Esposas, familiares y abogados de los detenidos de PDVSA denunciamos vicios procesales y pedimos la urgente intervención de Michelle Bachelet
Caracas, 18 de junio de 2019.- Transcurridos casi dos años desde la detención de los cerca de 100 trabajadores de Petróleos de Venezuela y hasta 5 años en algunos casos, acusados injustamente de presunta corrupción y otros delitos graves, ha sido imposible ejercer la defensa a la que tienen derecho, tras diferirse, incluso hasta en 16 oportunidades, las audiencias preliminares que deben dar paso al proceso judicial establecido, contemplado en la Constitución Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, el ordenamiento Jurídico y la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la ONU.
Las esposas, familiares y abogados de los trabajadores de PDVSA privados de libertad, exigimos la inmediata liberación de todos los trabajadores para lo cual debe seguirse el debido proceso y realizarse las audiencias preliminares, a fin de demostrar que no cometieron los supuestos delitos por los que se les acusa.
Denunciamos, además, que un gran número de los trabajadores petroleros encarcelados han sido sometidos a condiciones infrahumanas de reclusión, torturas físicas y psicológicas, así como la vulneración de sus derechos básicos como la alimentación, la atención médica, las visitas de sus hijos y otros familiares, entre una diversa trama de violaciones a la condición humana, de la cual somos también objeto todos los involucrados.
Por otra parte, a muchos de nuestros familiares privados de libertad se les han negado medidas humanitarias que han sido solicitadas por razones de salud. Los tribunales las niegan o no se pronuncian al respecto, dejando al privado de libertad vulnerable ante su condición médica.
Los abogados defensores de los obreros, operadores, analistas y gerentes con más de 25 años promedio de experiencia comprobada en la industria e intachables hojas de vida, nos indican que todos los casos están enmarcados en un mismo patrón donde todos los imputados por la Fiscalía son acusados por el mismo delito sin individualizar los casos, una práctica violatoria de cualquier principio de justicia y garantías constitucionales ya que los delitos penales son personalísimos.
Esta es, entonces, otra violación al Código Procesal Penal que señala expresamente que los delitos deben individualizarse y responder al cómo, por qué y dónde se cometieron los hechos, cosa que no sucede en las acusaciones de la Fiscalía.
Esta es la razón fundamental por la que no se realizan las audiencias preliminares, toda vez que por la falta de pruebas con las que la Fiscalía enfrentaría las audiencias, obligaría a los jueces, de actuar conforme a derecho, a declarar una absolutoria por la inexistencia de los delitos imputados o a otorgarles alguna medida sustitutiva de libertad a los imputados.
También debemos denunciar que día a día enfrentamos la corrupción del sistema judicial, donde funcionarios cobran para realizar traslados y agilizar procesos que, finalmente, no avanzan.
Denunciamos además que tras la desesperación que ha significado la violación de los DDHH y procesales, varios de los detenidos han aceptado bajo presión reconocer delitos que no han cometido para lograr sentencias y medidas favorables, entre ellas regímenes de presentación.
Sin duda, nuestros familiares son presos políticos, porque han pretendido utilizarlos como chivos expiatorios de la crisis productiva y gerencial que padece la industria petrolera, en lugar de reconocer errores y malas políticas administrativas y financieras que se han cometido en los últimos siete años.
Vale señalar que, pese a esta necesidad de buscar culpables de la crisis de PDVSA, la producción de crudo sigue descendiendo y la destrucción de la industria no se detiene.
Se trata de una gestión del gobierno que desmanteló todos los cuadros técnico-políticos de PDVSA que tuvieron un rol fundamental en el rescate de la industria durante el sabotaje petrolero del 2002-2003, y que se sustituyeron por personal sin experiencia y experticia.
Así mismo señalamos, que cuando se declara públicamente que los casos avanzan y que el Estado cumple y respeta los procesos contemplados en el Código Procesal Penal, reiteramos que no se ha dado inicio a ninguno de los casos de nuestros familiares, pues no se han efectuado las audiencias preliminares correspondientes.
Finalmente, ante todo lo expuesto, pedimos a la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, señora Michelle Bachelet Jeria, que interceda con sus buenos oficios para que a nuestros familiares se les respeten sus derechos humanos y entre ellos el debido proceso tras las detenciones ilegales y viciadas desde el primer día.
En Caracas a los 20 días del mes de junio de 2019, las esposas y familiares de los privados de libertad presentes en esta ciudad.