El Informe sobre la situación de los DDHH en Venezuela emitido por la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, que dirige Michelle Bachelet, es un documento de clara importancia política para el país.
Su elaboración y publicación, a solicitud de la Resolución 39/1 del Consejo de los Derechos Humanos de la ONU, con sede en Ginebra, del que Venezuela es miembro, ha sido demoledor para el gobierno de maduro, quien tendrá que hacerle frente por los hechos que en él se reflejan.
El Informe es elaborado con base en las potestades concedidas por la ONU a la Oficina de la Alta Comisionada, en función de los tratados y acuerdos internacionales de los que Venezuela es parte, en virtud de lo que puede recabar pruebas y sustanciar expedientes referentes a la violación de los Derechos Humanos, lo cual es expresamente tipificado como delito. Es decir, el Informe tiene carga y efecto jurídicos y queda asentado en el seno de las Naciones Unidas, la cual se activa en todos sus mecanismos de protección de las víctimas y rendición de cuentas de los responsables. A partir de su emisión, los delitos del madurismo han quedado documentados ante la ONU, la historia y el mundo.
Luego de su discusión ante el Consejo de los Derechos Humanos en Ginebra, el indicado instrumento se discutirá en la Tercera Comisión de la Asamblea General para el venidero período de sesiones y de allí, probablemente se eleve a la consideración de la Plenaria de la Asamblea General de la ONU.
En la Plenaria de la Asamblea General de la ONU, si así lo solicitaran otros países, se abrirá un debate sobre la situación de los DDHH en el país. En esta discusión, se pueden rechazar o condenar las violaciones denunciados en el Informe, incluso se puede aprobar cualquier resolución, condenando los hechos y solicitando medidas de vigilancia sobre estos delitos, además de exigir al gobierno que cumpla con sus responsabilidades y obligaciones de acuerdo con el Derecho Internacional de los Derechos Humanos.
Ésto no significa que nuestro país vaya a ser invadido por las Naciones Unidas, como aseguran los voceros del madurismo y lamenta la extrema derecha Venezolana. No. Los informes o temas de Derechos Humanos son competencias y temáticas de la Asamblea General, por lo que, no se someten a la consideración del Consejo de Seguridad, único órgano con posibilidades de invocar el Capítulo 7 de la Carta de las Naciones Unidas, es decir, el uso de la fuerza contra cualquier país. Los casos de Irak y Libia, esgrimidos por los voceros del madurismo para atemorizar y chantajear a nuestro pueblo, fueron invasiones e intervenciones llevadas a cabo por los Estados Unidos y la OTAN respectivamente, no fue un mandato de las Naciones Unidas.
Es curioso y triste a la vez ver las reacciones de los dos extremos intolerantes, donde ambos coinciden en rechazar el Informe de Bachelet. La extrema derecha, se lamenta de que no nos invadan, por tanto, para ellos, el Informe no sirve para nada. Por su parte, el madurismo trata de descalificar al informe e invoca el miedo a la inminente “invasión”, que éste supuestamente propicia, tanto para arreciar la represión interna, como para evadir los graves señalamientos de la ONU.
El gobierno de inmediato rechazó el informe, cosa que no extraña a nadie, pues es la típica actitud de los gobiernos autoritarios y violadores de los Derechos Humanos. Incluso, han llegado al extremo de descalificar a la Alta Comisionada y a las Naciones Unidas.
El gobierno envió a Ginebra a uno de sus perseguidores estrella, para hablar, en sustitución del Embajador Valero (uno de los pocos diplomáticos de carrera que quedan en Cancillería). Allí, éste arremetió contra el Informe, lo tildó de “parcializado y carente de rigor científico”, entre otros descalificativos. En cuanto a los voceros del madurismo, los tradicionales y los oportunistas, en un alarde de desconocimiento del funcionamiento de la ONU, hablan de la inminente invasión contra el país; y, además, exigen los nombres, ¡quieren los nombres de las víctimas y denunciantes!, en un país donde todo el mundo sabe, hasta ellos mismos, que el que habla en contra del gobierno, de inmediato sufre represalias o termina preso. Evidentemente desconocen el hecho de que en este tipo de informes, los nombres de las víctimas y denunciantes se mantienen en reserva, justo para evitar las represalias de los victimarios.
