Ante todo quisiéramos agradecer a la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, la ex presidenta Michelle Bachelet, su visita al país y haber recibido las denuncias de violación de los Derechos Humanos: casos de persecución, exilio, detención, secuestro y tortura por razones políticas, los casos de muertes producto de la violencia política, y, muy particularmente, le agradecemos el haber recibido y escuchado a las esposas y familiares de los trabajadores de PDVSA y militares secuestrados por el gobierno.

Es la primera vez en 20 años, que se requiere la intervención del sistema de las Naciones Unidas en materia de Derechos Humanos en el país; y, por primera vez, con su visita se visibiliza y reconoce un hecho que ha estado silenciado producto de la intolerancia política: el gobierno de maduro persigue, exilia, encarcela, secuestra, maltrata y tortura, con especial saña, a los chavistas que estamos en contra de su gobierno, sean éstos políticos, trabajadores, militares o ex ministros.

La visita de Bachelet descubre una gran verdad oculta en nuestro país; y es que este gobierno, que no tiene nada de chavista y mucho menos de revolucionario, ha impuesto el miedo y la represión hacia el campo chavista para mantener desmovilizadas y paralizadas por el miedo a lo que se supone debía ser la vanguardia y conciencia de la revolución: el psuv, los trabajadores, el movimiento popular y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, la única fuerza capaz de removerlo del poder.

El madurismo sabe que solo el chavismo será capaz de ponerle punto final a este desastre. A eso le teme más que a nada y por ello actúa con especial violencia, reprimiendo a nuestros dirigentes, trabajadores y militantes  para mantenerlos callados y desmovilizados.

Al madurismo se le acabó el tiempo, la situación es insostenible, política, económica y socialmente. Las sociedades no se suicidan. La caída o salida del poder de maduro y del madurismo es cuestión de tiempo. Lamentablemente, y en la misma medida en que el madurismo ha cerrado todas las opciones constitucionales y políticas, parece que será por una acción violenta, cruenta, que puede tener signo de izquierda o derecha.

Más temprano que tarde, cuando menos lo imagine el madurismo, irrumpirá una fuerza o conmoción política que pondrá fin a su gobierno tiránico.

Ojalá que la salida del poder del madurismo suceda por la acción del chavismo y del campo bolivariano, bajo la conducción de una Junta Patriótica de Gobierno, inclusiva; porque de lo contrario, su salida será por un golpe de mano de la extrema derecha, haciéndose del poder para dar rienda suelta a la intolerancia y el odio, entregar lo que queda al capital transnacional, abdicando abierta y definitivamente de  nuestra soberanía. Bajo este escenario nuestro país entrará, irremediablemente, a un largo periodo de ingobernabilidad, con el chavismo en la calle y la imposibilidad de lograr la unidad necesaria para reconstruir el país.

Pareciera que la única manera de que el desenlace sea pacífico, será si los factores internacionales en pugna obliguen a un entendimiento entre las partes. Washington y Moscú están llegando a acuerdos respecto a Venezuela y ello ha permitido que avance la facilitación internacional en esa dirección, como lo evidencian  los esfuerzos diplomáticos adelantados por Noruega, en Oslo, y por el grupo de amigos liderados por Suecia, Italia, Uruguay, México entre otros. Todas estas opciones están andando, lamentablemente, de espaldas al país.

La más peligrosa de ellas es la salida violenta o intervención extranjera estimulada y promovida por la extrema derecha, cuyos dirigentes  están convencidos, y así lo han prometido a sus financistas, que tomarán el poder. No cesan en su empeño y están dispuestos a lo que sea. De allí mi llamado reiterado a las fuerzas patriotas y chavistas, sobre todo a los militares, a no actuar de manera desesperada, acompañando a la extrema derecha en cuanta aventura se le ocurra.

No se trata de sacar a maduro para entregar el poder a la rancia oligarquía, enemigos de lo que se ha construyó con tanto esfuerzo y que está consagrado en nuestra Constitución y los objetivos históricos del Plan de la Patria.

