, divulgara datos que revelaban la dimensión del desastre medioambiental, y, vaya sorpresa, ha acusado a las ONG ambientales de provocar los incendios como parte de una “conspiración” en su contra. 

Los organismos especializados en el área ambiental, instituciones reconocidas en el Brasil por la protección del Amazonas, denuncian que los incendios son provocados por los ganaderos o sectores agrícolas, pués, por las características de Selva Húmeda del Amazonas, los mismos no son espontáneos. La práctica extendida ahora con el permiso del gobierno de Bolsonaro, de deforestar las áreas, es la de esperar al menos cuatro meses para que se seque el material vegetal y sólo entonces se le prende fuego. 

Es decir, un gobierno de derecha, con un presidente autoritario, destruye la Amazonía, arrasa con el medio ambiente y desplaza a los pueblos indígenas, con tal de apropiarse de sus tierras y recursos naturales. Su programa económico de derecha, avanza a pesar de cualquier consideración ambiental o responsabilidad que exista en preservar la última gran reserva forestal del mundo, en un planeta que se dirige inexorablemente al desastre climático de manos del capitalismo, un sistema económico insostenible que requiere para su expansión de todos los recursos naturales posibles, un sistema depredador.

Pero el título del artículo de hoy “Amazonas, el negocio de este mundo” nos recuerda que Venezuela es parte integral de la Amazonía. A través de la obra cinematográfica de Carlos Azpurua: “Yo hablo a Caracas” (1978), “Caño Mánamo” (1983) y “Amazonas, el negocio de este mundo” (1986), comenzamos a tomar conciencia de lo que sucedía en nuestros extensos territorios selváticos al sur del Río Orinoco, tierras ancestrales de nuestros pueblos originarios, reserva forestal de agua dulce y de inmensos recursos naturales.  

Eran los años de la denuncia: a pesar de los problemas y limitaciones impuestos por la IV República, la izquierda no tenía miedo, ni ningún tipo de compromiso, por lo cual, era rebelde, libre, y, en consecuencia, cumplía con su deber histórico de estar al lado de los pueblos más vulnerables, en defensa de sus cultura y tradiciones, en defensa de nuestra soberanía, nuestros inmensos recursos naturales, nuestros ríos y bosques. 

Este tipo de denuncias, que recoge declaraciones y testimonios de indígenas, campesinos, del Vicario apostólico, además de las interpelaciones en el marco de una investigación llevada a cabo por el antiguo congreso de la República a partir del “Informe Mariño” que denunciaba la presencia y actividad de las misiones norteamericanas “Nuevas Tribus”, además de visibilizar y exponer a la luz pública lo que pasaba en nuestro territorio amazónico, con nuestros pueblos originarios y la vulneración a nuestra soberanía, nos daba una dimensión de los inmensos recursos minerales, estratégicos, que contenían las entrañas de la selva y que al fin y al cabo, eran y fueron siempre el objetivo de los intereses extranjeros y de los grupos económicos que medraban en el territorio.

Al igual que Bolsonaro hoy día estimula en Brasil la depredación y arrase del Amazonas brasileño, con la motivación de explotación económica y el interés de apropiarse de tierras y recursos naturales de un área que se supone debe ser protegida;  avanza maduro haciendo peores daños que los que se denunciaban entonces en la Amazonía venezolana.  

Como en Brasil Bolsonaro, maduro es el dueño del  desastre del Arco Minero, donde se depreda nuestro medio ambiente, bosques y reservas de agua, para apropiarse de las tierras de los pueblos indígenas y explotar de manera salvaje nuestros inmensos y estratégicos recursos minerales.