Lo insólito es que, al momento de escribir estas líneas, a 8 días de su muerte, el mismo gobierno que acusa de “parcializado” el Informe Bachelet, no entrega aún a sus familiares el cuerpo del Capitán de Corbeta Rafael Acosta Arévalo.
Pues le guste o no al gobierno, el Informe y la situación de los DDHH en el país, serán debatidos en la Máxima Instancia del multilateralismo mundial. Allí se escucharán uno a uno, los elementos del Informe, se abrirá una discusión sobre la situación. El gobierno quedará expuesto ante el mundo como lo que es, un desastre que ha llevado a nuestro país al abismo, y que lo ha colocado en una situación de vulnerabilidad tal que cualquier cosa puede pasar. Venezuela, que hace tan sólo 6 años era una esperanza y referencia para los pueblos del mundo, ahora está convertida en un infierno, del que sus hijos salen por millones.
El gobierno de maduro no tiene nada que mostrar, nada que aportar, ningún avance, ninguna épica, nada heroico, solo el ejemplo de cómo se puede conducir a todo un pueblo, hasta hace tan poco, orgulloso de lo construido; próspero y alegre, a la desesperación y a la miseria, sometido por la fuerza a una situación vergonzosa. También vergüenza deben sentir los países que están hasta el cuello involucrados en el apoyo a maduro, otrora defensores de causas justas y sueños, hoy degradados en un pragmatismo incomprensible. Qué lejos quedaron Chávez y Fidel.
La verdad es que todos tenemos que agradecer el trabajo de la Oficina de la Alta Comisionada; y, en especial, a su titular, la ex Presidenta Michelle Bachelet. Supo ella sobreponerse, tanto a la presión de la extrema derecha y los factores de poder que la apoyan, como a las manipulaciones del gobierno.
Los primeros que, en su intolerancia, exigían que Bachelet apareciera con una bandera de Venezuela al revés; y, al no hacerlo, pensaban que ella iba a mostrarse aplaudiendo a maduro. Los segundos, creían que, al ser Bachelet una mujer progresista y abanderada del socialismo en Chile, guardaría el silencio cómplice que tantos que se proclaman de “izquierda” mantienen en torno a la tragedia venezolana.
El hecho de que las dos veces Presidenta de Chile, connotada y respetada líder política de la región, ampliamente conocida y conocedora del sistema de la Naciones Unidas, coordinara la elaboración del referido Informe, es, en sí mismo, una garantía de objetividad, responsabilidad y equilibrio.
Pero tratándose además, de una líder política socialista, que ha sufrido en carne propia la violencia del fascismo, le quita al madurismo la bandera de la victimización ante la izquierda, que no quiere darse cuenta de que estamos ante un gobierno autoritario y criminal, que no tiene nada de revolucionario.
En adición a las credenciales políticas y humanas de Bachelet, el Informe es elaborado por un equipo de trabajo, profesional, que se ciñe estrictamente a la metodología de las Naciones Unidas y que cuenta, además, con el apoyo de otras agencias del organismo multilateral.
Durante las dos oportunidades que he asistido a la Oficina de la Alta Comisionada en Ginebra, tanto para denunciar la persecución política y agresiones de todo tipo de la que soy víctima por mis posiciones críticas, así como, para denunciar la persecución y secuestro de trabajadores de PDVSA y oficiales de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, aporté documentos, pruebas, videos, fotos, hechos públicos y notorios, irrefutables, así como, largas entrevistas testimoniales. En el caso de los trabajadores de PDVSA, hice entrega de cartas de los propios familiares, abogados, con sus respectivos números telefónicos y correos para ser contactados, y posteriormente entrevistados por el equipo de la Alta Comisionada. No es un trabajo ni fácil, ni ligero. Todo debió ser corroborado.
