La muerte del capitán
Escribiendo mi artículo semanal recibo la noticia de la muerte del Capitán de Corbeta Rafael Acosta Arévalo, hecho lamentable, repudiable y muy grave que sigue enlutando a las familias venezolanas. Quisiera expresar mis sentimientos de condolencia a su viuda, hijos y demás familiares y amigos.
Aunque no conocía al Capitán, por su grado y fotografía, se evidencia que era un hombre joven, de semblante afirmativo, propio de un oficial de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Un venezolano al que se le conculcaron, violaron, todos sus derechos humanos, desde el mismo momento de su detención, tal como lo denunció su esposa el 22 de junio por las redes sociales.
Su detención ocurrió el mismo dia que la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, concluye su visita al país, declarando haber recibido el compromiso del gobierno de “permitir una evaluación de la comisión nacional para la prevención de la tortura y permitir el ingreso de relatores especiales de la ONU al país”.
Su muerte ocurre luego de el pasado 27 de junio fuese expuesto y condenado ante la opinión pública por el ministro de la desinformación y los programas de odio del madurismo, como involucrado en la última “conspiración” develada por el gobierno, en sus ya acostumbradas razias políticas. Este “súper ministro” del madurismo, pasará a la historia como el anunciador de la muerte, extrañas vueltas que da la vida.
Nueve horas después de conocerse la muerte del capitán, maduro y su gobierno, incluyendo su fiscal, anuncian “investigación” del caso. El cinismo se ha convertido en una categoría del madurismo. ¿Quién va a investigar?, ¿los mismos que “investigan” el brutal asesinato de Oscar Pérez y su grupo?, ¿la muerte en custodia del ex ministro Nelson Martínez?, ¿el lanzamiento desde el décimo piso del Sebin del Concejal Albán? Ellos no se pueden investigar a sí mismos.
José Vicente Rangel y la Fiscal Luisa Ortega Díaz, u otras voces, deberán documentar y escribir otros capítulos de sus respectivos “Expediente Negro” e “Informe Final de la Violación de los DDHH entre 1958-1998 en el país”, testimonios de la violencia durante la cuarta República, para ahora incorporar la violencia del madurismo. Es el mismo patrón, los mismos métodos. NO pueden haber torturados buenos y torturados malos. Sobre todo si se trataba de hacer una revolución, no solo política, económica y social, sino y muy especialmente, espiritual.
Esto que conocemos como madurismo no tiene nada de revolucionario, ni chavista. Es cruel, violento. No emociona a nadie. Es la segunda muerte del Comandante Chávez. Para esto no fue que él entregó su vida, por esto no fue por lo que luchamos tanto, por lo que se movilizó el pueblo venezolano tras las banderas y el discurso de la Revolución Bolivariana.
El madurismo no es más que un Estado policíaco, violento, intolerante. Que busca imponer por la fuerza un modelo atrasado, capitalista dependiente, inviable. Y que hará lo que sea para mantenerse en el poder.
La muerte del Capitán y las circunstancias, nada claras aun, que rodearon su tragedia: su presentación ante la Corte Marcial en silla de ruedas porque no se podía mantener en pie, su pedido de ayuda en voz baja, su traslado urgente al hospital y posterior muerte en la madrugada, expone de manera inocultable la brutalidad del aparato represor del gobierno y el alto grado de compromiso y responsabilidad de los altos jerarcas del madurismo en estas violaciones a los DDHH.
Esto mismo pasó en la cuarta República, cuando los prisioneros políticos morían víctimas de la tortura, de los golpes y patadas de sus captores.
Igual de trágicas fueron las circunstancias del ajusticiamiento del grupo de Oscar Pérez, además transmitidas por él mismo en las redes sociales, su llamado desesperado a una fiscalía que jamás apareció, porque ya la decisión de matarlos estaba tomada.
Esto también pasó en la cuarta República, la Digepol o el Dim, llegaban y rodeaban al guerrillero o grupo de guerrilleros, no con la intención de capturarlos, sino de matarlos, ajusticiarlos, como hicieron en tantos casos.
Las circunstancias de la muerte del ex ministro Nelson Martínez fueron trágicas y crueles, como lo denunció su esposa e hijos en una carta pública que debería estremecer la conciencia de todo el país.
Así murieron tantos oficiales y dirigentes revolucionarios por allá en los violentos años sesenta, basta recordar el caso del Capitán Manuel Ponte Rodríguez muerto en 1963, prisionero en el Cuartel San Carlos, cuando sus captores le negaron de manera reiterada y a pesar de la solicitud de su esposa y la defensa, la asistencia médica crucial para salvar su vida.
Lo hemos venido denunciando de manera sistemática: las violaciones de los DDHH en el país no se pueden achacar a un “exceso” de uno que otro funcionario que luego es sometido a la justicia. No, cada vez queda más claro que la violación a los DDHH en el país es una política de Estado impuesta por nicolás maduro, dónde están involucrados todos los poderes: el ejecutivo, el ministerio público y el poder judicial.
Una política que tiene su epicentro en el gobierno, quien desde la presidencia, el mismo maduro, decide y dirige, junto al grupo de cinco que tiene todo el poder del país, las acciones de represión abierta y brutal contra cualquier factor político que se les oponga sea este de la oposición tradicional o del chavismo.
Lo que ha decidido el madurismo es imponerse por la violencia de los que no tienen razones, contener el descontento y deterioro del país, imponiendo el miedo, violando la ley, persiguiendo, encarcelando y matando. Lo ha venido haciendo de manera sistemática, por sectores, con distintos grados de intensidad. Se han valido de la mentira y la manipulación, de la indiferencia que impone el miedo, de los que optan por meter la cabeza dentro de un balde.
Primero fueron las trabajadores petroleros, luego los manifestantes en la calle, los líderes políticos de la oposición, del chavismo y ahora, de manera especialmente cruenta, los militares.
He publicado y entregado a la oficina de la Alta Comisionada para los DDHH la lista de los más de cien trabajadores de PDVSA presos, o secuestrados políticos, en el Dgcim, Sebin, la tumba y el Helicoide. He pedido por el respeto a sus más elementales derecho humanos, incluyendo los míos, el derecho a la defensa, al debido proceso.
He entregado a la oficina de la Alta Comisionada las cartas de los familiares de los trabajadores secuestrados donde se describe, por ellos mismos, las condiciones de maltrato y violencia a los que están sometidos. Los casos que tienen más de cinco años presos sin ni siquiera una presentación, sin saber de que se les acusa, los que se han intentado suicidar, los que están entre presos comunes, los que están en recintos militares, los que están enfermos, la crueldad con la que han sido maltratados estos venezolanos.
Pero resulta que, como son trabajadores chavistas, como somos los chavistas perseguidos por el gobierno, al otro lado de la intolerancia no le importa.
Hemos denunciado el caso del ex ministro Mayor General Rodríguez Torres, del ex ministro general Raúl Isaías Baduel y la ciudadana Rocío Ramírez ¿donde están?; igual los casos de más de 154 oficiales detenidos, secuestrados políticos, los casos del Tcnel. Igbert Marín Chaparro, Cnel. Ovidio Carrasco, Gral. Balza Liota, GD. Alejandro Pérez Gámez, entre otros. Están torturando a nuestros oficiales, a los de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana.