Se trata de instalar una Junta Patriótica de Gobierno para restablecer la soberanía popular. Una Junta que incluya a los sectores nacionales y patriotas que estén comprometidos con la Constitución, donde esté la Fuerza Armada Bolivariana como garante, para conducir al país, por un período no mayor de dos años, en un proceso de restablecimiento de la legitimidad de todos los poderes del Estado, atención a la crisis humanitaria, económica y social, restablecimiento de las garantías políticas y plenas libertades. Se trata de un esfuerzo colectivo, incorporar a todos, a los millones que han salido de la patria; consultar al pueblo a través del voto universal y secreto, en referéndum y elecciones para todos los órganos de elección popular y, de esta manera, comenzar a recuperar la gobernabilidad y normalidad del país.

La visita de Bachelet ha sido un logro de los familiares, organizaciones y sectores que nos hemos movilizado para denunciar la violación de los Derechos Humanos en el país y debe enmarcarse en un proceso que ya está en marcha, y que promete un cambio de la situación política.

Sin que la opinión pública lo pueda percibir, el madurismo está haciendo concesiones y cumpliendo exigencias de los mismos factores internacionales que hasta ahora lo han sostenido, pero que, viendo que sus propios intereses están al borde del abismo, se han distanciado o están llegando a acuerdos por encima de maduro.

El gobierno está dividido y se impone el grupo, encabezado por el propio maduro, que está cediendo, hace concesiones porque tiene el agua al cuello, porque, a pesar de que está parado sobre los hombros del pueblo venezolano, sabe que su posición es insostenible. Este grupo ahora trata de lavar su cara, en el ámbito económico y político, cede el Esequibo a la Exxon Mobil, publica tardíamente, y a la carrera, cifras del BCV, firma concesiones petroleras, gasíferas, de oro y entrega todos los activos del Estado, de la República, que pueda, mientras negocian una salida. El otro grupo, que será objeto de la negociación, sigue dando saltos grotescos de guerra.

El gobierno trata de manipular y capitalizar la visita de Bachelet. Se ha comprometido con la Alta Comisionada, de acuerdo a lo indicado por ella, a “llevar a cabo una evaluación de la Comisión Nacional para la Prevención de la Tortura y para determinar los principales obstáculos en el acceso a la justicia en el país”. Igualmente se compromete a que el equipo de la ONU tenga “acceso a los centros de detención y hablar confidencialmente con los privados de libertad”, entre otras promesas.

En aras de ayudar al reducido equipo de la Alta Comisionada que fue autorizado a permanecer en el país, podríamos indicar las siguientes acciones para que el gobierno comience a cumplir sus promesas y cese la impunidad que lo caracteriza:

• Fé de vida y levantamiento de información de todos los secuestrados en centros de detención, incluyendo a los trabajadores de PDVSA y los efectivos de la FANB. Precisar su ubicación.
• Certificación por el equipo de la Alta Comisionada de la lista de presos políticos, civiles y militares, trabajadores de PDVSA, efectivos de la FANB.
• Fé de vida del Mayor General Rodríguez Torres y del General Raúl Baduel.
• Reconocer el carácter de presos políticos de los secuestrados por maduro por razones políticas y razzias en instituciones y empresas públicas, como PDVSA, Corpoelec y Ferrominera entre otras.
• Exigir que se incluyan dentro de los censos y consideraciones aquí expuestas, a todos los presos de las mencionadas cárceles, evitando que, bajo el calificativo de “presos comunes”, acusaciones de “corrupción” o “traición” , se desvirtúe el carácter político de su reclusión. Éste es el caso de los trabajadores de PDVSA y de los militares.
• Inspección a los centros de detención del Sebin, Dgcim, La Tumba, Fuerte Tiuna, El Helicoide. Entrevistas a los detenidos-secuestrados.  
• Exigir un censo de cárceles y centros de reclusión de todo el país, con el número y la identificación, así como, el status de sus juicios y procedimientos penales, de presos y secuestrados por razones políticas y comunes así como, el estado físico de los mismos.
• Identificar uno a uno el status de los procedimientos penales de cada uno de los imputados y privados de libertad en las cárceles antes indicada.
• Debe exigirse que se proceda a otorgar las audiencias correspondientes a los imputados que han sido privados de libertad. (En este sentido, debe exigirse el cumplimiento de la Constitución y el Código Orgánico Procesal Penal cuyos artículos 9 y 229 son muy claros al señalar que la privación de libertad de un imputado es de carácter EXCEPCIONAL. Es decir, no es regla que un imputado sea privado de su libertad, todo lo contrario. Si no fuera así, no existiría el derecho a la presunción de inocencia.  La detención preventiva es excepcional, y la norma que la permite es de interpretación restrictiva. En consecuencia, según el artículo 132 ejusdem, a las 12 horas de la aprehensión de una persona, debe notificarse al Juez; a las 24 horas (art. 232) más 48 (art. 233), debe producirse la audiencia y la decisión del Juez, de lo contrario, el imputado ha de quedar automáticamente en libertad).
• Debe garantizarse que ningún imputado se mantenga, tal como lo establece el artículo 230 del Código Orgánico Procesal Penal, más de dos años en custodia. Lo contrario, constituye un HECHO NOTORIO de violación por parte del gobierno, de los Derechos Humanos.
• Debe garantizarse, tal como lo señala el artículo 231 ejusdem, que ningún imputado mayor de 70 años, sea detenido (privado de libertad) siquiera preventivamente.
• Debe garantizarse que las actuaciones policiales cumplan las reglas establecidas en la ley para su intervención, durante la aprehensión y participación en todo el proceso penal (art. 119 ejusdem), so pena de incurrir en responsabilidades penales.
• Debe garantizarse que se generen responsabilidades a los funcionarios que violen los Derechos Humanos de los imputados, tal como lo establece el artículo 123 ejusdem.
• Debe garantizarse el respeto a la dignidad, debido proceso, defensa, contradictorio, presunción de inocencia, protección de la Constitución, Cosa Juzgada, de los imputados (artículos 10 y siguientes ejusdem).
• Debe, sobre todo, garantizarse que la acción penal esté en manos del Estado a través del Ministerio Público debidamente restituido, y no de un órgano distinto, menos aún del presidente de la República ( art. 11 ejusdem).
• Garantizar que cesen las torturas, secuestros, exilios, confiscaciones de bienes, tanto de los imputados, como de sus familiares.
• Liberación inmediata de todos los detenidos y secuestrados, incluyendo a los trabajadores de PDVSA y efectivos de la FANB.
• Facilidades al equipo de la Alta Comisionada para que se puedan recibir familiares y víctimas de violación de los DDHH en las oficinas de la ONU en Caracas y, dados los severos problemas de transporte existentes, abrir centros de atención en el oriente y occidente del país para el mismo propósito.
• Crear una Comisión internacional de Juristas que revisen los juicios y procedimientos aplicados a los imputados por el Ministerio Público o bajo medidas judiciales.
• Que se restablezcan el derecho a la dignidad, la reputación, la defensa, la presunción de la inocencia.
•  Eliminar el uso de la justicia como instrumento de persecución política.
•  Que el gobierno y una misión política de la ONU garantice los derechos y plena libertad de los exiliados políticos para que podamos retornar al país.
•  Intervenir o disolver la “Comisión de la Verdad”. Crear un organismo de Juristas internacionales, con el apoyo de la ONU, que investigue todos los crímenes y hechos de violencia política ocurrida en el país, entre 2013-2019, incluyendo la muerte en custodia del ex ministro Nelson Martínez.
• Solicitar la Intervención del Ministerio Público y que una comisión independiente de juristas pueda efectuar una revisión de todos los casos e imputaciones que ha formulado dicho organismo. Es Fiscal General debe renunciar.
• Abrir un proceso acelerado y transparente para resolver y revisar los casos judiciales que estén en curso, sin sentencia firme.
• Solicitar la intervención y desactivación del FAES. Investigar los crímenes y violaciones a los DDHH de este organismo.
• Solicitar la intervención del SEBIN. Investigar los crímenes y violaciones a los DDHH de este organismo. Recibir e investigar las denuncias formuladas por el Mayor General Cristopher Figuera
• Investigar los crímenes y violaciones a los DDHH cometidos por el Dgcim.
• Anular las Órdenes de extradición y captura emitidas por el TSJ en fecha 17 de agosto de 2018.
•  Permitir el acceso del equipo de la Alta Comisionada a los penales para presos comunes del país.
•  Investigar los casos de muertes y matanzas en dichos penales, así como abrir una investigación sobre la muerte de más de 67 presos comunes quemados vivos en calabozos de la policía de Carabobo, el día 29 de marzo de 2018.
• Exigir al gobierno, los ministerios respectivos y al Instituto Nacional de Estadística, la publicación de todas las estadísticas en relación a la salud, mortalidad infantil, educación y todos los indicadores de desarrollo social en el país.
• Solicitar apoyo a la OPS, OMS, la UNICEF, la ACNUR, la FAO, la CEPAL, entre otros organismos de las Naciones Unidas, para restablecer el levantamiento y las estadísticas de los indicadores económicos y sociales en el país.
• Hacer un levantamiento nacional, con el apoyo de la Cruz Roja, la OMS, OPS y otras organizaciones internacionales de las necesidades de medicamentos y tratamientos especiales para enfermedades crónicas y de alto riesgo, así como el estado de la infraestructura de salud en el país.
• Hacer un levantamiento nacional, con apoyo de la FAO, UNICEF y otros organismos de la ONU, de las necesidades de alimentación y los niveles de desnutrición en el país, sobre todo en niños, mujeres embarazadas y ancianos.

