Caracas, 22 de mayo de 2019.- El dirigente chavista Rafael Ramírez plantea que la Junta Patriótica de Gobierno, que ha venido proponiendo como salida constitucional y soberana a la crisis que vive el pueblo venezolano, debe desarrollar un plan estructurado de reinstitucionalización del país y recuperación de la economía, durante un período transitorio de dos años, para luego dar paso a la legitimación de todos los poderes.
Para Ramírez en este momento no se puede desarrollar ningún proceso eleccionario en el país, ante la imposibilidad de ejercer el derecho al voto. Alega que hay más de 3.7 millones de venezolanos fuera del país, no hay instituciones; ni Consejo Nacional Electoral, ni Poder Judicial, ni Ministerio Público, que garanticen el secreto y la posibilidad del sufragio. Tampoco hay libertades ni garantías para el ejercicio de la política, el debate de ideas, ni la existencia de partidos políticos. No hay posibilidades ni siquiera de movilizarse, no hay transporte, no hay gasolina, no hay luz, no hay agua, no hay comida, ni medicamentos, no hay dinero. El país necesita un “conteo de protección”, sentencia.
El ex ministro de Chávez señala que la Junta sería una herramienta de consenso entre sectores progresistas y patriotas, civiles y militares, para restablecer la vigencia de la Constitución y el ejercicio pleno de la soberanía popular, a través del ejercicio de la democracia participativa y protagónica. No es la unidad boba, es la unidad de la Patria.
El precedente histórico que Ramírez plantea para contextualizar su propuesta es la Junta Patriótica encabezada por Fabricio Ojeda, que dio al traste con la dictadura de Marcos Pérez Jiménez en enero de 1958.
Sostiene que “la Junta Patriótica no colide, ni con la llamada a un Referendo Consultivo, ni Revocatorio, ni con un gobierno de transición, ni siquiera colide con la posibilidad de las negociaciones que se llevan a cabo actualmente en Noruega, iniciativa que, al igual que han apoyado Italia, México y Uruguay va en la dirección correcta del diálogo y no injerencia extranjera”.
Sin embargo, precisa que este esfuerzo diplomático, aunque es un paso importante, solo significa un acuerdo entre dos factores de poder, dos caras de la misma moneda, que no representan a todo el país. Hace falta un acuerdo nacional, patriota, que incluya a todo el pueblo. No un diálogo de élites.
Ramírez agrega que la Junta Patriótica es el espacio para la unión cívico-militar que asumirá decisiones ejecutivas para restablecer el hilo Constitucional. Es la clave para deponer a maduro y, lo más importante, para dar al país estabilidad y gobernabilidad.
Los militares son fundamentales
El ex ministro de petróleo y embajador ante la ONU reitera que la participación de la FANB es fundamental. “Tienen que estar los militares” dice. Y detalla que deben ser además los garantes de la vigencia y autoridad de la Junta Patriótica.
Los militares deben tener un espacio donde asentarse y fijar posición al lado de la Constitución y el pueblo, para no seguir siendo perseguidos o dando bandazos entre los “autoproclamados”, o en marchas absurdas de propaganda.
En su artículo, Ramírez explica que la Junta debe ser un organismo colegiado, con decisiones de consenso, y una permanente consulta popular, y que debe tener una autoridad limitada, en el alcance y el tiempo:
- Dos años para aplicar un plan de emergencia humanitaria, organizar un Referendum Consultivo, legitimar instituciones y conducir elecciones.
- No puede cambiar ni la Constitución, ni las leyes promulgadas con anterioridad al inicio del conflicto de poderes entre el Ejecutivo y la Asamblea Nacional.
- Tiene que actuar apegada a la Constitución, de acuerdo con la integridad de su articulado.
- Respetar los Acuerdos Internacionales suscritos por el país.
- No puede hacer nada en el ámbito internacional que vulnere nuestra soberanía, ni suscripción de tratados, ni solicitudes de injerencia o presencia militar extranjera en el país.
- Proteger la Soberanía económica y territorial del país.
- Proteger a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, como garante del proceso y la vigencia de la Constitución.