Pero resulta que como son los oficiales militares del campo Bolivariano, claves en todas las batallas al lado del pueblo y la Constitución, los hombres y muchachos de Chávez que le han hecho frente al madurismo, entonces al otro lado de la intolerancia tampoco les importa. Solo los utilizan, los quieren solo apoyando sus aventuras, sino no les importa su suerte.
Resulta que entre 2014 y 2017 murieron casi 200 venezolanos en las calles, producto de la violencia política, opositores, Chavistas, funcionarios policiales y muchos inocentes. Pero no pasó nada. Esas muertes fueron negociadas entre el gobierno y la oposición.
La Comisión de la “Verdad, justicia y paz”, fue creada por los expertos del cinismo para que no pasara nada, para ocultar todo, manipular a las víctimas. Tengo en mi memoria la conversación con un hombre humilde, padre de un muchacho trabajador, degollado por las “guayas” que el fascismo mandó a instalar en las calles de Caracas en contra de los motorizados. Recuerdo su impotencia ante las negociaciones del gobierno con la oposición. No pasó nada. Engañaron a los familiares de las víctimas. Se impuso la impunidad como norma del “constructor de victorias”
Lo increíble de todo esto es que, para los más acérrimos maduristas, incluyendo animadores de programas de odio y algunos dirigentes del psuv, la violencia contra los que se opongan a maduro, sean opositores o seamos chavistas está justificada. Siempre hay una razón, una excusa, una “conspiración develada”, un peligro inminente. No se dan cuenta en qué se han transformado, han perdido cualquier rasgo revolucionario, bolivariano. En cualquier momento aparece el Comandante Chávez involucrado en una de estas “conspiraciones” del madurismo.
En un país normal el fiscal y los responsables de los organismos de seguridad serian removidos y sometidos a la justicia, algunos ministros renunciaron por un asunto de ética y el pueblo estaría en la calle exigiendo la renuncia de maduro. Pero no pasa nada, Así es la vida en la Venezuela de maduro, el país del miedo.
Es que al ciudadano de a pie, al obrero, trabajador, joven, profesional, estudiante, dirigente popular, ama de casa, militante del psuv, campesino, jubilado, anciano, le tienen la cabeza metida dentro de un balde lleno, donde, por supuesto, no se puede respirar, ni hablar, ni ver, mucho menos pensar. La asfixia dentro mantiene al ciudadano, la víctima, en un estado permanente de angustia y miedo.
Pero es hora de sobreponerse a esta situación de miedo e indiferencia. Hay suficientes evidencias de que este ha resultado ser un gobierno tiránico, despótico, al margen de las leyes, de espaldas al pueblo, Herodes de la obra del presidente Chávez.
Es hora de nuestros ciudadanos entiendan que este gobierno no solo ha secuestrado los sueños de todo un país, la soberanía del pueblo para decidir sus propios asuntos, sino que está dispuesto a sacrificar a todo un pueblo, sus instituciones, hombres y mujeres, su juventud militar, a nuestros obreros y capitanes para mantenerse en el poder, mantener sus privilegios.
Es hora de que entiendan, especialmente nuestros militares, que a pesar de la situación de asfixia, indignación y la angustia, no es detrás de las aventuras golpistas de la extrema derecha, entreguista y antinacional, que saldremos de maduro, al contrario, la extrema derecha es la excusa perfecta para que este se mantenga en el poder.
Es solo junto al pueblo, volviendo a nuestra esencia bolivariana, revolucionaria, a nuestra Constitución, nuestras leyes, volviendo a Chávez, a la democracia participativa y protagónica, con una Junta Patriótica, la unidad cívico-militar como aquel 13 de abril de 2002, pueda restablecer la Constitución y poner punto final a la violencia de los dos grupos intolerantes que se disputan el poder de espaldas a los intereses de todo el país.
Nuestro país requiere, nuestro pueblo merece, un gesto de grandeza, levantar la mirada, vencer el miedo y el chantaje. Requerimos del esfuerzo de sus mejores ciudadanos, hombres y mujeres, que, en medio de la tristeza y la desesperanza, recuerde siempre que “soy el amo de mi destino, soy el capitán de mi alma”.
Carta abierta de la esposa de Nelson Martínez, fallecido mientras estaba en custodia del DGCIM
Es este el contenido completo de la carta
CARTA ABIERTA DE LOS FAMILIARES DE NELSON PABLO MARTINEZ
En vista de las varias informaciones erradas que están circulando sobre la injusta muerte de nuestro amado NELSON PABLO MARTINEZ, hemos decidido hacer pública esta comunicación.
– Nelson pasó mas de un año detenido desde el 30/11/17 , tiempo durante el cual se realizó la audiencia de presentación y la de formulación de cargos, de allí en adelante la audiencia preliminar era fijada en numerosas ocasiones y luego diferida.
– Nunca tuvo ocasión de defenderse de los falsos cargos presentados.
– Nelson tenía condiciones de salud delicadas ya que había sufrido de varias situaciones graves: ablación con catéter por fibrilación auricular en 2004, endocarditis infecciosa en 2005, insuficiencia aórtica severa y arritmia auricular en 2010, reemplazo de válvula aórtica en 2012, accidente cerebro vascular de tipo embólico en 2015.
– Todas sin complicaciones ni secuelas posteriores, pero suficientemente graves para otorgarle una medida cautelar de al menos casa por cárcel. En varias ocasiones se solicitó al tribunal otorgamiento de medida cautelar por razones de salud que nunca fueron contestadas.
– Toda su condición de salud era plenamente conocida por NICOLAS MADURO, CILIA FLORES, TAREK WILLIAM SAAB , MIKEL MORENO , DELCY RODRIGUEZ y otras altas autoridades del país.
– En varias ocasiones le llegaban mensajes de las autoridades anunciándole que pronto lo mandarían a su casa y luego no pasaba nada, lo cual se convertía en una tortura psicológica para él y la familia.
– En septiembre 2018 la salud de Nelson comenzó a deteriorarse evidentemente
– En las visitas del sábado 10/11 y 17/11 se nos hizo evidente el deterioro tan acelerado de su salud y que era urgente su traslado a una clínica y así se lo hicimos saber a sus custodios y abogados,
– Su estado era lamentable, no podía hablar ni caminar, temblaba todo su cuerpo y la debilidad era inmensa y generalizada.
– El 17/11/18 Nelson fue finalmente trasladado al Hospital Militar a donde llegó deshidratado, valores de laboratorio que indicaban anemia (hemoglobina en 5 ), con los riñones colapsados (creatinina en 5, valores de BUN en 164). nunca había sufrido de los riñones.
– Si bien tuvo tratamiento en el Hospital Militar todo fue muy lento y dificultoso, no daban con el diagnóstico, la mayoría de los exámenes se tenían que llevar a laboratorios privados, muchos medicamentos no los tenían, desde el principio sugerían hacerle diálisis y se la vinieron haciendo fue en terapia intensiva, estando ya tan delicado que en ese momento le da el primer paro cardíaco, lo mismo con las transfusiones de sangre tardías.
– Por eso le solicitábamos a la jueza , con informes médicos que autorizara el traslado a una clínica donde pudiera verlo su médico aquí en Venezuela. Nunca se lo otorgaron.
– El resultado fue una muerte injusta, temprana con mucho que darle todavía a su familia, traicionado por quienes se decían sus amigos y camaradas con miedo a pronunciarse y con la violación de todos sus derechos legales y humanos
– Así que Nelson no murió de enfermedades crónicas de larga data como dice Diosdado Cabello, sino como resultado de la falta de control médico periódico y tratamiento a tiempo.