Por tanto, nadie puede acusar al Informe de falta de rigurosidad, profundidad y detalle; sencillamente, porque no atiende a sus intereses o prioridades políticas. Al contrario, no sólo es un documento hecho con la rigurosidad metodológica del sistema de las Naciones Unidas, coordinado por la ex Presidenta Bachelet, una persona honorable y seria, que no se presta para manipulaciones de ningún tipo, sino que cuenta con testimonios y documentación contundente sobre una situación que, en vez de poner a los factores políticos a la defensiva, debería abrir una gran discusión nacional sobre la violencia política en el país, la intolerancia y la violación de los Derechos Humanos como un todo.
Esa es la discusión que debería preocuparnos a todos, independientemente de lo que las élites decidan; hay una realidad que, no sólo debe ser subsanada y erradicada del país, sino que los responsables tienen que rendir cuenta ante la justicia, y las víctimas deben ser reparadas en su daño, si es que se puede de alguna manera. Se tiene que acabar la impunidad con la que actúa el gobierno y restablecerse el marco legal y constitucional en el país, las garantías y los plenos derechos de sus ciudadanos.
No hay nada que justifique el nivel de degradación a la que ha llegado el gobierno, ni nada que excuse a los responsables de estos crímenes y atrocidades, que nos retrogradan más allá de los tristes episodios de violencia del Estado en los años 60-70.
Pero aunque la táctica distraccionista del madurismo y su maquinaria de propaganda, tiende a borrar una tragedia con cualquier hecho noticioso o escandaloso, como ahora los supuestos “acuerdos” de Barbados, a los cuales nos referiremos luego, considero que debemos precisar algunos aspectos de este documento que resulta de importancia capital, no sólo en las Naciones Unidas, sino; y, sobre todo, en el país. Son elementos para la batalla de ideas y para saber mejor que estamos parados sobre un nido de serpientes.
Primero, la violencia.
El Informe de Bachelet desenmascara de una manera contundente, clara y precisa, el carácter autoritario, represor y criminal del gobierno; documenta crímenes y violaciones a los Derechos de los Venezolanos, que implican delitos que no prescriben, pero que además, exponen su clara orientación de derecha. Es decir, son violentos y represivos, no porque sean locos o sólamente criminales, nó, son violentos porque están imponiendo un paquetazo de derecha, con efectos devastadores, al pueblo pobre y trabajador.
Segundo, los derechos económicos y sociales.
Tal vez tan importante como lo anterior, el Informe denuncia violaciones a los Derechos Económicos y Sociales del pueblo. Es decir, trabajo, remuneración, alimentación, salud y a la vida. Y señala, que tales derechos vulnerados “son resultado del incumplimiento del Gobierno de sus obligaciones fundamentales, las cuales son irrenunciables, aún por motivos económicos” .
Es decir, el gobierno no puede argumentar la “guerra económica”, ni ningún bloqueo, para evadir sus responsabilidades con los Derechos Económicos y Sociales del pueblo.
Que el salario mínimo ni siquiera sea un “salario de subsistencia”, que no alcance sino para adquirir 4 días de alimentos; que el “El Fondo de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura reportó que 3.7 millones de venezolanos/as se encuentran en estado de desnutrición”, el que las familias hagan sólo dos o a veces una sola comida al día; el que no se consigan entre el 60-100% de los medicamentos esenciales en las cuatros ciudades más importantes del país, incluyendo Caracas; y, que “entre noviembre 2018 y febrero 2019, 1,557 personas murieron debido a la falta de insumos en hospitales”, y reportes que “40 pacientes murieron como resultado del apagón de marzo de 2019”, entre otras barbaridades, es sólo y exclusivamente responsabilidad del gobierno de maduro.
El madurismo insiste en culpar a otros por este desastre, pero no puede evadir sus obligaciones, son obligaciones de Estado. Pongamos el caso de Cuba, país verdaderamente agredido y bloqueado por más de 40 años, sin embargo, a pesar de la pobreza, garantiza la salud, la alimentación, el trabajo y la vida de sus habitantes. Es un problema de orientación política, de capacidad de trabajo.