En su ya acostumbrado ejercicio de cinismo, el gobierno nacional emite un comunicado donde expresa “su preocupación” por los “gravísimos impactos” de los incendios en el Amazonas “…sobre la población, los ecosistemas y la diversidad biológica de la zona, …” Ésto lo dice un gobierno que, con base en una mentira infame, ha desarrollado lo que ellos llaman el “Arco Minero”.Pero la mentira infame es que maduro manipuló y utilizó el nombre y desvirtuó la idea del presidente Chávez del Arco Minero, para justificar la mayor depredación de nuestro ambiente de nuestra historia contemporánea. 

Lo que el presidente Chávez pensaba del Arco Minero, donde el río Orinoco, sería la bisagra, el eje de desarrollo tanto de la Faja Petrolífera del Orinoco, para reflotar, apalancado con el desarrollo y las necesidades industriales de la Faja Petrolífera, nuestro desarrollo minero e industrial YA existente al sur del río, incluyendo Ciudad Guayana, Ciudad Bolívar y los Pijiguaos, no tenía nada que ver con intervenir las áreas protegidas ambientalmente, ni los Parques Nacionales, ni promover la pequeña minería ilegal, ni emplear los métodos destructivos de la minería a cielo abierto. Mucho menos desplazar a nuestros pueblos indígenas, ni entregar la explotación de nuestros recursos estratégicos a transnacionales como la Gold Reserve, los grupos económicos del madurismo, los militares, impulsando la proliferación descontrolada de la pequeña minería y la presencia de grupos irregulares y paramilitares.

 El Arco Minero de maduro (Decreto Nº 2.248 de febrero de 2016), ha significado entregar a la explotación minera, más de 111.843,7 kilómetros cuadrados de territorio selvático y amazónico venezolano, 12 % del territorio nacional, una extensión mayor que el territorio de Cuba, Islandia o Corea del Sur, que abarcan reservas ambientales y territorios indígenas protegidos legalmente, donde habitan más de 198 comunidades indígenas. Al menos cinco áreas protegidas en Venezuela ya están siendo deforestadas por las actividades mineras ilegales. Siete monumentos naturales y cinco parques nacionales se encuentran dispersos en todo el Arco Minero de Venezuela.

Uno de ellos es el Parque Nacional Canaima, declarado Patrimonio Natural de la Humanidad por la UNESCO, el cual  abarca 30.000 kilómetros cuadrados, se caracteriza por su extensa selva, Tepuyes , el Salto del Ángel, además de una rica flora y fauna.

La región destinada para desarrollo minero también incluye la Reserva Forestal de Imataca (3.800.000 hectáreas); las reservas de La Paragua y El Caura (5.134.000 hectáreas combinadas); el Monumento Natural Cerro Guanay; más el río Caroní (que abarca 96.000 kilómetros cuadrados), impactando la cuenca del río Orinoco y sus ecosistemas.

En el decreto se establecen áreas para la explotación de oro y coltán, los dos minerales que se han llevado los titulares informativos  desde entonces, pero también de diamante, bauxita, cobre, dolomita, hierro, caolín y tierras raras; sin los estudios de impacto ambiental, ni mucho menos sus respectivos planes de remediación para  una región donde se han contado más de 5.000 especies de insectos, aproximadamente 5.000 especies de plantas, 850 especies de aves, 205 especies de anfibios, 204 especies de reptiles, 257 especies de mamíferos y 654 especies de peces.

Estas decisiones las tomó el gobierno de maduro unilateral e inconsultamente, mintiendo sobre el hecho de que esa hubiese sido la idea del presidente Chávez, pero además, violando flagrantemente los Tratados Internacionales en materia de protección ambiental,  la  Constitución, la Ley de Demarcación y Garantía del Hábitat y Tierras de los Pueblos Indígenas (2001) y la Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas (2005); no se realizaron las consultas con los pueblos originarios, ni se respetaron sus tierras, ni se protege el modo de vida ancestral de las distintas etnias.