Lo llevaron al hospital en el último momento
– Nunca le pedimos a Delcy que lo dejara morir en su casa, siempre estuvimos esperando un milagro, con la esperanza que una vez mas su espíritu fuerte iba a salir, de nuevo, de otra dificultad
Lo que si le pedimos personalmente fue la reivindicación de su nombre y honra ya que ella lo conocía bien.
– Consideramos que las personas que pudieron ayudarlo y no lo hicieron fueron Nicolás Maduro, Cilia Flores, Tarek William SAAB, Tarek El Aissami (el sabrá porqué), Mikel Moreno , Rosbelin Gil y Delcy Rodriguez
BEATRIZ ARIAS DE MARTINEZ
Los Generales saltan hacia el norte
La historia militar de la época del madurismo registrará que los militares saltaban hacia el norte. Allá, bien protegidos, entregan información, con ella compran impunidad. Al contrario, en la época del chavismo, los militares daban batallas heroicas como en Abril, como en el sabotaje petrolero. El hecho merece estudio.
Los militares que ayer fueron chavistas vuelan al norte con su cartapacio de datos acusatorios bajo el brazo. ¿Cuáles son sus motivos, por qué lo hacen? La respuesta amerita ubicarla en el teatro de la confrontación. Veamos.
Hoy, en pocas palabras, combaten en Venezuela dos bandos: los gringos, en alianza con la derecha del continente representados por guaidó, que dicho sea de paso es una buena marioneta, un muñequito de torta; y, por el otro lado, el gobierno del madurismo, agotado, vendiendo trozos de la Patria en la más reaccionaria conducta rentista. Para asombro de todos, estos militares no se ubican en una opción propia, no intentan reconstruir al chavismo que es la respuesta a las dos anteriores opciones de derecha, al contrario, se ubican en el bando gringo en contra de todo pensamiento nacionalista, revolucionario, por lo menos decente.
Muchos de ellos conocieron de cerca al Comandante, estuvieron allí en las buenas y las malas, conocen el pensamiento, los errores, los aciertos, saben el rumbo. Sin embargo, aquel pasado luminoso se olvida, se desecha, regresamos a la dictadura de pérez jimenez cuando no había otra opción que la democracia burguesa, el pacto de punto fijo, el medio siglo de oscuridad que eso significó.
Es verdad, y en descargo de los militares, que los civiles luego del asesinato del Comandante decretaron desbandada, aquello fue una estampida, no se concretó una vanguardia verdaderamente chavista, la confusión del duelo perdura, la consecuencia la padecemos: un país sin rumbo, en manos del pranato madurismo y sin más alternativa que la entrega a los gringos.
La situación es difícil, no obstante es propicia para el aparecimiento de los verdaderos líderes, las dificultades purifican las filas revolucionarias, identifican a oportunistas y aduladores, en ellas emergen las carencias ideológicas y también se fortifican las convicciones. Las adversidades preparan los espíritus para dirigir las batallas y para comprender bonanzas y carencias.
Ahora es necesario el vigor, el ímpetu de los mejores, los capaces de correr el riesgo de construir una verdadera opción de poder, una vanguardia que garantice la recuperación del autoestima de la masa, el sentido de Patria, el amor a la sociedad, es decir, que reconstruya las bases esenciales de la nacionalidad, del humanismo. Ese es el reto de los chavistas-chavistas, señalar el camino de la redención, dejar claro que hay otra opción frente al pranato madurista y la entrega a los gringos de guaidó.
Sabemos que los líderes chavistas comienzan a retomar su papel de guías, lo hacen en condiciones muy difíciles, la propaganda en contra es brutal, se les acusa, se les cierra la posibilidad de defenderse, de difundir sus ideas, se les obliga al calabozo o al exilio, el ostracismo, el aislamiento no permite un intercambio fluido de ideas. Sin embargo, ya hay indicios de reagrupamientos de los chavistas-chavistas. La reconstrucción de una fuerte corriente chavista-chavista, de una dirección chavista, es condición previa a cualquier movimiento revolucionario. Se debe ir a la amplitud con un núcleo organizado duro, una ideología clara.
Rafael Ramírez: La visita de Bachelet es un triunfo de todo el país
COMISIÓN DE DDHH DE LA ONU DEBE IMPULSAR RESTITUCIÓN URGENTE DE DERECHOS A PRESOS Y PERSEGUIDOS
*El ex ministro saluda que la comisionada dio visibilidad a los casos de persecución y prisiones ilegales de ex trabajadores de Pdvsa, militares y dirigentes chavistas.
Caracas, 26 de junio de 2019.- El ex ministro de Petróleo del presidente Hugo Chávez, Rafael Ramírez agradeció la visita a Venezuela de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, porque puso en evidencia la situación de violación de los DDHH en el país.
El también ex embajador de Venezuela ante la ONU sostiene que es primera vez en 20 años, que se requiere la intervención del sistema de las Naciones Unidas en materia de Derechos Humanos en el país. Y aplaude que con la visita de Bachelet se visibiliza y reconoce un hecho que ha estado silenciado producto de la intolerancia política, y es que “el gobierno de maduro persigue, exilia, encarcela, secuestra, maltrata y tortura, con especial saña, a los chavistas que estamos en contra de su gobierno, sean éstos políticos, trabajadores, militares o ex ministros”, denunció.
Para Ramírez la visita de Bachelet tiene otras lecturas políticas que conviene destacar: “El gobierno está dividido y se impone el grupo, encabezado por el propio maduro, que está cediendo, hace concesiones porque tiene el agua al cuello, porque, a pesar de que está parado sobre los hombros del pueblo venezolano, sabe que su posición es insostenible. Este grupo ahora trata de lavar su cara, en el ámbito económico y político: cede el Esequibo a la Exxon Mobil, publica tardíamente cifras del BCV, entrega áreas petroleras, gasíferas, de oro y los activos del Estado, de la República, que pueda, mientras negocian una salida. El otro grupo, que será objeto de la negociación, sigue dando saltos grotescos de guerra”.
UN TRIUNFO DEL PAÍS
Para el ex ministro Ramírez, la visita de Bachelet es un triunfo de las víctimas que pudieron hacer visible las violaciones de Derechos Humanos, expresadas en detenciones arbitrarias, secuestros, desconocimiento del debido proceso, maltratos, torturas, persecución de las víctimas y sus familias y la judicialización de la política que ha llevado al exilio a dirigentes políticos y trabajadores.
Señala, además, que maduro tiene especial temor por el chavismo, porque es el único sector que puede garantizar una salida a la crisis, a través de una Junta Patriótica Cívico-Militar de Gobierno, que restablezca el hilo Constitucional y la soberanía popular.
“Al madurismo se le acabó el tiempo, la situación es insostenible, política, económica y socialmente. Las sociedades no se suicidan. La salida del poder de maduro y del madurismo es cuestión de tiempo. Lamentablemente, y en la misma medida en que el madurismo ha cerrado todas las opciones constitucionales y políticas, parece que será por una acción violenta, cruenta, que puede tener signo de izquierda o derecha. Más temprano que tarde, cuando menos lo imagine el madurismo, irrumpirá una fuerza o conmoción política que pondrá fin a su gobierno tiránico”, sentencia Ramírez.
PROPUESTAS A LA COMISIÓN
Como se ha informado, la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, acordó con Maduro mantener en Venezuela una delegación permanente de dos representantes, con miras a establecer una oficina.