Verdaderamente, la oficina de la Alta Comisionada y demás organismos de las Naciones Unidas tendrían mucho que hacer en el país; todos los sectores nacionales tenemos que sumar esfuerzos y voluntades para prestar todo el apoyo a esta encomiable labor, así como para desenmascarar esta absurda e intolerable situación de violación de los DDHH que sufre nuestro pueblo.

Reconocer y entender que los DDHH deben tratarse sin politización, ni discriminación, son universales y para todos. Que no se puede tolerar ninguna muerte, ningún atropello, ningún gobierno, y menos uno que se proclama, al menos, progresista, puede sustentarse sobre el sufrimiento y la crueldad.

Reconocer a la otra mitad del país, que los Chavistas presos, torturados y perseguidos por el madurismo, somos ciudadanos, seres humanos que tenemos, por tanto, derechos y haremos que se respeten. Seamos todos, como una sola voz, los que exigimos el cese a la impunidad del gobierno, el respeto a los Derechos Humanos y la plena vigencia de nuestra Constitución.

El Mar Caribe se ha convertido en la tumba de los venezolanos más pobres, que tratan de salir desesperados de la tragedia de la Patria. Ya no es aquel pueblo heroico que lo surcaba hace más de doscientos años, entre Haití, Los Cayos, Cartagena, Jamaica, Chacachacare y las costas de la Patria en la lucha por su independencia. No. Ahora, son los más pobres, los que no tienen otra opción que lanzarse al mismo Mar Caribe para alcanzar una tierra segura, amiga, que les permita vivir; y, sobre todo, poner a resguardo a sus familias e hijos del desastre del madurismo.

Son parte de los 4 millones de venezolanos que , según el último reporte de la Agencia para Refugiados de las Naciones Unidas, la UNHCR y la OIM, la Organización Internacional para la Migración, han abandonado el país desde finales del 2015 y que el gobierno insiste en negar e incluso anuncia que dos de sus más conspicuos representantes irán a la ONU a “refutar” a la organización más seria y reconocida por el mundo en esta materia, pensando tal vez que podrán “patotear”, como decía el presidente Néstor Kirchner, al resto de los países, o que van a una entrevista de VTV o Globovisión, donde pueden decir lo que quieran, sin contestación.