Además de la devastación ambiental, los pueblos indígenas han sido desplazados de sus tierras o absorbidos por la actividad de la minería ilegal; las condiciones de vida de los campamentos, la precariedad de la protección social, la ausencia de autoridad y presencia del Estado, los ha empujado a las actividades criminales, la prostitución, la pobreza y las enfermedades, como el resurgimiento y expansión de la malaria y otras enfermedades, además, de la contaminación por mercurio.

Mención aparte hay que hacer de la presencia de empresas militares en la actividad minera extractiva. Se corrompe a los oficiales y componentes enteros de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Se coloca a la Fuerza Armada en puja por el negocio, a proteger áreas de actividad ilegal, a convivir con grupos irregulares o paramilitares, en una mezclade la que no ha salido nada bueno. Se le hace un profundo daño a la institución que tienen el monopolio de la violencia, y que se supone que debe ser garante de nuestra soberanía e integridad territorial.

maduro, igual que bolsonaro, hace lo que quiere, no le rinde cuentas a nadie, pero a diferencia del presidente brasileño, maduro lo  que busca profundizar es un modelo minero extractivo, salvaje, brutal, depredador. Dos personajes autoritarios, avanzando por encima de todas las instituciones, para concretar sus planes y satisfacer sus intereses económicos, en un programa económico evidentemente de derecha, depredador y que viola los derechos de los pueblos originarios. 

El oro, coltán, diamantes se los llevan de la patria.  Ha surgido una nueva clase política, muy corrupta, que ha hecho ahora de la explotación y apropiación de estos minerales una de sus fuentes, junto al menguado petróleo, de enriquecimiento y poder. Con sus opacos intereses, sin rendir cuenta a nadie, barriendo el piso con el quinto objetivo del Plan de la Patria del pueblo venezolano:  “Preservar la vida en el planeta y salvar la especie humana”, las riquezas del pueblo venezolano salen hacia cualquier país o destino que los reciba sin preguntar mucho si están manchados de sangre.

Uno de los elementos más peligrosos de la gestión gubernamental es el fenómeno de la paulatina y constante entrega de nuestra soberanía, de nuestros recursos naturales y empresas Estatales.

El gobierno anuncia que una empresa transnacional china entrará a operar Cantv y Movilnet, las separará e intervendrá para “reflotarlas”. Así como si nada, ¡listo! maduro decide entregar, de espaldas al pueblo, dos empresas estratégicas para el país, que fueron nacionalizadas por el presidente Chávez en 2007.  

Nadie sabe nada, de qué se trata realmente, ni porqué, ni los términos y condiciones. No saben ni los obreros de la propia empresa, ni los antiguos directivos, tampoco la Asamblea Nacional Constituyente y mucho menos la Asamblea Nacional.

Se habla de un “holding”, de una empresa nueva, con esquemas confusos y maniobras semánticas para enredar y ocultar la verdad: Se ha entregado la operación de la empresas a una trasnacional. El gobierno hace lo que quiere, sin el más mínimo respeto, no solo por el vapuleado legado del gobierno del presidente Chávez, sino por las leyes, los mecanismos de funcionamiento y control de la Administración Pública o de la Constitución. 

El gobierno estaría entregando la operación de dos empresas emblemáticas para el país: Cantv y Movilnet a una empresa transnacional china, que podría ser de cualquier nacionalidad, turca, rusa o norteamericana, eso es indiferente, para que las “intervenga” y “reflote”. Se consuma así, otra entrega, otro retroceso en el ejercicio de nuestra soberanía, es decir, la capacidad de manejar asuntos estratégicos para el funcionamiento del país en favor de su independencia. En este caso estaría involucrado todo el sector de las telecomunicaciones. 