Para Ramírez, los delegados de Bachelet tendrán una ardua tarea, porque el gobierno de Maduro no se caracteriza por su honestidad y la situación que vive el país es realmente muy peligrosa, porque el riesgo no está solo en el gobierno madurista, sino en las tentaciones totalitarias de la ultraderecha que aspira conquistar el poder para imponer su visión intolerante del país y consolidar con otras leyes y otra Constitución el proceso de entrega que, de manera ilegal, comenzó con maduro.
En este sentido, Ramírez hace una serie de propuestas a la comisión, entre las cuales destacan las siguientes:
– Fe de vida y levantamiento de información de todos los secuestrados en centros de detención, incluyendo a los trabajadores de PDVSA y los efectivos de la FANB. Precisar su ubicación. Fe de vida del Mayor General Rodríguez Torres y del General Raúl Baduel.
– Certificación por el equipo de la Alta Comisionada de la lista de presos políticos, civiles y militares, trabajadores de PDVSA, efectivos de la FANB. Además reconocerles a todos su condición de presos políticos.
– Inspección a los centros de detención del Sebin, Dgcim, La Tumba, Fuerte Tiuna, El Helicoide. Entrevistas a los detenidos-secuestrados. Exigir un censo de cárceles y centros de reclusión de todo el país, con el número y la identificación, así como, el status de sus juicios y procedimientos penales, de presos y secuestrados por razones políticas y comunes así como, el estado físico de los mismos.
– Debe exigirse que se proceda a otorgar las audiencias correspondientes a los imputados que han sido privados de libertad. (En este sentido, debe exigirse el cumplimiento de la Constitución y el Código Orgánico Procesal Penal cuyos artículos 9 y 229 son muy claros al señalar que la privación de libertad de un imputado es de carácter EXCEPCIONAL. Es decir, no es regla que un imputado sea privado de su libertad, todo lo contrario. Si no fuera así, no existiría el derecho a la presunción de inocencia.
– Deben garantizarse a toda la población penitenciaria, no solo a los presos políticos, todos sus derechos y garantías procesales.
– Debe garantizarse que se generen responsabilidades a los funcionarios que violen los Derechos Humanos de los imputados, tal como lo establece el artículo 123 ejusdem.
– Debe, sobre todo, garantizarse que la acción penal esté en manos del Estado a través del Ministerio Público debidamente restituido, y no de un órgano distinto, menos aún del presidente de la República ( art. 11 ejusdem).
– Garantizar que cesen las torturas, secuestros, exilios, confiscaciones de bienes, tanto de los imputados, como de sus familiares. Liberación inmediata de todos los detenidos y secuestrados, incluyendo a los trabajadores de PDVSA y efectivos de la FANB.
– Facilidades al equipo de la Alta Comisionada para que se puedan recibir familiares y víctimas de violación de los DDHH en las oficinas de la ONU en Caracas y, dados los severos problemas de transporte existentes, abrir centros de atención en el oriente y occidente del país para el mismo propósito.
– Crear una Comisión internacional de Juristas que revisen los juicios y procedimientos aplicados a los imputados por el Ministerio Público o bajo medidas judiciales.
– Exigir al gobierno, los ministerios respectivos y al Instituto Nacional de Estadística, la publicación de todas las estadísticas en relación a la salud, mortalidad infantil, educación y todos los indicadores de desarrollo social en el país.
– Hacer un levantamiento nacional, con el apoyo de la Cruz Roja, la OMS, OPS y otras organizaciones internacionales de las necesidades de medicamentos y tratamientos especiales para enfermedades crónicas y de alto riesgo, así como el estado de la infraestructura de salud en el país.
– Hacer un levantamiento nacional, con apoyo de la FAO, UNICEF y otros organismos de la ONU, de las necesidades de alimentación y los niveles de desnutrición en el país, sobre todo en niños, mujeres embarazadas y ancianos.
“Verdaderamente, la oficina de la Alta Comisionada y demás organismos de las Naciones Unidas tendrían mucho que hacer en el país; todos los sectores nacionales tenemos que sumar esfuerzos y voluntades para prestar todo el apoyo a esta encomiable labor, así como para desenmascarar esta absurda e intolerable situación de violación de los DDHH que sufre nuestro pueblo”, concluye Ramírez.
Lea el último artículo de Rafael Ramírez: “Bachelet y el fin de la impunidad”
Los culpables de las colas de la Gasolina
La llamada Teoría de las Colas de Kraup, definida matemáticamente hace 110 años, establece que las colas son el resultado de una deficiente operación al momento de ofrecer un servicio a un número determinado de individuos. Es posible que, en los próximos años, investigadores venezolanos desarrollen una revolucionaria teoría de las colas, en función de la amplía experiencia en largas filas a la que nos ha sometido el peor gobierno de nuestra historia republicana: el gobierno de Nicolás Maduro.
Sin embargo, aunque todas las colas generan indignación y molestia, recientes declaraciones de dos constituyentes «expertos petroleros» nos facilitan abordar, basados como es nuestra costumbre, en las cifras oficiales de PDVSA, el Ministerio de Petróleo y la OPEP, el fenómeno de las colas para surtir gasolina en el país con las mayores reservas de petróleo en el mundo. ¿Por qué en todo el país (excepto Caracas) hay que hacer colas por horas e incluso días enteros para poder surtir gasolina? ¿A qué se debe esta deficiencia? ¿Cómo se puede solucionar? ¿Hasta cuándo se tiene que soportar? Son preguntas de relativa complejidad, cuyas respuestas deberían generar un debate nacional sobre la situación en el sector de los hidrocarburos en el país.
En primer lugar, es necesario aclarar que el suministro de gasolina en el país está planificado para realizarse por áreas geográficas. El Complejo Refinador de Paraguaná (Amuay y Punta Cardón) garantiza el combustible de las regiones andina y occidental, la Refinería El Palito (ELP) puede garantizar el combustible de las regiones central y capital, y la Refinería de Puerto La Cruz (PLC) puede garantizar el combustible de las regiones oriental, insular y Guayana. Es importante mencionar que las capacidades de diseño de estas refinerías superan con creces la demanda nacional, generando un superávit de combustible para ser exportado. Con esto en mente, analicemos algunas cifras.
En noviembre de 2017, PDVSA entregaba al mercado interno de combustibles, 6 millones de barriles mensuales de gasolina, de los cuales 5.7 millones (85% de la gasolina entregada) eran producidos en el país, en las refinerías antes mencionadas. La importación de gasolina, fundamentalmente desde Curazao (generada en una refinería operada por PDVSA), era producto de varios aspectos: el recorte de producción petrolera acordado por la OPEP, que dejó a Venezuela una cuota cercana a los 2 millones de barriles de petróleo diarios, la postergación de los mantenimientos y el retraso en la adecuación de las refinerías del país para que pudieran procesar crudo pesado, que representaba más del 60% de la producción nacional (lo cual es consecuencia del secuestro del flujo de caja de PDVSA por parte de Maduro y sus adláteres, colocados al frente de las finanzas de la empresa); y por último, la imposibilidad gubernamental de controlar el contrabando de combustible a países fronterizos.
Adicionalmente, una parte de la gasolina que se importaba, se destinaba a cumplir compromisos internacionales, por lo que, en realidad, a pesar de las dificultades naturales, la industria petrolera era capaz de surtir el mercado interno de combustibles de Venezuela, no había colas para el suministro de gasolina en el país, con la excepción de las zonas fronterizas, las cuales tienen, sin duda, otras consideraciones estructurales derivadas del diferencial de precios de la gasolina, entre Venezuela y sus vecinos.