El gobierno tiende a utilizar la excusa de las sanciones norteamericanas contra el país, como responsables de la situación económica, y sin negar que afectan, sobre todo, por la incapacidad de Quevedo en la conducción de PDVSA, el Informe señala que “Las cifras publicadas por el Banco Central de Venezuela el 28 de mayo de 2019 muestran que los indicadores económicos fundamentales empezaron a degradarse drásticamente mucho antes de agosto de 2017”.
Es decir, tal como lo hemos señalado desde 2014, la intervención de PDVSA y el objetivo deliberado del madurismo de controlar a la industria, persiguiendo y encarcelando trabajadores, con la consecuente pérdida de capacidades de producción, además de la conducción errática de la economía por parte de maduro, ocasionaron esta crisis de dimensiones de tragedia, mucho antes de las sanciones norteamericanas contra el país.
Tercero, El fascismo.
El Informe desenmascara el carácter profundamente antipopular y la actuación fascista de los grupos armados, que maduro ha creado para someter al pueblo y lograr el control social.
La revelación, con cifras aportadas por el propio gobierno, de que en las razias del FAES en los barrios pobres, entre 2018-2019, han ocurrido 6.856 muertes por “resistencia a la autoridad”, según la propia versión oficial, da una idea del terror impuesto entre los pobres.
El “modus operandi” del FAES descrito por testigos y familiares de las víctimas es indignante: “Las familias de las víctimas describieron cómo las FAES irrumpieron en sus hogares, se apoderaron de sus pertenencias y ejercieron violencia de género contra las mujeres y las niñas, incluyendo la desnudez forzada. Las FAES separarían a los hombres jóvenes de otros miembros de la familia antes de dispararles. Según sus familiares, casi todas las víctimas habían recibido uno o más disparos en el tórax”.
Estos grupos criminales, enmascarados, armados hasta los dientes, que azotan con máscaras a los barrios pobres, son obra de maduro y su círculo más íntimo, su grupo de confianza. Crueles, violentos, que desprecian la vida, que han decretado la pena de muerte de facto, administrada por los jefes policiales, manteniendo a los barrios “a raya” con el crimen y la violencia. Esa es su creación, su inspiración, su obra criminal.
Cuarto, represión selectiva y persecución por motivos políticos de dirigentes Chavistas y trabajadores.
El Informe, por primera vez, visibiliza la situación de represión y persecución contra los Chavistas, incluidos trabajadores del Estado y dirigentes sindicales, que estamos en contra de maduro.
El informe señala que: “Las autoridades han atacado especialmente a determinadas personas y grupos, entre ellos a miembros de la oposición política y a quienes se considera que constituyen amenazas para el Gobierno por su capacidad para articular posiciones críticas y movilizar a otras personas”.“También se atacó a disidentes chavistas, a militares disidentes y a funcionarios/as públicos/as y empleados/as de empresas estatales a los/as que se considera opositores/as. “En 2018-2019, se despidió y detuvo arbitrariamente a varios dirigentes sindicales y a muchos/as trabajadores/as que habían protestado en demanda de salarios y condiciones de trabajo decentes”.
Quinto, Las detenciones arbitrarias y la tortura.
Señala el Informe que “el Gobierno ha utilizado las detenciones arbitrarias como uno de los principales instrumentos para intimidar y reprimir a la oposición política y cualquier expresión de disensión, real o presunta, al menos desde 2014”.
“En la mayoría de los casos las detenciones se llevaron a cabo en respuesta a que las personas estaban ejerciendo sus derechos humanos, en particular la libertad de opinión, expresión, asociación y reunión pacífica. A menudo, las detenciones carecían de fundamento legal. El ACNUDH también encontró graves y repetidas violaciones de la garantía del juicio justo en cada uno de estos casos”.
También se hace referencia a las acciones de retaliación contra la víctima al detener arbitrariamente a sus familiares como medida de presión a cualquier solicitado o perseguido político, incluso, como una medida de castigo adicional al secuestradoçprivado de libertad.