La diáspora de venezolanos, fenómeno que hemos alertado (“no te vayas”) y denunciado (“el paso de los Andes”), es una triste realidad que desgarra y separa a las familias y que ha vaciado de la alegría, y fuerza de sus jóvenes a nuestra Patria; tiene millones de historias tristes y situaciones lamentables que, muchas veces, ocurren en silencio, en el anonimato de la tragedia del pobre, que no le importa ni a las élites, ni al gobierno.

Una de estas tragedias, de las más crueles y más invisibilizadas o desconocidas, es la de los venezolanos, hombres, mujeres y niños, que mueren ahogados en aguas del Mar Caribe, tratando de salir del país. Venezolanos, sobre todo jóvenes, muchas veces con sus hijos, que mueren ahogados en el intento de cruzar el Caribe, principalmente, hacia Aruba, Curazao, Trinidad y Tobago, entre otros destinos.

Pocas de estas historias se conocen, a veces la información de algún sobreviviente o la aparición de cuerpos de infortunados, o restos de la embarcación que naufragó y que son arrastrados por la corriente hacia alguna playa, evidencian la tragedia. Otras, se conoce de algún caso por la búsqueda desesperada de los familiares, madres, esposos, esposas, que despidieron o esperaban a los suyos de una travesía de la cual no sobrevivieron. Existen muchos casos de grupos enteros de venezolanos, cuyos cuerpos se pierden en las profundidades de nuestro Mar Caribe, donde están naufragando los sueños y las vidas de los más pobres.

El caso de la joven madre Maroly Bastardo Gil, embarazada de ocho meses, quien, el pasado mes de agosto, salió de  El Tigre y se embarcó, junto a sus dos hijos en el peñero “Ana María”, junto a otras 31 personas, saliendo desde Güiria con destino a Trinidad, donde la esperaba su esposo Kennier Berra y a donde nunca llegaron, presumiendo su naufragio en el estrecho “Boca de Dragón” entre ambas líneas costeras. Quien fuera el piloto de la embarcación fue rescatado del mar al día siguiente, y trasladado a la isla de Granada. De los infortunados pasajeros, no se sabe nada.

El caso de 32 venezolanos, la mayoría mujeres, que salieron en el peñero “Jhonnaly José”, también desde Güiria hacia Trinidad, naufragando en el trayecto, como lo reporta la misma ACNUR desde Ginebra. Los pescadores solo lograron rescatar 9 hombres, el resto, se encuentran desaparecidos en el Mar Caribe.

Los casos de naufragios de peñeros hacia Aruba y Curazao, ha enlutado a las poblaciones de La Vela y otros pueblos del estado Falcón. Sucesivos incidentes de jóvenes que se lanzan en peñeros a las turbulentas aguas de  nuestro mar, tratando de llegar a las Islas. Se han producido graves y tristes incidentes donde naufragan y mueren grupos de 32 y 20 pasajeros por embarcación, o de cuerpos de jóvenes venezolanos que aparecen en las playas de las islas, ahogados sus sueños y truncado su futuro, como triste testimonio de esta tragedia.

Por supuesto que ninguna autoridad del gobierno informa, reporta o investiga qué está pasando con estos seres humanos, ¿cuántos son?, ¿por qué mueren?, ¿cómo sucede?, ¿por qué se lanzan al mar para salir del país?, ¿cómo ayudarlos? El gobierno no lo hace porque tiene la política cruel de negar también esta realidad; y, además, por la indolencia con respecto a las terribles consecuencias sociales de la crisis que ellos mismos han generado con la imposición de su paquetazo económico. Lo increíble es que la izquierda y lo que queda de PSUV guardan silencio.