Según Maduro y sus «expertos petroleros», la industria petrolera que garantizaba al país la gasolina necesaria para su funcionamiento, a pesar de estar siendo asfixiada financieramente por el mismo Maduro desde el inicio de su mandato, estaba «llena de traidores» (?) y decidió entregársela a un oficial de la Guardia Nacional de escasa relevancia y nula preparación técnica en el área petrolera. Actualmente, la situación es desastrosa. La producción petrolera está por debajo del millón de barriles diarios, las refinerías están casi paralizadas y la empresa petrolera estatal reduce drásticamente su nómina. Algunas voces advirtieron sobre la catástrofe nacional que se avecinaba, pero la imagen apocalíptica era tal, que sólo puede creerse hoy, viendo las interminables colas para surtir gasolina. Si un ciudadano en una de estas colas preguntase inocentemente ¿A qué se debe esta situación que le era ajena hace apenas un año y medio atrás?, la respuesta inmediata que recibirá de los dirigentes de la industria petrolera es: «sanciones», «imperialismo», «corruptos». Sin embargo, si analizamos detenidamente los datos disponibles desde que Manuel Quevedo está cumpliendo órdenes de Maduro al frente de PDVSA, queda claro que la respuesta seria a la pregunta del ciudadano común es reveladora.
En 2018, por ejemplo, PDVSA entregó al mercado interno un promedio de 4.7 millones de barriles mensuales de gasolina. Esto es un 30% menos de lo que se entregaba al mercado nacional hasta noviembre de 2017, cuando Quevedo llegó a PDVSA. Pero lo que resulta aún más relevante es que se importaron en promedio 2 millones de barriles de gasolina cada mes. Es decir, durante 2018, PDVSA importó el 44% de la gasolina que entregó al mercado interno. El último mes de 2018, PDVSA entregó al mercado interno apenas 4.2 millones de barriles de gasolina (casi 40% menos de lo que entregaba en noviembre de 2017) e importó casi el 85% de ese volumen. En un año, la industria petrolera perdió su capacidad de garantizar el combustible interno, violando la Ley del Plan de la Patria, lo cual algún abogado podría aclarar si se trata o no de un delito, aun cuando hay quien asegura lo contrario, sin presentar una estadística o una prueba.
Es importante aclarar que durante todo el año 2018, PDVSA no estuvo sometida a ninguna sanción que afectara su capacidad para comercializar crudo y productos ya que el inicio de las sanciones, unilateralmente impuestas desde los Estados Unidos a finales de 2017, estaban orientadas a limitar la capacidad de endeudamiento de PDVSA bien fuese a través de los instrumentos financieros ya existentes, o la generación de algún nuevo tipo de financiamiento, pero esta no impedía el accionar de la corporación.
La drástica disminución del volumen de gasolina importada mensualmente, sumado a la catastrófica caída de la producción petrolera en el país, resulta en la entrega al mercado interno de combustible de aproximadamente el 30% de lo que se entregaba en noviembre de 2017. Los datos también revelan que la reducción en la gasolina importada ocurre justo cuando EE.UU. decide prohibir a PDVSA utilizar su sistema financiero, y en el momento en el que el 70% del combustible importado se compraba en EE.UU. Cabe la pregunta ¿Qué se hizo por evitar tal impacto negativo? ¿Cómo pudo transcurrir todo el año 2018 sin esbozarse un plan de contingencia para generar los combustibles en el país o en el peor de los casos importarlo de otros países, sino que por el contrario se incrementaron las importaciones desde EE.UU.? ¿Realmente son las sanciones introducidas en enero de 2019 las responsables de la disminución de la gasolina entregada al mercado interno que se evidencia desde el primer momento en que Quevedo asumió el control de PDVSA?
De hecho, es tan cierto que las sanciones no fueron determinantes en 2018, que entre el 80-90% de las importaciones de gasolina realizadas durante dicho año, provinieron precisamente de los Estados Unidos. Entonces, ¿Por qué se disminuyó en 40% el volumen de gasolina que se entregó al mercado interno? ¿Es tan grande la migración de venezolanos? ¿Es acaso la incapacidad de Quevedo y su combo para dirigir la industria petrolera la que tiene a todos los venezolanos sufriendo un ineficiente servicio de combustible? ¿Cómo fue posible que pasáramos de importar solo el 15% del combustible nacional, a importar el 85% del mismo? ¿Por qué se importaba la gasolina desde EE.UU., precisamente?
Comenzamos así el 2019 con la triste realidad de importar más de las ¾ partes del combustible consumido en el país. Es necesario considerar a los muelles en los que se descarga la gasolina importada, estos son: El Palito (ELP), el cual puede surtir los estados centro-occidentales y andinos; Carenero (CAR), el cual sirve a la región capital, Miranda y Vargas; y Guaraguao (GUA), el cual puede surtir a los estados orientales y del sur. Los volúmenes de combustible descargado mensualmente desde marzo en cada muelle, se presentan a continuación:
Los datos mostrados reflejan que, ante la reducción del combustible disponible para el mercado interno, se ha dado prioridad en la distribución de combustible a la región capital sacrificando alternativamente a los estados occidentales (abril y mayo) y orientales (junio) mientras que los estados fronterizos siguen en su larga agonía no solo por el contrabando sino por una decisión manifiesta del gobierno en la administración de los exiguos volúmenes de gasolina disponible.
De esta manera, es posible ofrecer algunas respuestas a las preguntas generadas al inicio del presente artículo. ¿A qué se debe la deficiencia en el suministro de gasolina en el país? Esto se debe a un menor volumen de gasolina disponible para el mercado interno, lo cual, a su vez, es producto de la disminución de la producción petrolera en el país y el estado de ruina en el que se encuentra la industria petrolera en general. ¿Sanciones? No. Durante todo 2018 PDVSA no sufrió sanciones a su capacidad de comercializar, y a pesar de ello, cada mes disminuyó su producción petrolera y su entrega de combustible al mercado interno.
Parece más un ejemplo claro de mala gerencia e incapacidad, en momentos en los que se requería un altísimo nivel de conocimiento para manejar una industria tan compleja en un escenario financiero y político hostil. ¿Imperialismo? De ser así, resulta difícil entender que, hasta las sanciones comerciales de enero de 2019, el 80% de la importación de gasolina se hiciera precisamente desde Estados Unidos y que no hubiese un plan alternativo para que la importación se hiciera a través de otros socios. ¿Herencia de una empresa petrolera corrupta? La verdad es que esa misma empresa petrolera cumplía a cabalidad con el suministro de gasolina hasta noviembre de 2017 y los niveles de producción que presentaba eran cercanos a lo acordado por la OPEP. ¿Hasta qué punto es posible sostener la situación de relativa tranquilidad en la región capital, a costas del sacrificio de las demás regiones del país? Esto depende en gran medida de los escrúpulos de quienes dirigen al País, los cuales parecen decididos a llegar al extremo de suministrar eficientemente sólo el combustible mínimo para la región capital y de esta manera mantener el eufemismo «Caracas Bella» a lo que habría que agregar: «mientras el resto del país esta en ruinas». ¿Cómo superar esta situación? Levantando la mayor sanción que tiene el País: el gobierno de Maduro. Remover a Quevedo y ejecutar un Plan de Emergencia para la industria petrolera, con visión Nacional, Popular y Revolucionaria.