La tortura se ha restablecido en el país como una práctica extendida de los cuerpos policiales y de seguridad del Estado. Denuncia el informe “En la mayoría de estos casos, se sometió a las mujeres y los hombres detenidos a una o más formas de tortura o trato o pena cruel, inhumana o degradante, como la aplicación de corriente eléctrica, asfixia con bolsas de plástico, simulacros de ahogamiento, palizas, violencias sexuales, privación de agua y comida, posturas forzadas y exposición a temperaturas extremas. Las fuerzas de seguridad y los servicios de inteligencia, especialmente el SEBIN y la DGCIM, recurrieron de manera habitual a esas medidas para extraer información y confesiones, intimidar y sancionar a las personas detenidas. Las autoridades no han investigado con prontitud, efectividad, exhaustividad, independencia, imparcialidad y transparencia las denuncias creíbles de torturas y malos tratos, incluyendo casos de violencia sexual y de género”.
La tortura constituye un acto deplorable e injustificable bajo cualquier circunstancia.
Sexto, control social, violencia y manipulación del hambre.
El control social que ejerce el gobierno, sobre todo en las zonas populares, es una combinación de la violencia directa y la manipulación de la miseria que ellos mismos han creado.
El informe señala “al FAES como responsables de numerosas ejecuciones extrajudiciales en operaciones de seguridad, al igual que el CICPC” (6.856 muertes por “resistencia a la autoridad”). Mientras que, “Los servicios de inteligencia (el SEBIN y la DGCIM) han sido responsables de detenciones arbitrarias, maltratos y tortura de opositores/as políticos/as y de sus familiares. Los colectivos armados contribuyen a este sistema ejerciendo control social en las comunidades locales, y apoyando a las fuerzas de seguridad en la represión de manifestaciones y de la disidencia”.
El Informe indica, basado en entrevistas en zonas populares, que, “conforme se agudizaba la crisis económica, las autoridades empezaron a utilizar los programas sociales, (cajas “Clap” y “Carnet de la Patria”), de forma discriminatoria, por motivos políticos, y como instrumento de control social”.
Ésto por supuesto, sin mencionar los mecanismos de control y vigilancia que se ejercen sobre los trabajadores y empleados de la administración pública y empresas del Estado, milicia y Fuerza Armada, en las que se exige y se vigila el apoyo y aplauso al “constructor de victorias”, so pena de despido o prisión.
Séptimo, sectores vulnerables, indígenas, mujeres, migrantes.
El Informe menciona y documenta la violación de los Derechos Humanos a nuestros pueblos originarios, sector que antes era protegido con especial atención por el presidente Chávez y al que fue destinado expresamente y por vez primera todo un capitulado de nuestra Constitución. Ahora son víctimas de la miseria, hambre y violencia, sobre todo en los estados del Arco Minero, donde han sufrido el desplazamiento de sus tierras ancestrales, tanto por efectivos militares, como por grupos paramilitares dedicados a las actividades de extracción de oro y otros minerales. Se mencionan los crímenes de pueblos Pemones y Warao en distintos episodios, así como, el problema de la trata de personas, incluyendo la prostitución de mujeres y niñas en las zonas mineras.
Hace el Informe una mención especial a la vulnerabilidad de las mujeres, los abusos sexuales y humillaciones de todo tipo, incluyendo a niñas, a las que son sometidas durante los operativos y razias del FAES, en las zonas indígenas, en los mecanismos de asignación de cajas “Clap”, en las que están sometidas a detenciones arbitrarias, detenidas por ser familiares de algún perseguido político y los abusos de las que son víctimas las mujeres migrantes en el duro trayecto a su destino o el país de acogida. Esta situación resulta indignante y dolorosa, aunque alguna “magistrada” del madurismo publicó un twitter al respecto, donde afirma que, si una mujer, por cualquier circunstancia, se prostituye, es “porque es puta”.
El Informe hace mención a la situación de vulnerabilidad de la mayoría de los 4 millones de venezolanos que han salido del país, pese a que el madurismo insiste en negar de manera estúpida y obcecada, es una cifra aportada por organismos de las propias Naciones Unidas, como la ACNUR en su último Informe sobre venezuela.
