El gobierno de Maduro, débil y aislado, sigue actuando en violación de los derechos humanos, las garantías y el debido proceso en el país.
Condenamos la detención del vicepresidente de la Asamblea Nacional, Edgar Zambrano, la cual se suma a la ola de secuestros y persecuciones políticas en contra de civiles y militares, adelantada de manera sistemática como política del gobierno de maduro y arreciada a raíz de los sucesos, aún no aclarados, del pasado 30 de abril.
Independientemente de nuestras diferencias políticas y desacuerdo con la intentona del pasado 30 de abril, no podemos dejar de condenar la violación del debido proceso y las garantías políticas en el país. Tal como advertimos en nuestro artículo “Otra aventura más”, del pasado domingo, publicado en nuestro blog rafaelramirez.net, a Zambrano le está costando caro su fugaz aparición y abrazo a los cabecillas de la intentona, por lo que el gobierno descarga sobre él la impotencia que siente de no poder controlar la acción del autoproclamado Guaidó.
La acción del gobierno es desproporcionada, violatoria del debido proceso y de los Derechos Humanos fundamentales del diputado Zambrano. La escalada represiva decidida por el mismo maduro y su círculo de poder, fue accionada por una Asamblea Nacional Constituyente que solo se convoca para levantar la mano y un Tribunal Supremo de Justicia que “hace lo que le diga maduro” y cuyo presidente tiene muchas cosas que explicar en relación a la intentona del 30 de abril pasado. Los diputados de la oposición sufren del mismo atropello que sufrieron los diputados de la izquierda en los años sesenta cuando Betancourt les allanó la inmunidad parlamentaria y se llevó preso a medio Congreso Nacional de entonces, lo que fue seguido por más de diez años de violencia armada en el país.
Tan grave y desproporcionado hecho fue anunciado en un programa de animación, acompañado de un ejercicio de retórica de intolerancia, burla y demolición de cualquier vestigio de seriedad y equilibrio que se supone debe prevalecer en cualquier gobierno y sus principales voceros, agregando más elementos a la impresión generalizada de que existen grupos de poder que están dispuestos a llevar al país al desenlace que sea.
Los sucesos del pasado 30 de abril deberían ser, en cualquier país serio, objeto de investigación por parte de un poder judicial independiente y apegado a la Constitución. Pero esto no va a suceder, no solo porque no existe un poder judicial de estas características en la actualidad, sino porque dicha investigación arrojaría resultados sorprendentes sobre quienes hoy accionan esta escalada represiva.
Hemos denunciado anteriormente la violación de los Derechos Humanos en el país como una política sistemática del Estado venezolano al igual que la violación de las garantías constitucionales y los derechos fundamentales de los ciudadanos. Cualquiera, sea chavista u opositor que se oponga o exprese su rechazo al gobierno de maduro, corre el riesgo de la persecución el exilio, el secuestro-prisión y hasta el asesinato. Se vive en el país del miedo, de la desesperanza, con un grupo de poder en el gobierno que cierra cualquier posibilidad de rectificación y de encontrar una salida política a la gravísima crisis, el profundo abismo a donde ellos mismos han llevado a nuestra patria.
Se viven momentos difíciles, definitivos, que presagian una tormenta o conflicto de consecuencias impredecibles, con poderosos intereses que nos acechan, que nos ven débiles como nunca, que pueden descuajar la patria. Se requiere visión estratégica, estatura política, grandeza, que se depongan las ambiciones grupales o personales y nos podamos unir en torno a una Junta Patriótica de Gobierno capaz de restablecer la vigencia de la Constitución, dejar atrás el odio, la pequeñez egoísta y volver al ejercicio de la política, al imperio de la Ley, la seriedad, para devolver al pueblo la soberanía en la conducción de su propio destino y reconstruir la Patria.