El Estado venezolano carece de un buen gobierno. Sobre esta idea, parece haber consenso. Se ha alcanzado un punto en el cual el mal gobierno causa daños muy severos al Estado venezolano. La situación de la industria petrolera, en general y del suministro de gasolina, en particular, es un ejemplo de ello. Cuando la importación de combustible era de apenas un 10-15% de lo que se consumía en el país, el subsidio de la gasolina le costaba a PDVSA 3.700 millones de dólares al año. ¿Cuánto cuesta hoy en día el desastre que Maduro y Quevedo tienen con la gasolina que es casi en su totalidad importada?
¿Quién se beneficia de esta situación?
antoniosucre287@gmail.com
Bachelet and the end of impunity
First of all, I would like to thank the United Nations High Commissioner for Human Rights, former president Michelle Bachelet, for having visited our country and for having received the reports of human rights violations: cases of persecution, exile, imprisonment, kidnapping, and torture for political reasons, as well as cases of deaths resulting from political violence, and, very particularly, I would like to thank her for having met and listened to the wives and relatives of PDVSA workers and military officers that have been kidnapped by the government.
It is the first time in 20 years that the intervention of the United Nations system in the matter of Human Rights in the country is required; and, for the first time, her visit renders visible and recognizes a fact that has been silenced as a result of political intolerance: maduro’s government persecutes, exiles, imprisons, kidnaps, mistreats, and tortures, with special viciousness, the Chavistas, including myself, that are against his government, whether they are politicians, workers, military or former ministers.
Bachelet’s visit reveals a great hidden truth in our country, which is that this government, that is neither Chavista and much less revolutionary, has imposed fear and repression on the Chavista sector, which is supposed to be the vanguard and conscience of the revolution: the psuv, the workers, the popular movement, and the Bolivarian National Armed Forces, the only force capable of removing him from power, so to keep it demobilized and paralyzed out of fear.
The madurismo knows well that only the Chavismo will be able to put an end to this disaster. He fears it more than anything else and that is the reason why it acts with particular violence, repressing our leaders, workers, and militants to keep them quiet and demobilized.
The madurismo time is over. The situation is untenable, politically, economically, and socially. Societies do not commit suicide. The fall or removal from power of maduro and the madurismo is just a matter of time. Unfortunately, and to the same extent the madurismo has shut down every constitutional and political option, it seems that it will end up being a violent, bloody action that may come from the left or right.
Sooner than later, when the madurismo is least expecting it, a political force or commotion will burst into the situation, putting an end to such tyrannical government.
Hopefully, maduro’s removal from power happens by the hand of the Chavismo and the Bolivarian sector, under the leadership of an inclusive Patriotic Government Junta; otherwise, its removal will be through a coup coming from the extreme right, taking over power to unleash intolerance and hatred, handing over whatever is left of the country to the transnational capital, openly and definitely abdicating our sovereignty. Against this backdrop, our country will inevitably enter a long period of ungovernability, with the Chavismo taking the streets and the impossibility of achieving the necessary unity to rebuild the country.
It seems like the only way of having a pacific outcome would be if the international contending factors force an understanding among the parties. Washington and Moscow are reaching agreements on Venezuela which have allowed international facilitation to advance in that direction, as it has been evidenced by the diplomatic efforts promoted by Norway, in Oslo, and by the group of friends led by Sweden, Italy, Uruguay, Mexico, among others. All of these options are underway, but, unfortunately behind the country’s back.
The most dangerous of these is the violent removal or foreign intervention encouraged and promoted by the extreme right, whose leaders are convinced, and so they have promised their funders, that they will take power. They do not cease their efforts and are willing to do anything. Hence my reiterated calls to the patriotic and Chavista forces, especially the military, to not act in a desperate way, joining the extreme right in whatever adventure comes to their minds.
It is not about ousting maduro to hand over the power to the rancid oligarchy, enemies of what has been built with so much effort, enshrined in our Constitution, and the historic objectives of the Homeland Plan.
It is about installing a Patriotic Government Junta to restore popular sovereignty. A Junta that includes the national and patriotic sectors that are committed to the Constitution, with the Bolivarian Armed Forces as guarantor to lead the country for a period of no more than two years, in a process to reestablish the legitimacy of all powers of State, address the humanitarian, social, and economic crisis, and restore the political guarantees and full liberties. It is a collective effort to include everyone, the millions who have left the country, consult the people through the universal and secret vote, in a referendum and elections of all bodies of popular election and, in this way, begin to recover the governability and normalcy in the country.
Bachelet’s visit has been an achievement of the families, organizations, and sectors, including myself, that have taken actions to denounce the human rights violations in the country and it must be embedded in the ongoing process which promises a change in the political situation.
Without the public opinion awareness, the madurismo is making compromises and fulfilling demands of the same international factors that have sustained them, but since their own interests are on the edge of the abyss, they have distanced themselves or have reached agreements bypassing maduro.
The government is divided and the group that has taken the lead, headed by maduro himself, is giving way, making concessions because they are neck deep in the water, because despite them standing on the shoulders of the Venezuelan people, they know very well that their position is unsustainable. This group is now trying to wash their hands, in the economic and political sphere, ceding the Essequibo to Exxon Mobil, issuing belatedly and hastily BCV figures, signing oil, gas, and gold concessions, and surrendering all the assets of the State, of the Republic, they can while negotiating their way out. The other group, which will be subject of the negotiation, continues to make grotesque leaps beating the drums of war.
The government tries to manipulate and take advantage of Bachelet’s visit. It has made a commitment with the High Commissioner, according to what she has said, to “carry out an evaluation of the National Commission on Torture Prevention and another study to determine the main obstacles to accessing the justice system in the country”. At the same time, it committed with the UN team to have “access to detention centers and to speak in confidence with the inmates”, among other promises.
In an effort to help the reduced team of the High Commissioner that was authorized to remain in the country, we could indicate the following actions so the government begins to fulfill its pledges and cease from its characteristic impunity:
- Proof of life and compilation of information of all those kidnapped in detention centers, including PDVSA workers and FANB members. Determine their location.
• Certification by the team of the High Commissioner of the list of political, civilian and military prisoners, PDVSA workers, FANB members.
• Proof of life of Major General Rodríguez Torres and General Raúl Baduel.
• Recognize as political prisoners of those kidnapped by maduro for political reasons and raids and institutions and public companies, such as PDVSA, Corpoelec, and Ferrominera, among others.
• Require that all prisoners in the aforementioned prisons are included in the censuses and considerations set forth in this document, thus avoiding that under the name of “common prisoners” and accusations of “corruption” or “betrayal”, the political character of their seclusion is distorted. Such is the case of PDVSA workers and the military.
• Inspect the detention centers of Sebin, Dgcim, La Tumba, Fuerte Tiuna, El Helicoide. Interviews with the imprisoned-kidnapped.
• Demand a census of prisons and detention centers throughout the country, of prisoners and kidnapped for political or common reasons, with their number and identification, as well as the status of their trials and criminal procedures, in addition to their physical state.
• Identify one by one the status of criminal procedures of each of the accused and deprived of liberty in the aforementioned prisons.