El Informe señala que “Las situaciones de vulnerabilidad que son generadas en Venezuela se ven agravadas por los problemas que las personas migrantes afrontan en los países de tránsito y de destino, como la carencia de condición de migrantes regulares, condiciones de vida indignas, explotación laboral, discriminación y xenofobia. Estos factores de vulnerabilidad, conjugados con estereotipos hipersexualizados, aumentan la exposición de las mujeres, adolescentes y niñas migrantes a la trata, la explotación sexual y otras formas de violencia de género durante el viaje y en el lugar de destino”.
Además, hace mención a una práctica instaurada por el gobierno de extorsión a quien quiere migrar legalmente del país, al cobrar en dólares y garantizar todos los trámites para obtener y legalizar documentos, abriendo espacio para la matraca y corrupción tan extendida en este gobierno. El informe reza: “Las personas venezolanas tropiezan con obstáculos para obtener o legalizar documentación, lo cual vulnera su derecho a salir del propio país y su derecho a tener una identidad
Octavo, la represión como política de Estado, el papel del Ministerio Público.
Normalmente en las violaciones a los Derechos Humanos se trata de identificar si las mismas responden a hechos aislados, cuyos responsables son llevados ante la justicia; o, si por el contrario, como en el caso de Venezuela, es una política de Estado, donde participan el Ejecutivo, el Judicial, el Ministerio Público.
Al respecto, el informe señala que “Las instituciones responsables de la protección de los derechos humanos, tales como la Fiscalía General, los/as jueces/juezas y la Defensoría del Pueblo, generalmente no llevan a cabo investigaciones prontas, efectivas, exhaustivas, independientes, imparciales y transparentes sobre violaciones de derechos humanos y otros crímenes cometidos por actores estatales, no llevan a las personas responsables ante la justicia, ni protegen a personas víctimas y testigos. Dicha inacción contribuye a la impunidad y a la repetición de las violaciones”.
Además, indica que a menudo, “las autoridades judiciales han invertido la carga de la prueba”, lo que significa que es la víctima quien tiene que demostrar que es inocente de lo que se le acusa, lo que constituye una violación al Derecho de Presunción de Inocencia. Es decir, la víctima es inocente hasta que se demuestre lo contrario.
Señala igualmente lo que es un cáncer en la administración de justicia: “La falta de independencia y la corrupción en el poder judicial son también obstáculos importantes a los que se enfrentan las víctimas en su búsqueda de justicia y reparación”.
El Informe destaca el papel deplorable del fiscal y del defensor del pueblo, “El Ministerio Público ha incumplido con regularidad su obligación de investigar y llevar a juicio a las personas responsables de los hechos y el Defensor del Pueblo ha guardado silencio ante las violaciones de los derechos humanos. Ninguna de esas instituciones, así como tampoco el Gobierno o la policía dan protección a las víctimas y testigos de violaciones a los derechos humanos.”
Señala con claridad el rol protagónico del fiscal en la violación de los Derechos Humanos, “el Fiscal General ha participado de una retórica pública de estigmatización y desacreditación de la oposición y de quienes critican al Gobierno, violando así el principio de presunción de inocencia”.
Noveno, Lo advertimos y nadie escuchó.
Llevamos más de cinco años advirtiendo y denunciando en todos los espacios e instancias el “golpe de timón” del madurismo hacia la derecha. Ésto me ha costado persecución, todo tipo de agresiones, ostracismo y exilio. El Informe de Bachelet corrobora, de la mano de las Naciones Unidas, lo que con tanto sacrificio personal hemos denunciado a la conciencia del país.
La violencia aquí denunciada, nos retrograda a las peores prácticas de la IV República, puesto que es la expresión de un gobierno de derecha. El desmontaje que ha hecho el madurismo de la obra y legado del presidente Chávez en lo económico, político y social, tiene graves consecuencias para el pueblo, por lo que sólo han podido ser impuestas usándose la violencia y el hambre.
El madurismo, y maduro, en particular, se han convertido en los sepultureros del chavismo y de la Revolución Bolivariana, triste realidad que sólo ha sido posible por medio de la violencia y represión instaurada como política del Estado; un Estado burgués, atrasado, incapaz, que, de la mano del madurismo, se restablece en sus peores conceptos y prácticas, y se impone con violencia por sobre los restos del Estado Bolivariano.