Lo que está sucediendo en el Mar Caribe es análogo a lo que sucede en el Mar Mediterráneo, donde mueren y desaparecen miles de hijos e hijas de toda África que huyen desesperados de las dramáticas condiciones de vida de esos países azotados por el hambre, la pobreza y la guerra.  El Caribe y el Mediterráneo se convierten así en la vergüenza de gobiernos y sistemas políticos y económicos, absolutamente injustos y violentos. Ésto que sucede es una bofetada a la conciencia del mundo.

Aunque el gobierno insista en negar la crisis migratoria y humanitaria que afecta al país, una de las más graves del mundo, el sistema de las Naciones Unidas está obligado a actuar para que el gobierno venezolano respete el Derecho Internacional y actúe para proteger y garantizar los Derechos Humanos de todos sus ciudadanos.

Como fue nuestra doctrina, durante nuestro desempeño en las Naciones Unidas, los Derechos Humanos son integrales: incluyen los factores económicos, sociales, culturales, políticos y jurídicos de las personas. Nuestra posición durante las discusiones en el Consejo de Seguridad, cuando se abordaba el tema de los migrantes africanos que cruzaban desesperados el Mediterráneo era que, en vez de abordar el problema desde una perspectiva militar, debía reconocerse la responsabilidad que han tenido las naciones y gobiernos causantes de las situaciones de inestabilidad y miseria en los países de origen, para atender las causas de base, “raigales” en el argot diplomático, de la diáspora.

Nuestra postura no puede ser distinta en este caso, más aún cuando se trata de nuestros nacionales. El gobierno de maduro es responsable de la terrible situación económica y social que aqueja a nuestro pueblo; y, en consecuencia, es el único que ha de responder por la salida del país de cerca de 4.000.000 millones de venezolanos, incluyendo la suerte de los que mueren en trayecto a pie, y los que desaparecen o se ahogan tratando de cruzar el Mar Caribe.

Éste es un gobierno que no solo viola sistemáticamente los Derechos Humanos de sus ciudadanos a través de la represión, la persecución y el encarcelamiento-secuestro por razones políticas, sino que viola los Derechos Fundamentales de toda la población, incluyendo los económicos y sociales, razón por la cual están dispuestos a correr todos los riesgos y sufrir todas las privaciones y maltratos para obtener fuera del país, lo que el Estado no es capaz de garantizarles.  

La próxima visita de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, la ex presidenta Michelle Bachelet, es una excelente oportunidad para que pueda constatar el estado de violación permanente de los Derechos Humanos en el país.

Lo es igualmente, para que pueda corroborar la violación continua del Estado de Derecho en el país practicado por maduro y los distintos órganos del gobierno, así como por la fiscalía general y el poder judicial. Todo aunado a la total inexistencia de separación de poderes y el debido proceso; la “judicialización de la política” como práctica sistemática del gobierno y la conducta intolerante y violenta de ambos grupos políticos que se disputan el poder por encima de los intereses del país.

Ojalá la Alta Comisionada, con la experiencia como Jefa de Estado, su agudeza política y profunda humanidad, pueda ver más allá del cerco que le montará el gobierno, el “maquillaje” de la realidad, los “falsos positivos” y los traslados apresurados de presos para ocultar su situación.

Ojalá tenga la posibilidad de escuchar y entrevistar a los familiares y víctimas de la violación de los Derechos Humanos por parte del Gobierno; pueda sobreponerse a la intolerancia de la extrema derecha y reconocer que los Chavistas que nos oponemos a maduro, tenemos también Derechos Humanos. Que haga valer el criterio universalmente aceptado de que los Derechos Humanos deben practicarse con imparcialidad, no selectividad y sin politización de los mismos.