• It must be demanded that the appropriate hearings be given to the accused who have been deprived of their liberty. (In this sense, compliance with the Constitution and the Organic Code of Criminal Procedure must be enforced, particularly articles 9 and 229 which are very clear in pointing out that the deprivation of liberty of an accused person is EXCEPTIONAL; that is to say, it is not the rule that an accused person is deprived of his freedom, quite the contrary. If this were not the case, there would be no right to the presumption of innocence. Hence, pretrial detention is exceptional and the rule that allows it is of restrictive interpretation. Consequently, according to article 132, ejusdem, at 12 hours after the arrest of a person, a Judge must be notified; at 24 hours (article 232) plus 48 (article 233), the hearing and the decision of the judge must take place, otherwise the accused must be automatically released).
• It must be ensured that no accused is held, as established in Article 230 of the Organic Code of Criminal Procedure, for more than two years in custody. The opposite constitutes a NOTORIOUS FACT of human rights violation by the government.
• It must be ensured, as stated in article 231 ejusdem, that no accused person over 70 years of age is detained (deprived of liberty), even preventively.
• It must be ensured that police actions comply with the rules established in the law for their intervention, during the apprehension and participation in the entire criminal process (Article 119 ejusdem), under penalty of incurring in criminal responsibilities.
• It must be ensured that officials who violate the human rights of the accused are held accountable, as established in article 123 ejusdem.
• Respect for dignity, due process, defense, contradictory, presumption of innocence, protection of the Constitution, res judicata, of the accused must be ensured (articles 10 and following ejusdem).
• It must be ensured, above all, that the criminal proceedings are in the hands of the State through the duly reinstated Public Prosecutor’s Office, and not by a different body, let alone the president of the Republic (art.11 ejusdem).
• Guarantee that torture, kidnappings, exiles, confiscation of property, both of the accused and of their family members, cease.
• Immediate release of all persons detained and kidnapped, including PDVSA workers and FANB members.
• Provide assistance to the High Commissioner team so they can receive relatives and victims of human rights violations at the UN offices in Caracas, and, given the current and serious transport issues, open focal point centers in the east and west of the country for the same purpose.
• Create an International Commission of Jurists to review trials and proceedings applied to those accused by the Public Prosecutor’s Office or under legal measures.
• Reestablish the right to dignity, reputation, defense, and presumption of innocence.
• Eliminate the use of justice as an instrument of political persecution.
• The government and a UN political mission must guarantee the rights and full liberties of the political exiles so we can return to the country.
• Intervene or dissolve the “Truth Commission”. Create a body of international Jurists, with the support of the UN, to investigate all crimes and acts of political violence that occurred in the country, between 2013 and 2019, including the death in custody of former minister Nelson Martínez.
• Request the intervention of the Public Ministry and that an independent commission of jurists can undertake a review of all cases and accusations previously made by said body. The Attorney General must resign.
• Open an accelerated and transparent process to solve and review the ongoing judicial cases without a final judgment.
• Request the intervention and deactivation of FAES. Investigate the human rights crimes and violations carried out by this body.
• Request the intervention of SEBIN. Investigate the human rights crimes and violations carried out by this body. Receive and investigate the denunciations made by Major General Cristopher Figuera.
• Investigate the human rights crimes and violations carried out by Dgcim.
• Cancel the extradition and capture orders issued by the TSJ on August 17, 2018.
• Allow access to the High Commissioner’s team to the prisons for common prisoners of the country.
• Investigate the cases of deaths and killings in these prisons, as well as opening an investigation into the deaths of more than 67 common prisoners burned alive in the police cells of Carabobo, on March 29, 2018.
• Demand the government, the relevant ministries, and the National Institute of Statistics to provide all the figures regarding health, child mortality, education, and all indicators of social development in the country.
• Request support from PAHO, WHO, UNICEF, UNHCR, FAO, ECLAC, among other United Nations agencies to restore the survey and statistics of economic and social indicators in the country.
• Carry out a national survey, with the support of the Red Cross, WHO, PAHO and other international organizations, of the needs for medicines and special treatments for chronic and high-risk diseases, as well as the state of the health infrastructure in the country.
• Carry out a national survey, with support from FAO, UNICEF, and other UN agencies, of the food needs and levels of malnutrition in the country, especially in children, pregnant women and the elderly.
In all honesty, the Office of the High Commissioner and other United Nations agencies will have much to do in the country. All the national sectors must join efforts and wills to provide full support to this commendable task, as well as to expose this absurd and unbearable situation of human rights violations suffered by our people.
It is important to recognize and understand that human rights must be treated without politicization or discrimination, they are universal and for all. No death and no abuse can be tolerated; no government, and much less one that proclaims itself progressive, can be based on suffering and cruelty.
It is important to recognize the other half of the country, the Chavistas imprisoned, tortured and persecuted by the madurismo, including myself, are citizens, human beings with rights and we will enforce them. Let us all be one voice, those that demand the end of the government’s impunity, the respect for human rights and the full validity of our Constitution.
Bachelet y el fin de la impunidad
Compatriotas y amigos y amigas de Venezuela en el mundo,
Ha culminado la importante visita de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, la ex presidenta Michelle Bachelet. Por primera vez en 20 años que se requiere con urgencia la intervención del sistema de las Naciones Unidas en materia de Derechos Humanos en el país y por primera vez se visibiliza y reconoce un hecho que ha estado silenciado producto de la intolerancia política: el gobierno de maduro persigue, exilia, encarcela y maltrata, con especial saña, a los chavistas que estamos en contra de su gobierno, sean estos políticos, trabajadores, militares o ex ministros.
La visita de Bachelet ha sido un logro de los familiares, organizaciones y sectores que nos hemos movilizado en denunciar la violación de los Derechos Humanos en el país y debe enmarcarse en un proceso que ya está en marcha, de cambio de la situación política. A su equipo que queda en Venezuela, respetuosamente quisiera proponerle los siguientes puntos de acción sobre los que velar para el cumplimiento del compromiso que hiciera el gobierno de corregir la situación de DDHH en el país.
Sólo el chavismo, una Junta Patriótica de Gobierno, podrá sacar al madurismo del poder para refundar la patria. Cualquiera de las otras opciones que busca la derecha, especialmente de la mano de la violencia, una aventura militar, bien sea nacional o extranjera, está destinada al fracaso. La visita de Bachelet constata la transición política en marcha.
Conoce más sobre mi propuesta de la Junta Patriótica para una transición pacífica, refundacional de la República y de regreso a la Constitución en este breve video, comparte el folleto o lee mi desarrollo sobre esta propuesta.
Junta Patriótica, un camino para refundar la patria y volver a la Constitución
Antecedentes:
La hemos llamado Junta Patriótica, porque se refiere a la única experiencia exitosa de rebelión cívico-militar en nuestra propia historia, con elementos de fondo que, a pesar de la diferencia de momentos y condiciones, siguen vigentes.
El origen de esta propuesta se remonta a nuestra propia experiencia como país: el derrocamiento de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, el 23 de enero de 1958, por un movimiento cívico-militar, articulado por una Junta Patriótica, conformada por todos los factores políticos del país: AD, el Partido Comunista, URD, Copei, a la que luego se sumaron los militares patriotas. Se trataba de un movimiento nacional, patriótico, de unidad cívico-militar para derrocar a la dictadura.
La propuesta de la Junta Patriótica de Gobierno, nace de la discusión impostergable de cómo el resto de la sociedad, la mayoría del pueblo, recupera su rol protagónico en la conducción de sus propios asuntos, preservando la soberanía política y económica, y avanzando en la reconstrucción de la patria.