¿Quién controlará a los chinos, especialistas en vigilancia, escucha y control? ¿Quién tendrá el control de los servidores y bases de datos de las empresas del país, de PDVSA, del TSJ, de los Registros Públicos, del SAIME, del SENIAT, del CNE, de los sistemas automatizados del país? Será que  ahora con maduro repetimos el drama de Intesa en PDVSA (cuando se entregó el cerebro electrónico de la empresa a una empresa privada norteamericana), solo que ahora se privatiza el cerebro electrónico de todo el país, sin excepción. Preguntas que debemos hacernos, sobre todo porque si, en este momento, usted trata de acceder del piso 6 hacia arriba de la Torre Cantv de la Avenida Libertador, no lo puede hacer sin un carnet emitido directamente por la referida empresa china. 

Todos recordamos cuando en el año 1991, el gobierno de Carlos Andrés Pérez privatizó Cantv a favor de un consorcio liderado por la empresa norteamericana GTE, en medio de la ofensiva neo-liberal y privatizadora de los mismos que hoy proponen un “plan país”. La única diferencia con lo que sucede hoy día es que, en aquel momento, al menos se discutió en el antiguo Congreso. Recuerdo la férrea oposición de la fracción parlamentaria de la Causa R, en absoluta minoría, y específicamente al profesor Aristóbulo Istúriz, entonces combativo diputado, para tratar de impedir el acto de venta de la empresa, en un gesto desesperado pero digno, mientras que la oposición de entonces recurría en contra de la privatización ante la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía General de la República. 

Los sectores revolucionarios de ese período tenían un discurso contra la privatización o entrega de empresas del Estado. ¿Y ahora? ¿Qué ha pasado con aquel discurso? ¿O será que hay transnacionales buenas y transnacionales malas, entregas buenas y entregas malas? 

¿El gobierno ha entregado Cantv y Movilnet? ¿Quién discutió ésto? ¿Dónde se decidió? ¿Por qué? ¿Cuáles son los términos y condiciones de esta entrega, de esta cesión absoluta de operaciones, de esta intervención? ¿Cuál es su alcance? Pero lo más grave, es que no hay órgano al que recurrir, nadie se atreve a decir nada, de facto no existe ya el control Contencioso Administrativo, el Constitucional, ni  siquiera la Acción de Amparo. No se puede acudir al tsj, mucho menos a la fiscalía. Quien diga algo corre el riesgo de ser acusado de conspirador y de ir preso, sea trabajador, sindicalista, gremialista o político. Será “juzgado” en cadena nacional y por tuiter directamente por maduro con el aplauso de su círculo íntimo. Se llamará a hacer una manifestación para defender nuestras “decisiones soberanas” antiimperialistas. Le tocará esperar audiencias diferidas decenas de veces, en La Tumba o El Helicoide y será calificado “ad perpetuam” de “corrupto”.

Ahora, en medio de la peor crisis de nuestra historia republicana, con un gobierno sin ningún tipo de control, que no le rinde cuentas a nadie, donde se hace “lo que maduro diga”, avanza un proceso, más grave que el de aquellos años, de ofensiva neoliberal. Ahora sin ningún respeto por la ley, sin instituciones del Estado que controlen la acción del gobierno, en secreto, en medio de la desestabilización y los efectos devastadores del paquetazo del desastre, entre la incapacidad y el miedo, se entrega el país. 

Así como la privatización de aquellos días era parte integral del paquetazo de CAP; la entrega de hoy es parte del paquetazo de maduro que justamente cumple un año marcado por otro fracaso en toda la línea, un paquetazo que solo sirvió para arrebatar los beneficios y conquistas laborales de los trabajadores venezolanos, además de dar la estocada final al salario y el valor de nuestra moneda.

Por supuesto que esta entrega ha sido antecedida por una pésima gestión gubernamental. A pesar de que al frente de Cantv ha estado un cuadro con suficientes credenciales técnicas, el gobierno estranguló a la empresa, se le restringieron los recursos, se postergaron las inversiones, decisiones, se deterioró el servicio, se creó un ambiente perfecto y propicio para “justificar” su privatización. El público está harto del pésimo servicio de Cantv, de Movilnet, de las fallas de internet. Quiere cualquier cosa, “siempre será menos malo de lo que hay ahora”. El madurismo sigue dando argumentos para promover el remate del país, es el madurismo el primer promotor del “plan país” de la oposición. 