La Junta debe tener facultades ejecutivas, para tomar decisiones para organizar y conducir el período de emergencia:
- Solicitar ayuda a los organismos especializados de las Naciones Unidas: salud, medicamentos, alimentación, refugiados, para enfrentar la crisis humanitaria.
- Iniciar un registro de los venezolanos en el exterior, documentar la situación real y condiciones de los que han emigrado. Presentar un plan de regreso y reinserción al país, al trabajo. Solicitar ayuda a los organismos internacionales para este programa de reinserción. Una “Misión Leander”. Los hijos, volverán para reconstruir a la madre patria.
- Atender como prioridad la crisis humanitaria: alimentación, salud, atención de desplazados, emergencia social.
- Restablecer el funcionamiento de los servicios públicos fundamentales: agua, luz, gas, combustibles; la conectividad nacional e internacional del país: transporte terrestre, aéreo, comunicaciones.
- Intervenir PDVSA, restablecer su operatividad, adelantar un plan de emergencia para su recuperación, convocar a todos los trabajadores que han salido, sacar de la empresa a los organismos de inteligencia del Estado, liberar a los trabajadores y gerentes secuestrados, cesar la persecución, reivindicar a sus trabajadores, hacer un marco especial de protección de la empresa, sus activos, sus actividades, garantizar la seguridad de las instalaciones, revisar y revertir todos los contratos y cesiones ilegales de activos y propiedades, detener su privatización.
- Restablecer las operaciones fundamentales del aparato productivo interno: alimentos y medicamentos como prioridad.
La Junta debe restablecer las plenas libertades políticas en el país, el Estado de Derecho, las Garantías Constitucionales y el carácter participativo y protagónico de nuestra democracia:
- Libertad para los presos políticos.
- Cese a la persecución política, vuelta de los exiliados.
- Levantamiento de la censura a los medios de comunicación.
- Libertad para todos los trabajadores secuestrados.
- Libertad para todos los oficiales y miembros de la Fuerza Armada Bolivariana secuestrados.
- Intervención al Ministerio Público.
- Intervención a los organismos de inteligencia y cuerpos policiales vinculados a la represión política.
- Garantizar el Debido Proceso y el Estado de Derecho en el país.
- Organizar y promover un amplio debate nacional, en todos los niveles, sobre los pasos hacia el restablecimiento de la normalidad del país, la superación del odio y la intolerancia.
- Erradicar la violencia y el discurso del odio de la vida pública y el ejercicio político en el país.
- Todo el país debe trabajar, ojalá que con ayuda del mismo Papa Francisco, en una recomposición espiritual: volver a nuestros valores fundamentales, nuestra propia idiosincrasia, lo afirmativo venezolano: la solidaridad, la hermandad, el respeto por el otro, el trabajo, la cultura, la justicia, el bien común, el deber social, el amor patrio, el bolivarianismo.
La Junta tendrá que ser capaz de organizar Referenda Consultivos para que el pueblo decida los pasos fundamentales del restablecimiento de la Constitución:
- Nombrar un nuevo TSJ, un nuevo Fiscal General, Poder Moral y un nuevo Poder Electoral, todos transitorios, hasta que se realicen elecciones generales y se legitimen todos los poderes como establece la Constitución.
- Elecciones para renovar la Asamblea Nacional, previo acuerdo que permita que, en su directiva, se logre una representación paritaria de los bloques políticos.
- Cese de funciones de la Asamblea Nacional Constituyente, sin ningún resultado concreto desde su creación.
- Elecciones Presidenciales.
- Cese de Funciones de la Junta Patriótica.
Rafael Ramírez considera que es el momento de debatir salidas reales para el país, que no comprometan nuestra soberanía e independencia y que impida la entrega de nuestros recursos estratégicos. Una salida a esta situación calamitosa, este desastre de gobierno, que en cuenta el interés de las mayorías nacionales, y no los afanes de poder del madurismo y de la extrema derecha.
Mientras estos sectores apuestan por la confrontación violenta, y la defensa de intereses mezquinos, una Junta Patriótica de Gobierno de estas características abre la puerta a una salida Constitucional que restablezca la soberanía popular, finalizó.
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