La arremetida contra PDVSA y el sector petrolero, es un ejemplo claro de lo urgente de la salida del gobierno y la instalación de la Junta Patriótica.
La Junta es una estructura transitoria de gobierno, mientras se restablece la vigencia de la Constitución y el ejercicio pleno de la soberanía popular a través del voto directo y secreto. Es la unidad de los sectores patriotas, democráticos y populares.
Legitimidad:
Nuestra actual Constitución, contempla elementos fundamentales para darle legitimidad a la creación de la Junta Patriótica de Gobierno:
Lo establece expresamente el artículo 5º Constitucional, la Soberanía Nacional reside “en el pueblo”.
Por otra parte, el artículo 333º de la Constitución, convierte en un deber de toda ciudadana y ciudadano, hacer lo necesario para restablecer el orden constitucional, sus garantías y derechos, sin ningún tipo de límite o exclusión, si éstos están siendo violados o desconocidos.
Objetivos:
Lo más importante, además de recuperar gobernabilidad y legitimidad, es recuperar el alma de nuestro pueblo, restablecer los valores del gentilicio venezolano: la solidaridad, el trabajo, el compromiso, el amor, el afecto, la alegría, la esperanza. Dejar atrás el egoísmo, la intolerancia, el odio. Volver a la razón, a las ideas, a la grandeza como pueblo. Volver a ser el pueblo Bolivariano, grande, orgulloso y noble que siempre hemos sido.
La Junta, ha de ser un organismo colegiado, con decisiones de consenso, y una permanente consulta popular, tiene que tener una autoridad limitada, en el alcance y el tiempo:
- Aplicar, por dos años, un plan de emergencia humanitaria, organizar un Referéndum Consultivo, legitimar instituciones y conducir elecciones. Podría llamarse gobierno de transición, podría activarse después de realizar un referéndum consultivo, o con una acción cívico-militar que deponga a maduro.
- Proteger y resguardar la Constitución y las leyes promulgadas al inicio del conflicto de poderes entre el Ejecutivo y la Asamblea Nacional. Estásno se pueden cambiar, por lo que se debe derogar todas las leyes, decretos y contratos entreguistas e ilegales hechos por maduro y avalados por la Asamblea Nacional CoConstituyente.
Actuar apegada a la Constitución, de acuerdo con la integridad de su articulado.
- Respetar los Acuerdos Internacionales suscritos por el país.
Garantizar la Soberania, Autodeterminación y la Independencia de la patria venezolana, no puede hacer nada en el ámbito internacional que vulnere nuestra soberanía, ni suscripción de tratados, ni solicitudes de injerencia o presencia militar extranjera en el país. No puede permitir la implantación de ningún plan, que viole los preceptos constitucionales y nuestro marco legal vigente.
- Proteger la Soberanía económica y territorial del país. Es indispensable, desde la misma transición patriótica, establecer una política económica y monetaria que recupere la capacidad adquisitiva del salario, el ingreso, el crecimiento económico. Rescatar todas nuestras capacidades productivas, públicas y privadas, para recuperar nuestros espacios territoriales, la producción de alimentos, el funcionamiento de los servicios públicos.
- Proteger a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, como árbitro y garante del proceso y la vigencia de la Constitución y Leyes.
- Incluir a todos los sectores políticos y sociales patriotas.
Así mismo, la Junta debe tener facultades Ejecutivas, para tomar decisiones en el ámbito de organizar y conducir el período de emergencia:
- Restablecer el funcionamiento de los servicios públicos fundamentales: agua, luz, gas, combustibles; la conectividad nacional e internacional del país: transporte terrestre, aéreo, comunicaciones.
- Atender como prioridad la crisis humanitaria: alimentación, salud, atención de desplazados, emergencia social. Solicitar ayuda a los organismos especializados de las Naciones Unidas y sus diferentes entes especializados, el apoyo y la solidaridad internacional, de los pueblos del mundo, para salir de esta coyuntura catastrófica: salud, medicamentos, alimentación, refugiados, para enfrentar la crisis humanitaria. Debe movilizar a todo el país para adelantar un programa de protección inmediata a la población, ir hasta ellos, directamente, con todos los recursos del Estado para atender sus necesidades.
- Elaborar un plan de emergencia de recuperación de la producción de petróleo, con PDVSA, recuperar nuestras capacidades productivas. Convocar a todos los trabajadores que han salido, sacar de la empresa a los organismos de inteligencia del Estado, liberar a los trabajadores y gerentes secuestrados, cesar la persecución, reivindicar a sus trabajadores, hacer un marco especial de protección de la empresa, sus activos, sus actividades, garantizar la seguridad de las instalaciones, revisar y revertir todos los contratos y cesiones ilegales.
- Restablecer las operaciones fundamentales del aparato productivo interno: alimentos y medicamentos como prioridad.
- Iniciar un registro de los venezolanos y venezolanas en el exterior, documentar la situación real y condiciones de los que han emigrado. El país necesita un “conteo de protección”. Presentar un plan de regreso y reinserción al país, al trabajo. Solicitar ayuda a los organismos internacionales para este programa de reinserción. Una “Misión Leander”. Los hijos, volverán para reconstruir a la madre patria.
La Junta debe restablecer las plenas libertades políticas en el país, el Estado de Derecho, las Garantías Constitucionales y el carácter participativo y protagónico de nuestra democracia:
- Libertad para los presos políticos.
- Cese a la persecución política, vuelta de los exiliados.
- Levantamiento de la censura a los medios de comunicación.
- Libertad para todos los trabajadores secuestrados.
- Libertad para todos los oficiales y miembros de la Fuerza Armada Bolivariana secuestrados.
- Intervención al Ministerio Público.
- Intervención a los organismos de inteligencia y cuerpos policiales vinculados a la represión política.
- Garantía al Debido Proceso y el Estado de Derecho en el país.
- Organización y promoción de un amplio debate nacional, en todos los niveles, sobre los pasos hacia el restablecimiento de la normalidad del país, la superación del odio y la intolerancia.
- Erradicación de la violencia y el discurso del odio de la vida pública y el ejercicio político en el país.
La Junta tendrá que ser capaz de organizar un Referéndum Consultivo para que el pueblo decida los pasos fundamentales del restablecimiento de la Constitución:
- Nombrar un nuevo TSJ, un nuevo Fiscal General, Poder Moral y un nuevo Poder Electoral, todos transitorios, hasta que se realicen elecciones generales y se legitimen todos los poderes como establece la Constitución.
- Renovar la Asamblea Nacional a través de elecciones, previo acuerdo que permita que, en su directiva, se logre una representación paritaria de los bloques políticos.
- Cesar las funciones de la Asamblea Nacional Constituyente, sin ningún resultado concreto desde su creación.
- Realizar elecciones Presidenciales.
- Cesar funciones de la Junta Patriótica.
- Conducir al país en un período de emergencia, de máximo dos años, para entonces convocar un Referendo Consultivo, legitimar las instituciones y restablecer la soberanía popular sobre la conducción de la patria.
Conoce mi propuesta de Junta Patriótica de Gobierno en este video
Entérate cómo en 1958 se logró derrocar la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, tras la conformación de una Junta Patriótica un año antes. Rafael Ramírez insiste en que hoy es la única manera de salir de la peor crisis de la historia de Venezuela. Convoca entonces a la unión de todos los sectores patriotas del país, sin distinciones de ningún tipo.