Estamos ante una lógica desnacionalizadora: el gobierno destruye las empresas del Estado, no las sabe gestionar, no tiene capacidad, no le importan, abona el terreno para  que “otro” se encargue de ellas. Ésto ha sucedido con todo el sector público, desde PDVSA, pasando por la CVG, empresas básicas, Sidor, cementeras, Pequiven, aluminio, agrícolas, alimentos, transporte, eléctricas, agua, telecomunicaciones; sin mencionar a la educación, salud y en general, la prestación de servicios esenciales para la población.  

Todo el sector de la economía estatal ha sufrido las torpezas e incapacidades del madurismo: desde “sacudones” a “intervenciones”, pasando por la persecución y descalificación de sus trabajadores catalogados como “corruptos”, “conspiradores”, “falsos positivos”, y toda clase de epítetos y acusaciones que han sido la antesala de una violenta operación de intervención y toma de control de las empresas o  sectores. Hasta que el funcionario madurista de turno no se siente en su pequeño trono, no cesa el ataque y la aniquilación de la empresa. Ninguna empresa ni institución del Estado, pasando por ministerios, Tribunal Supremo, Banco Central de Venezuela, Fiscalía, nada ha escapado a esta lógica destructiva. Un gobierno de incapaces e improvisados ha convertido a nuestro país en una tragedia, y a nuestro sector público en un amasijo de activos paralizados e improductivos, listos para ser privatizados, por maduro o por guaidó. 

maduro hace el trabajo sucio que se suponía haría un gobierno de extrema derecha si llegaba al poder: desmontar el Estado, revertir la soberanía económica alcanzada durante el gobierno del presidente Chávez y crear las condiciones subjetivas, en la psiquis del venezolano, para privatizar las empresas públicas, entregar los recursos naturales y provocar un tremendo frenazo y retroceso al avance de nuestro país en sus posibilidades de alcanzar desarrollo económico-social, soberanía y el buen vivir de nuestros ciudadanos.  

Lo más paradójico e indignante de todo esto, es que lo ha hecho en nombre de Chávez y del socialismo, pero han plagado nuestra patria de miseria, injusticias y tristeza, traicionando el legado que se les entregara en 2013 y que juraron defenderían. Farsantes.

No es solo Cantv y Movilnet

Esta entrega tras bastidores ha sido antecedida de un proceso acelerado, e igualmente ilegal y secreto, de privatización del sector petrolero y gasífero del país. PDVSA se privatiza a favor de transnacionales rusas, chinas, de la Shell, de la Sargent Marine y a favor de los sectores económicos del círculo íntimo del madurismo. 

Todos los campos petroleros de los antiguos Convenios Operativos que fueron objeto de la migración al esquema de Empresas Mixtas, en el marco de la Ley Orgánica de Hidrocarburos y de la Plena Soberanía Petrolera entre 2004 y 2006, están siendo entregados a empresas privadas, rematadas en secreto. Se les ceden los equipos, taladros, infraestructura, hasta los ingenieros y trabajadores calificados. ¿Quiénes son los favorecidos? el madurismo, sus testaferros, socios privados, bolichicos y toda una fauna de oportunistas y aventureros.  

Las áreas de la Faja Petrolífera del Orinoco que fueron nacionalizadas en 2007, en el marco de la Plena Soberanía Petrolera, las que logramos recuperar del control de la ExxonMobil, de Conoco Phillips, de la Orimulsión, hoy día han sido entregadas a las empresas rusas y chinas. Así, sin más, sin rendirle cuentas a nadie, violando la ley y la Constitución que reserva estas actividades al Estado. maduro y quevedo firman y hacen lo que quieran con el petróleo, venden, ceden activos del país, adelantan negocios oscuros, sin rendir cuentas a nadie mientras que la producción sigue en picada y PDVSA se diluye como empresa operadora del Estado.  