Ojalá que pueda recibir y escuchar a las esposas de los más de cien trabajadores de PDVSA y de los oficiales militares Chavistas secuestrados; conocer los casos de los ex ministros Nelson Martínez, Mayor General  Rodríguez Torres y General Raúl Baduel, así como los casos de tantos presos-secuestrados por órdenes directas de maduro, y cualquiera de su círculo de poder, a los cuales se les han violado todos sus derechos, se les maltrata y se llevan al borde de la muerte.

Ojalá la Alta Comisionada pudiese acceder a “La Tumba”, el “Helicoide”, el Sebin, Digecim y otros centros de detención, y hablar con los secuestrados, muchos de ellos, como los casos de Gladys Parada y Diagnaly Muñoz,  que llevan allí más de cinco años, sin saber siquiera de qué se les acusa, sin haber tenido nunca posibilidad de asistir siquiera a una sola audiencia judicial. Ésto aunado a la ocupación o mejor, confiscación de sus respectivas viviendas.

Ojalá la Alta Comisionada pueda preguntar al fiscal general por la violación al debido proceso, el derecho a la defensa y la presunción de inocencia de los cientos de perseguidos, exiliados y encarcelados por instrucciones directas de maduro, o su círculo íntimo, y por su propia acción desenfrenada, donde ha utilizado al Ministerio Público para satisfacer sus propios intereses, rencores, “pases de factura” y perseguir a los que le hacemos frente a este desastre de gobierno.

Ojalá le pregunte al fiscal general sobre el asesinato de Óscar Pérez y sus acompañantes, la muerte en custodia del ex ministro Nelson Martínez y cómo fue que lanzaron del décimo piso del Sebin al concejal Albán.

Que pueda determinar el estado de terror permanente de la población, con sus teléfonos y correos electrónicos intervenidos, con inseguridad sobre el goce pacífico de sus bienes, la reserva en sus reuniones de trabajo e incluso entre amigos y familiares, en sus puestos de trabajo, en las carreteras y vías del país. Los despidos y persecución a los trabajadores y empleados de la administración pública que expresen sus reclamos, disconformidad o sencillamente no estén dispuestos a secundar los desafueros del gobierno.

Que se de cuenta de la violencia que reina en todo el país, en especial en las zonas populares, de cómo las personas se guardan muy temprano en su casa, dejando silente a la ciudad, por miedo a la inseguridad. Que sepa de las razias y asesinatos del FAES y otros grupos paramilitares en las barriadas populares.

Ojalá la Alta Comisionada, también pueda indagar y conocer de la situación infrahumana en la que están miles de presos comunes, sepultados en el infierno penitenciario donde mueren bajo la acción de los “pranes”, amos y señores de esos penales; o quemados vivos, como el caso de los 70 presos calcinados en la cárcel de Puerto Cabello, por haberles mantenido cerradas las puertas durante un incendio.

Seguramente la Alta Comisionada y su equipo, representantes de la ONU, la institución más seria y profesional en materia de Derechos Humanos, se sobrepondrá a los ataques de la intolerancia y la presión del gobierno, para darse cuenta de que Caracas es un espejismo, que el resto del país está sometido a una escasez permanente de comida, medicinas, trabajo, electricidad, transporte, gasolina. Que Venezuela hoy es un país en ruinas, regido por injusticias de todo tipo, pobre, del que sus jóvenes huyen como pueden, cruzan los páramos a pie, hacia Colombia, Ecuador, Perú; han llegado hasta Argentina y Chile; atraviesan la selva para llegar al Brasil y mueren en el Mar Caribe para tratar de alcanzar un sitio donde vivir.

Presidenta Bachelet, Alta Comisionada, bienvenida a nuestra maltrecha patria, la Patria de Bolívar, de Andrés Bello, de Chávez, donde tantos latinoamericanos consiguieron refugio de la violencia de las dictaduras o del horror económico, donde antes reinaba la solidaridad y prosperidad, el Buen Vivir. Hoy nuestro pueblo necesita de su voz, su valor. Hay mucha esperanza en el corazón de un pueblo noble y justo, hay que detener urgentemente el naufragio de los pobres de mi tierra.