Este Informe, crudo y revelador de la naturaleza de este gobierno, a la vez de resultar triste por el dolor de las víctimas de prisión, es un llamado a la conciencia de todo el pueblo, de toda la sociedad. Sus revelaciones son una bofetada a la indiferencia, un reclamo a nuestra Fuerza Armada Bolivariana, al psuv, a las fuerzas progresistas y populares que todavía apoyan a maduro. ¿Hasta cuándo tanta violencia y represión?, ¿por qué?, ¿qué defienden?
Nada justifica lo que está sucediendo en el país. No fue por ésto que el Comandante Chávez sacrificó su vida y se inmoló. Ésto no es una revolución. Este Informe evidencia el germen de una conducta fascista, que se llevará por el medio a todo el país, y nos conducirá a una tragedia aún mayor.
Décimo, Barbados.
La noticia y especulaciones sobre las negociaciones en Barbados buscan distraer, ocultar el dolor de las víctimas, del Capitán asesinado en las torturas, del joven ciego por un tiro en la cara, del Informe Bachelet.
Lo que sucede en Oslo, Washington, Barbados o cualquier sitio fuera del país, no es más que una negociación entre élites, de espaldas al país.
Nadie sabe lo que están negociando, qué están pactando, qué entregan. El diálogo político es correcto en la medida que el pueblo participe. ¿A cuenta de qué voluntad popular y el madurismo van a decidir el futuro del país? ¿A quiénes representan?¿Por qué tiene que haber una negociación secreta si tenemos una Constitución y leyes? ¿Por qué no se convoca a la soberanía popular?
Ellos no lo van a hacer, ellos siguen decidiendo por todos nosotros, peor aún, los países cuyos intereses representan, son los dueños del circo. ¿A cuántos del país representan maduro y voluntad popular?
No puede haber diálogo de espaldas al país. Es necesario que sea el pueblo quien decida su propio futuro.
Se ofrecen elecciones como la solución. El país no está en condiciones de ir a elecciones. Ellas son necesarias, pero primero, deben cambiar las Instituciones. ¿Elecciones con mikel moreno y su poder judicial, que inhabilita y encarcela? ¿Elecciones con tarek willians saab, que persigue, acusa y condena? ¿Elecciones con maduro y su Sebin, Dgcim, Faes? ¿Elecciones con un CNE donde jorge rodríguez y diosdado ingresan a la sala de totalizaciones y les dicen qué resultado deben poner?
¿Y cómo votan los 4 millones que han salido del país, si el gobierno ni siquiera reconoce que existen?¿Y mientras se preparan las elecciones, qué pasa con el hambre, los medicamentos, la violencia? ¿Quién conduce este barco a la deriva? ¿maduro, guaidó? ¿con qué legitimidad?
Y si se realizan elecciones mañana ¿van a reconocer los resultados? ¿cómo se gobierna este desastre?¿cómo se gana gobernabilidad?
Lo hemos dicho, una Junta Patriótica de Gobierno tiene más legitimidad que cualquier pacto secreto entre élites, de espaldas al pueblo. La podemos convocar por el Referéndum que algunos sectores piden, puede asumirla la Unión Cívico-Militar, y consultar al pueblo, para restablecer la Constitución, la soberanía del país, un gobierno de transición para restablecer la institucionalidad, los derechos de todos los venezolanos y sólo entonces, en un período que no puede ser mayor al período que resta para un Referendo Revocatorio, entonces, convocar a elecciones, disolver la Junta Patriótica y legitimar todos los poderes. Sólo entonces, podremos reiniciar la reconstrucción del país. Es el momento de la política con “P” mayúscula.
Que cada quien revise su papel en la historia. Yo he asumido el mío, puedo ver los ojos del Comandante Chávez en cualquier rostro de un humilde, al momento de rendir cuentas a la historia. He jurado hacer todo lo que esté a mi alcance para acabar con esta tragedia, salir de este desastre, acompañar al pueblo en su lucha por el rescate de la justicia, la vida y la paz.