Por medio de las agencias de noticias rusas se pudo enterar el país que el gobierno había entregado las reservas de gas, el Gas de la Patria, al norte del estado Sucre, a la misma empresa rusa de la Faja, la que hoy día controla nuestras exportaciones. Lo hizo, además, dándole exenciones fiscales, es decir que no paga  impuestos. Se llevan el gas de la patria, el gas del proyecto Mariscal Sucre, que se suponía apalancaría el desarrollo del Polo Gasífero de Güiria, del Complejo Industrial Gran Mariscal de Ayacucho, el CIGMA. Se quedará el pueblo de Güiria y del Estado Sucre esperando el Gas de Chávez, el del Cruz de Mayo. Ese gas, compatriotas, no llegará a nuestras tierras de oriente, se irá de la patria.

Así, el gas que hace falta para la industrialización, la petroquímica, el gas doméstico y el sector eléctrico, se lo llevan para la exportación. Tal como sucedió con el gas del Golfo de Venezuela, entregado a las empresas europeas para que lo exporten a través del gasoducto Antonio Ricaurte; como sucedió con el gas de oriente, entregado a la Shell; así como también sucedió con el gas de la Plataforma Deltana, entregado a las transnacionales del gas en Trinidad y Tobago. Se llevan nuestros recursos naturales, maduro los remata sin rendirle cuentas al pueblo, sin decir nada, en secreto. Mientras tanto nuestro pueblo no consigue gas, ni gasolina, ni tiene luz eléctrica.

Igual ha ocurrido con el Arco Minero, la entrega del oro y minerales estratégicos; como también con las empresas de alimentos, convertidas ahora en bodegones dolarizados para un país donde el sueldo mínimo es de apenas 5 dólares mensuales.

Esta relación del despojo, además de denunciar el verdadero carácter entreguista y anti-nacional de este gobierno, de descubrir y seguir desenmascarando al madurismo y sus verdaderas intenciones, pretende alertar a aquellos que todavía puedan estar confundidos, sobre todo desde el campo nacionalista, progresista o de izquierda, que el madurismo, más allá de su improvisación e incapacidad, avanza intencionalmente y con pasos claros en el desmontaje y entrega de nuestra soberanía económica para reinstalar un modelo profundamente minero extractivo y dependiente, aunque con nuevos actores e  intereses. 

Estamos ante el accionar de un gobierno que, valiéndose del miedo y el control que tienen del país, de los medios y las redes sociales, del hambre, actúa al margen de la Ley y la Constitución para mantenerse en el poder. Venden la patria y entregan los activos del Estado a nuevos actores internacionales en un gigantesco acto de corrupción que ocurre en secreto y sin que nadie se atreva a pedir cuentas, porque si no “se seca” y cuyo único propósito es comprar apoyo y tiempo.

Pero esta relación del despojo también nos ayuda a construir la agenda de lo que deberemos revertir y acomodar cuando salgamos de este desastre de gobierno. Si fuimos capaces de hacerlo con la nefasta apertura petrolera, montada entre artilugios legales con conocimiento y el propósito deliberado de confundir; será mucho más fácil desmontar esta entrega malandra, hecha al margen de la ley y violando los mínimos mecanismos de transparencia y cualquier vestigio ético en el ejercicio del gobierno. Todos los actos de maduro son nulos, están viciados de Nulidad Absoluta, son Inconstitucionales y no tienen efecto legales ni hacia atrás, ni a futuro.

Tomen nota los trabajadores, el país entero, son estas las cosas que habrá que enmendar, revertir, cuando el pueblo vuelva a tener el control de su destino, restablecer la Soberanía del país, será parte de la agenda de trabajo urgente de la Junta Patriótica de Gobierno.